COVID-19,
HOSPITALES PRIVADOS Y RUINA DE FAMILIAS.
Sin ir muy
lejos, la tan mentada globalización
es en última
instancia un gran basurero del poder.
Mario Benedetti
Morir es de por sí una gran tragedia. Y
despedirse de este mundo dejando a la familia con deudas impagables es otra
catástrofe del mismo tamaño. Esa es la historia, repetida hasta las lágrimas,
que recogemos casi a diario en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
en Sinaloa. Muchas familias, desesperadas ante la gravedad de sus enfermos de
Covid-19 los internan en hospitales privados y algunos días después la triste
realidad son dos golpes demoledores: la muerte del paciente y una deuda que
puede ir de los 250 mil pesos hasta más de un millón.
Creímos que la crisis del coronavirus
nos volvería más humanos, pero no es el caso, al menos en las instituciones de
salud privadas. En las primeras semanas la visita del especialista costaba
alrededor de 5 mil pesos y saltó a los 25 mil, de acuerdo a los testimonios de
familiares. Como la mayoría son personas de una variopinta clase media, durante
los días de angustia vendieron sus autos o sus viviendas para abonar a la
cuenta hospitalaria y a la hora de recoger el cuerpo inerte de su deudo, ya estaban
en la calle, sin dinero y con el problema de que no les querían entregar sus
muertos si no pagaban el resto de la deuda.
Hemos mediado para hacerles saber a los
hospitales privados que la retención de un enfermo o un cadáver porque no se
pueda pagar la deuda en ese momento, es un delito y que el ministerio público
puede intervenir. De mala gana, pero han aceptado la firma de pagarés. Y las
familias se van con dos enormes fardos: el familiar fallecido y una deuda que
superó el valor de sus bienes materiales. En homenaje a esas familias, quiero
recordar la parte final del soneto Desprecio del aparato vano y superfluo de
Francisco de Quevedo: Que en mi cabaña, con mi lumbre escasa, / poco tendrá
la muerte que me quite, / y la Fortuna en que ponerme tasa.
Este es un asunto muy grave que el
Estado mexicano no debe pasar por alto, pues entre las desdichas crecientes en
nuestra sociedad están las deudas de esta naturaleza. Las instituciones como el
IMSS, el ISSSTE, los hospitales de la mujer, hospitales pediátricos y los
hospitales generales, son un entramado deficiente que no puede enfrentar la
dimensión del problema que nos presenta el coronavirus. El propio sistema de
salud nos lo heredaron las administraciones anteriores en terapia intensiva y
por más esfuerzos que se han realizado desde el nuevo gobierno, las diferentes
manifestaciones de los trabajadores de la salud nos hablan de las limitaciones
que ahora ahogan a esas instituciones.
El 13 de abril el gobierno federal firmó
un acuerdo con dos cadenas de hospitales privados, con el fin de que pusieran a
disposición de la Secretaría de Salud 3 mil 300 camas para evitar saturación
ante los avances del Covid-19. Sería por un mes, pues los cálculos originales
hablaban que para el día 10 de mayo podíamos andar orondos y confiados en la
calle. No sabemos si continúa vigente o no ese acuerdo, pero lo que sí nos
queda muy claro es que entre el dichoso acuerdo y los múltiples casos que
mencionamos no hay una relación que los salve.
Como la propia OMS y la Secretaría de
Salud nos hablan de que la pandemia se irá más allá de agosto y que las medidas
de sana distancia y de no saturar espacios públicos y menos los cerrados como
escuelas y centros comerciales, pueden irse hasta septiembre u octubre, sin descartar que regrese el coronavirus a fin de año al mismo
trote que ya le conocemos. Por todo ello, el Estado tiene que pensar en serio
en la necesidad urgente de nacionalizar los hospitales privados y las
farmacéuticas que operan en el país, si quiere enfrentar con éxito el Covid-19
y salvar a un número importante de familias mexicanas cuyas deudas los hundirán
por dos o tres generaciones.
La decisión del presidente de apoyar la
formación de especialistas en las diversas ramas de la medicina es muy sabia,
pues prácticamente entrarán todos los aspirantes (unos 50 mil); pero terminar su formación y concluir lo que resta de los
312 hospitales que dejaron comenzados las administraciones anteriores llevará
su tiempo, sin mencionar los que deben planearse y edificar en el futuro
inmediato. Hay medidas que no admiten demora, sobre todo porque el coronavirus
tampoco nos da cuartel. Si la crisis sanitaria se ha vuelto oportunidad para
forjar fortunas para algunos empresarios del sector salud, el Estado está
obligado a responder por quienes no pueden cobijarse en el artículo 4°
Constitucional para hacer realidad su derecho a la salud y terminan siendo víctimas
del sistema privado de salud.
Tomar ese tipo de medidas le daría un
rostro más diáfano y humano a la llamada 4T en el marco del 1 de julio, II
aniversario del gran tsunami electoral de 2018. Y significaría un salto muy
importante del perfil que debe tomar la medicina en la era pospandemia
y posneoliberal. Una medicina de carácter social que
se corresponda con la vida democrática que va tomando cuerpo en México. Nos
armaría de mejores herramientas para los apuros inmediatos en que nos quiera
meter el Covid-19 y sería un gran legado para las generaciones venideras. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com