por los mismos
irresponsables que nos trajeron aquí,
no habrá
soluciones sino más conflictos.
Ricardo Aronskind
—Arcubia murió
de frío. —Dijimos con tristeza en 2006. Ahora, con toda la vergüenza encima diremos:
—Antonio Camuchi murió de hambre. Qué tienen en común
estos dos desventurados hombres: son sinaloenses, indígenas ambos, el primero
era un rarámuri del Centro Ceremonial de La
Cieneguita de Núñez, municipio de Choix, y el segundo
un tarámuri de la comunidad de Jicapori,
de Sinaloa municipio. Y pobres entre los pobres. Si Arcubia
no tenía más cobija que el sol que nos alumbra, Camuchi
sólo contaba con una despensa semestral como apoyo del gobierno estatal. La
hemoglobina normal marca al menos 13.5 gramos por decilitro y la anemia severa
de Camuchi la apachurró hasta los 5.
El día que Camuchi
llegó al Hospital Integral de Sinaloa de Leyva, supieron que necesitaba de una
transfusión de sangre, por eso lo enviaron al Hospital General de Guasave. Le
urgían cuatro unidades del vital líquido. En los 10 días que pasaron desde que
bajó de la sierra, nunca le aplicaron una sola unidad. —Estamos profundamente
encabronados. —Dijo el maestro Román Rubio, protector de los tarámuri. Y tiene mucha razón, hay abandono. Agregamos que a
solicitud de su parte, el día 19 de junio pasado la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos en Sinaloa, le envió un oficio al Secretario de Salud, Efrén
Encinas, con el fin de que mandaran una Caravana de la Salud a varias
comunidades tarámuris, entre ellas Jicapori. Nos dijeron que sí, pero la última visita
sanitaria data de noviembre pasado.
Tantas cosas de primer orden que el
coronavirus nos presenta y líderes políticos y gobernantes
locales siguen perdidos en las cosas de segundo plano. Los panistas traen ahora
la iniciativa de modificar el Bando de Policía de Culiacán, con el fin de hacer
obligatorio el uso de cubrebocas y sancionar a quien
lo porte. Ya el Presidente municipal Estrada Ferreiro saludó dicha iniciativa.
Por lo que, de no haber cordura en la mayoría del Cabildo, la reforma saldrá
adelante. No importará que el mismo Presidente Andrés Manuel haya condenado las
medidas de corte autoritario para enfrentar la crisis.
El absurdo se apodera de no pocas
decisiones en la Comuna de Culiacán, pues hasta obligatorio quieren hacer el cubrebocas y la jefatura de mercados, que se ha vuelto un
segundo coronavirus letal contra los vendedores ambulantes, ya les leyó la
cartilla de que ellos no pueden vender cubrebocas. La razón: en los gafetes que les dieron a los
ambulantes no están contemplados esos accesorios como “novedades”. Vaya
razonamiento de mercados: con esa lógica son ellos los que salen condenados por
no haber previsto cuando emitieron dichos documentos que este año habría una
pandemia.
Ya hemos insistido mucho en que las
autoridades no malgasten fuego en infiernitos (asuntos que pueden y deben
conciliar), pues la crisis nos está adelantando ya algunos tragos amargos de lo
que serán sus momentos más críticos y necesitarán de mucha voluntad,
imaginación y recursos para enfrentarlos: muchos negocios de Culiacán están
cerrados. No abrirán. Y con su quiebra dueños y trabajadores inician la etapa
más difícil frente a un Covid-19 y una crisis económica, cuya única certeza es
que hoy rebasan nuestras posibilidades de vencerlos.
El Estado mismo ha abdicado de algunas
funciones que le son inherentes e imprescindibles. Este martes 28 de julio, los
abogados del país, organizados en colegios y federaciones, hicieron plantones
en las instalaciones del Poder Judicial de las 32 entidades federativas,
exigiendo que se reabran los juzgados. Después de casi 5 meses sin funcionar,
expedientes y conflictos forman un volcán a punto de estallar y “se falta al
derecho humano a la impartición de justicia que reconoce el Artículo 17
Constitucional y el Artículo 8° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos”, dijeron a los medios presentes.
Los tres poderes de Sinaloa de una u
otra forma han dejado de lado funciones esenciales. El Congreso no ha
encontrado la forma definitiva para atender los asuntos propios, el Poder
Judicial local, a diferencia de homólogos de otras entidades, ni tiene digitalizados
los expedientes ni formas para que las consultas a los mismos no se interrumpan.
El Gobierno de Sinaloa, apostó más a un acuerdo con el sindicato para que los
trabajadores se ausentaran indefinidamente que a la atención de las necesidades
y problemas. Esto afectó a los tres poderes. Y sin duda a miles de ciudadanos
que tienen en espera tantos asuntos pendientes de solución.
Muchas empresas nos han demostrado que
para gestionar y dar solución a muchos de sus asuntos no es necesario el seguimiento
presencial. En cuatro meses con las oficinas cerradas los tres poderes no han
encontrado el camino correcto para su reincorporación. Hasta la Secretaría de
Innovación “tomó las de Villadiego”. ¿Qué no es aquí donde debió justificar su
existencia? Al menos al autodefinir su misión dice impulsar la incorporación de
la innovación en las dependencias de gobierno. Al final remata: “así como el empleo de tecnologías de la información
que permitan establecer un gobierno innovador y brindar servicios eficientes”.
Parece que este 3 de agosto reabrirán las oficinas de
los tres poderes y con ello reiniciará la atención ciudadana. El reinicio
administrativo exige mayor eficiencia y eficacia, además de sanas distancias.
¡Ah, y un sentido democrático del servicio público! Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com