La seguridad ciudadana es un asunto de
primerísimo orden. Y debe serlo, sin duda, para la 4T. Llama la atención lo
declarado por Oscar Fidel González Mendívil que,
citando la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad
Pública de 2018, estimó que en Sinaloa había 703 mil 452 víctimas. Y fue más
allá al tomar como referencia la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2018, que establece como promedio de miembros de una familia sinaloense
en 3.54. ―Podemos asumir -dijo- que el cálculo aproximado de víctimas en
el estado de Sinaloa, un cálculo que se aproxima más a la realidad, nos
arrojaría como resultado, para 2018, 2 millones 400 mil 220 personas. Preocupan
esas cifras en una población de alrededor de 3 millones de habitantes.
Hemos insistido también en que ninguna
instancia local o federal se ha preocupado por elaborar un padrón de los
ciudadanos en situación de alta vulnerabilidad, lo que nos daría no sólo la
magnitud del problema, además de la posibilidad de orientar las políticas
públicas hacia una atención muy concreta hacia ellos. A nivel de Culiacán, es
el Banco de Alimentos (un grupo privado), quien hace una primera estimación del
problema en estos términos: “En nuestra institución llevamos desde el primer
momento de la cuarentena atendiendo a las familias
desempleadas adultos mayores con alta marginación y vulnerabilidad y contrario
a lo que se esperaba con la reactivación económica, las solicitudes de
despensas no han disminuido. Hasta el 90 por ciento de familias que ocurren por
ayuda están sin empleo”. ¿Dónde están las autoridades y las políticas públicas
que deben atender esta situación?
El 14 de abril la autoridad estatal dijo
que teníamos tres escenarios en el marco de la crisis sanitaria, el más
dramático estimaba 2 mil 646 defunciones. Para cuando se lea esta columna ya
habremos arribado a ese “escenario catastrófico”. Es cierto que en los últimos
días la tendencia de contagios es a la baja, un poco lenta, pero a la baja. Y
en defunciones se informa que ya se rompió el piso de las 20 diarias, pero
seguimos siendo considerados con alto riesgo de contagio y sepultando paisanos en
cifras de dos dígitos por jornada. Los esfuerzos a realizar por la autoridad y
por nosotros no deben desmayar ni tampoco caer en tentaciones de autoritarismo,
como lo manifiestan algunas medidas administrativas o lo pretenden iniciativas
desde partidos políticos.
No a todos nos ha ido mal con la crisis
sanitaria y económica. Así lo entendió la Comisión de Protección Civil del
Congreso del Estado, quien toma posición frente a la especulación con
medicinas, en estos términos: “Se exhorta al Delegado de la Procuraduría
Federal del Consumidor en Sinaloa para que de manera urgente y en el marco de
sus atribuciones y competencias, sancione a revendedores y a las farmacias por
el sobreprecio desmedido e injustificado de los medicamentos prescritos para
combatir el Covid-19. El hecho de lucrar con la salud de los más necesitados es
un acto reprobable”. Es un crimen diría yo. ¿Serán los únicos especuladores que
han amasado fortuna en el marco del Covid-19?
La crisis del coronavirus no ha traído
aprendizaje para muchos de los funcionarios públicos y menos el despedirse de
las viejas formas de tratar los problemas y reclamos públicos. Y con ello las
manifestaciones de los sectores sociales afectados se multiplican. La jornada
del pasado lunes 17 es un buen botón de muestra: se manifiestan choferes de
camiones urbanos en el Ayuntamiento de Culiacán por la mañana y los
trabajadores del Stasac a las 2 pm. Y se inicia una
huelga de hambre de locatarios del Centro Histórico en el mismo edificio. Hasta
hoy jueves el Presidente no accede a un diálogo con los huelguistas: Miguel
Ángel Millán Meza y Alejandro Urías Angulo. Tampoco con los otros
manifestantes.
La respuesta de Estrada Ferreiro ante el
sindicato de trabajadores: un oficio a las dependencias buscando impedir la
manifestación y su declaración a la prensa: “Es una irresponsabilidad del líder
sindical convocar a una manifestación de ese tipo en este momento. A mí no me
afecta en nada que se manifiesten, pero ponen en riesgo a sus compañeros y
causan molestias a la ciudadanía”. Desde que inició esta administración
municipal las prestaciones que contempla el contrato colectivo no se han
entregado, como parte de la beligerancia del Presidente hacia la organización
sindical
En el marco nacional hay otras
preocupaciones de mayor calado que deben ocupar nuestro tiempo y atención,
sobre todo adelantando la post pandemia. Michael Roberts se pregunta: ―
¿La inflación aumentará una vez que se hayan relajado los bloqueos de la pandemia?
La economía dominante no tiene ni idea. En las principales economías del mundo
hay una tendencia a la caída de precios de los bienes y servicios principales
desde los ochenta. Y la pandemia ha impuesto en todo el mundo el confinamiento,
el bloqueo de no pocas actividades y el despido de muchos trabajadores. Oferta
y demanda de bienes y servicios se desplomaron. Son muchas las interrogantes
que se abren para el futuro inmediato en materia económica. ― ¿Por qué
nos importa cuál es la tasa de inflación? ―Se vuelve a preguntar Roberts.
Y se responde que los trabajadores no desean que la carestía les coma sus
salarios y que los empresarios no desean que los precios se derrumben porque
ello los obligaría a detener la producción o a la quiebra. El Gobierno federal
y el Congreso de la Unión deben trabajar ya para un Presupuesto 2021 que
contemple políticas anticíclicas y que defiendan el
poder de compra de los trabajadores. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com