COVID-19, LAS FALLAS Y SUS CONSECUENCIAS

La pandemia amenaza con ampliar

 la desigualdad en América Latina.

Julie Turkewitz y Sofía Villamil

El surrealismo pareciera ganar terreno en Sinaloa como en los tiempos de André Breton. Si esa expresión lo fuera en el arte y la literatura sería una curiosa novedad casi centenaria, pero al fin extraordinario suceso; pero la manifestación a la que nos referimos es porque no son pocos los casos en los que se ha ignorado el protocolo que debe seguirse con las personas que mueren de Covid-19. ¿Qué está pasando en Sinaloa? Al parecer las empresas funerarias no están observando la política dictada por las autoridades sanitarias ni estas se han molestado en vigilar que se cumpla con el mencionado protocolo.

Ni el dolor familiar justifica romper con las reglas a las que nos obliga la pandemia, pero llama la atención que en plena meseta (sin cantar victoria contra el coronavirus) ni la autoridad municipal, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Salud busquen poner el debido orden en esto. Todos sabemos las consecuencias que sobrevienen luego de velorios y sepelios concurridos de personas fallecidas por Covid-19. El dolor familiar explica aunque no justifique la inobservancia del protocolo, pero la autoridad tiene una responsabilidad para la que no hay rincón donde esconderse. Si se quiere controlar la pandemia, que la autoridad cumpla cabalmente su tarea. No hay excusa.

Otro problema relacionado con la crisis sanitaria son los exorbitados cobros de los hospitales privados y del Hospital Civil y la retención temporal de cadáveres ante la imposibilidad de pagar la deuda acumulada de inmediato. Esos cobros empezaron a ser de 80 mil, 140 mil y luego llegaron a 800 mil y conocemos de uno de cerca de dos millones. ¿Cómo pagar ese nivel de deuda en un momento? La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, ha hecho acto de presencia para manifestar a los directivos de los hospitales que retienen cadáveres porque no se puede liquidar toda la deuda en ese momento, que es un delito esa retención. Y se ha salvado el problema al firmar pagarés. Pero es una conducta reiterada y la Fiscalía General del Estado tiene materia de trabajo.

Inexplicablemente arrecian las presiones desde el Ayuntamiento de Culiacán hacia los vendedores ambulantes del Centro Histórico. Al entrar en la nueva normalidad les dijeron que sólo pueden trabajar la mitad de ellos un día y la otra parte al día siguiente, es decir la mitad de los días laborables “para guardar la sana distancia”. Los comerciantes en la vía pública solicitaron un descuento del 90 por ciento en el pago del Derecho de piso, porque las ventas se cayeron desde fines de 2019, empeoraron con la pandemia (y hubo inactividad de 100 días) y porque sólo se les permite trabajar la mitad de los días. La respuesta fue exigirles el cobro completo y disminuir arbitrariamente el número de giros que se habían autorizados desde hace años y sacando del primer cuadro a varios vendedores ambulantes con la participación directa de comerciantes establecidos.

Las organizaciones de ambulantes se han coordinado, ofrecieron una videoconferencia de prensa, exigen una mesa de diálogo y convocaron a una manifestación para el viernes 28. Ante esas medidas el gobierno municipal se apresuró a buscar un arreglo. Esperemos que la autoridad haga honor a su palabra, porque los desatinos en esta materia no ayudan en nada a la situación de crisis que aconseja marchar juntos para gestionar los problemas con éxito. Aún queda un plantón de algunos comerciantes establecidos del Centro Histórico (que inició como huelga de hambre), al que no se ha atendido ni se aceptó la mediación de la CDDHS para buscar la conciliación.

Volvemos a llamar la atención sobre la crisis económica que acompaña a la pandemia del coronavirus, pues el Inegi ya publicó los datos que arroja el segundo trimestre de la economía mexicana: con más de un millón de empleos perdidos de los registrados en el IMSS, sin contar los no afiliados, con una caída del 18.7 por ciento del PIB en relación al mismo trimestre de 2019 y sin disminuir las complicaciones que se presentan en las diferentes esferas de la economía, la coyuntura actual con toda la complejidad con que se presenta, no impide con claridad las medidas que la misma plantea para su mejor gestión.

El Estado mexicano debe revisar el programa para la atención de la emergencia, con el fin de que se vaya más allá de las medidas anunciadas en el mismo y que haya recursos suficientes que garanticen alimentos y salud a los más vulnerables, sin descuidar los apoyos que hoy reclaman los micro, pequeños y medianos negocios, muchos de ellos ya quebrados o a punto de serlo. Dentro de unas semanas la propuesta de nuevo Presupuesto federal irá al Congreso de la Unión. Es la mejor oportunidad para sentar las bases para una verdadera transformación del país: la deuda pública invita a plantear una auditoría de fondo, pues pagar quiebras ajenas como las de los banqueros y constructores de carreteras, nos obliga a preguntar qué tan legales, legítimas y morales resultan. Y el colmo, hoy debemos más que al principio de las mismas. México debe seguir los pasos de Argentina, que acaba de negociar y disminuir su deuda en un 30 por ciento. Nos urge dedicar esos recursos a la reconstrucción de la economía. Vale.