Europa vuelve al confinamiento,
establece toques de queda y experimenta algunas manifestaciones de violencia,
como fiel expresión de los temores ante lo que puede traer esta segunda ola del
coronavirus que parece retomar su galope de origen. A este virus no se le ven
bridas ni estribos aún y los remedios que se cocinan en diferentes latitudes y
laboratorios del mundo siguen siendo la gran deuda pendiente. Los enfrentamientos
con altas dosis de violencia en España e Italia entre civiles y autoridades, hablan
sobre las condiciones de tensión política y social en que este regreso de la
pandemia encuentra a esas sociedades golpeadas económicamente, desgastadas
moralmente e inconformes con los resultados de las políticas aplicadas por sus
gobiernos.
Ese temido regreso del Covid-19 ha
impuesto sus reales también en Chihuahua y Durango y amenaza a otras ocho
entidades mexicanas que ya habían alcanzado el color naranja o el amarillo, con
vestir su semáforo de un manto cardenal. Lo que indica que durante el presente
otoño y el próximo invierno el problema sanitario nos puede replantear una
situación similar a la de marzo y abril pasado, pero en condiciones económicas
y morales muy distintas a las de aquellos días.
La pandemia ha sido inmisericorde con
nuestros trabajadores dentro y fuera de México. La NationalDomesticWorkers Alliance,
señala que el 93 por ciento de las trabajadoras domésticas en Estados Unidos de
origen latino perdió su empleo, muchas de ellas son mexicanas. Y el perfil de
la mayoría es ser migrantes e indocumentadas. Es una pena que en México las
estadísticas no sean un campo que haya invadido toda actividad económica y
social y de manera tangencial sabemos por la Cepal
que en México hay alrededor de 2.3 millones de empleados domésticos, que el 93
por ciento son mujeres y que en América Latina el 77 por ciento no tienen
seguridad social. ¿Cuántas de estas trabajadoras perdieron el empleo al ganar
terreno la pandemia? No tenemos el registro. Destaca en su favor la campaña que
Alfonso Cuarón hizo para que los patrones no las
dejaran sin ingresos.
El Covid-19 ha profundizado los
problemas de las familias desplazadas por la violencia. Las ciudades de
Mazatlán, Villa Unión y Concordia, son escenario de manifestaciones públicas de
personas desplazadas de la sierra de Concordia, bajo la consigna de “queremos
terrenos y vivienda”. No pueden regresar a su tierra de origen, donde quedaron
sus bienes y querencias y los lugares donde se han asentado no les ofrecen las
condiciones mínimas para una sobrevivencia acorde a los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos de ONU. Urgen recursos para la atención de los
desplazados de la violencia.
La Secretaría de Salud emitió un acuerdo
en el mes de marzo, con el fin de proteger a los trabajadores que padecen
enfermedades crónicas y por ser adultos mayores. El IMSS consideró que ese
universo alcanza los 10 millones de personas; luego de registrar la actitud
negativa de muchos patrones que simplemente despidieron a los empleados con ese
perfil, el IMSS redefine dicho perfil “para evitar discriminación y despidos en
las empresas”. Y en los ajustes al estudio de vulnerabilidad de contagio
buscando precisar quiénes son los “trabajadores de alto riesgo”, ahora nos sale
que el 80 por ciento de esos trabajadores pueden regresar a sus puestos de
trabajo “en condiciones seguras”. Sólo quedaría protegido el 20 por ciento de
ellos, es decir 2 millones nada más. El IMSS se duele de esta realidad: 1
millón 168 mil trabajadores solicitaron incapacidad desde que inició la
pandemia hasta el 31 de octubre. La institución esperaba sólo 213 mil
solicitudes. Por lo demás, el regreso de los 8 millones de trabajadores a sus
puestos de trabajo, habla de la abierta vocación patronal del IMSS.
En el marco de la pandemia hay dos
noticias que significan una bocanada de aire fresco: las exportaciones
mexicanas hacia Estados Unidos fueron superiores a 29 mil 830 millones dólares durante el mes de septiembre, lo que nos habla de un
crecimiento de un 1.1 por ciento, luego de un trimestre de contracciones. Junto
a esta noticia, nos alegra saber que el golpeado sector de paisanos que migraron a Estados Unidos ha enviado remesas entre enero y
septiembre pasado por un monto de 29 mil 964 millones de dólares. Ello
significa 10 por ciento más que lo enviado en el mismo período de 2019 y 10 mil
millones de dólares más que el superávit comercial de lo que va
de 2020.
Por los problemas que enfrentamos hoy,
incluido el preocupante crecimiento de los precios de alimentos, que pone en
serios apuros a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, en el Congreso de la Unión y en todas las esferas de la vida
productiva y social, debe imponerse la reflexión sobre la magnitud de la deuda
pública y las consecuencias que tiene para la independencia de la Nación, el
funcionamiento eficiente de entidades federativas y municipios. La deuda
pública no sólo se vuelve impagable en los términos que se nos presenta ahora, también
ata y limita, sobre todo, las posibilidades de inversión en los programas
sociales, esos que pueden marcar la diferencia entre una alta mortalidad y
morbilidad infantil y un desarrollo digno de nuestra niñez, desde luego también
que pueden hacer la diferencia entre la pobreza extrema y nuevas oportunidades
de desarrollo para esas decenas de millones de pobres pobres
en México. La Suspensión del pago de la deuda pública debe entrar de manera
inaplazable en la agenda del Congreso de la Unión. No hacerlo es abandonar al
país a la suerte que le imponen sus acreedores. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com