Dayana, Mariana,
Ingrid, Fátima, son parte de una interminable lista que nos empequeñece. Los
fracasos, más que simples tropiezos de las políticas públicas, nos manifiestan
al desnudo la pobreza de los alcances en materia de seguridad, en particular la
de las mujeres mexicanas. Y no bastará que al final, tarde o temprano, nos
digan que los responsables de crímenes contra mujeres fueron detenidos y están
compareciendo ante la autoridad competente. No basta.
No
basta, por muchas razones. Porque al ejecutarse los delitos de desaparición forzada
o de homicidios, nos prueba a nosotros mismos la incapacidad de prevenirlos, a
pesar de los pasos que se han dado en el terreno de la legislación, de la
constitución de fiscalías y grupos de investigadores especializados y de
compromisos públicos de parte de funcionarios.
No
basta la existencia de medidas como Alerta Amber y
Protocolo Alba, porque hasta hoy en la aplicación de la primera no han faltado
los errores y los sesgos que le impone la burocracia, aún
cuando el origen de la Alerta es producto de una iniciativa ciudadana. Y en el
caso del Protocolo Alba, apenas se presentó a la sociedad, con un manifiesto
retraso de meses, lo que contribuyó al agravamiento del problema con cada día
de inacción de este nuevo espacio. Una pregunta obligada, ¿es suficiente el
número de agentes del ministerio público y de policías investigadores para los
reclamos que enfrentará el Protocolo Alba? La misma pregunta aplica para su
presupuesto.
No
basta que se haya declarado la autonomía de las fiscalías estatales, si la
burocracia le impone ritmos y prácticas nocivas a su
trabajo, mismo que dilata los resultados de investigación o termina
contribuyendo a la magnificación de la impunidad en la mayoría de los casos.
Hay tantas fallas y ralentización en los trabajos que deben atenderse en las
primeras horas y en los primeros días, luego de una desaparición forzada, que
nos lleva a proponer la creación de un observatorio entre los organismos que
promueven y defienden los derechos de las mujeres. Ante la inquietante realidad,
es necesario fiscalizar el trabajo de la autoridad en este campo y qué mejor
que esos organismos para hacerlo.
No
basta que haya compromisos formales de todo el gabinete del Gobierno del
Estado, comisiones de equidad de género y derechos humanos en la Cámara de
Diputados, ni las tímidas medidas tomadas en la Secretaría de Educación
Pública, que no pueden quedar en sus oficinas ni en
las cuatro paredes de sus aulas, pues su influencia debe llegar a todos los
rincones del estado y a todos los hogares, si no la difusión queda a medias.
Tampoco basta con lo que hasta hoy hacemos desde la sociedad. No es que haya
pasividad, pero las inquietudes, movilización de opiniones y acción no son
suficientes. Y la mayor parte de lo que se dice o se hace no tiene la organización
ni la coordinación que exige la situación, para que ponga un alto a la tragedia
que viven las mujeres.
Partidarios
del respeto irrestricto a los derechos humanos y convencidos de que la llamada
4T no puede quedarse en el discurso o en los aburridos informes, nos desespera
que quienes hacen menos para crear atajos que nos lleven a la transformación
del país son gobernadores y presidentes municipales
que emergieron de Morena (hoy en el poder). Allí está la represión en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a familiares de los 43 desaparecidos y alumnos de la Normal
Rural de Ayotzinapa, Guerrero. La condenable
violencia la ejerce el gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón Cadenas; y
también la represión a los vendedores ambulantes del Puerto de Mazatlán el día de
ayer, ordenada por el Químico Luis Guillermo Benítez Torres, al más puro estilo
del un autoritarismo ramplón, que nada tiene que ver
con el contenido de la 4T.
Alejandro
Encinas y el presidente AMLO se comprometieron a dar un informe sobre el casoAyotzinapa para finales del
presente mes. Desde que lo anunciaron estamos en una inquietante espera. Y en
este nervioso aplazamiento, en lo menos que llegamos a pensar es en la
imperdonable mancha que le pone a las cosas la
represión a familiares de los 43 y a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Pobre país, que nunca termina de desahijarse de
su lamentable pasado y tampoco inicia de lleno y de forma inequívoca la Cuarta
Transformación.
Finalmente,
todos debemos trabajar para que esa dolorosa lista donde sobresalen Dayana, Mariana, Ingrid y Fátima, no siga engrosando el
número de víctimas: cada caso es una herida incurable que tatúa la memoria
colectiva. Cada víctima es un grito desesperado y desamparado ante el que no
hemos encontrado la respuesta contundente y segura, que lleve el mensaje claro
de que no toleraremos ni un caso más. Es el reto de la sociedad y es el gran
reclamo ante la autoridad. Hasta el silencio se cubre de signos como dice
Octavio Paz, pero no es momento de callar. Quienes defendemos los derechos
humanos y aportamos un granito de arena para el cambio profundo de nuestro
país, para que la Cuarta Transformación cobre cuerpo en la economía, en la
política, en la cultura y en el medio ambiente, también creemos junto al Nobel
de literatura que ese silencio dice sin decir. Hagamos algo. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com