La
recuperación económica parece tomar buena andadura para 2021. Y llama la
atención que lo diga la Secretaría de Hacienda y lo afirme también el sector
privado a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Al parecer los
avances en la vacunación abren un entorno favorable para que cobren nueva vida muchas
de las actividades económicas en México. Hasta hoy, de acuerdo a la información
oficial, van 7 millones 400 mil vacunas aplicadas, siendo los beneficiarios el
personal del Sistema de Salud Pública y parte del privado, y la población
adulta mayor. De esta última, los datos de INEGI 2020 nos dicen que tenemos 15
millones 400 mil personas mayores de 60 años. La mayor parte sigue sin
vacunarse.
Hacienda
mantiene optimismo y nos dice que el crecimiento de nuestra economía puede
alcanzar el 5.3 por ciento. Y alimenta esa buena predicción confiando en que se
avance rápidamente en la aplicación de la vacuna, que el crecimiento de la
economía estadounidense se desenvuelva como hasta hoy prevén sus pitonisos, que el petróleo conozca nuevos tiempos en el
mercado mundial y la estabilidad del sistema financiero del país. Sumando el
esfuerzo de gobiernos y bancos centrales del mundo. El CCE considera que el
país puede crecer entre el 3 y el 4 por ciento (incluso más), pero sería en un
escenario nacional en semáforo amarillo en los próximos trimestres y con una
fuerte inversión de parte de la iniciativa privada. “El sector público con
muchas ganas que tenga, no tiene dinero para hacerlo, entonces tiene que
generar las condiciones para que México sea atractivo y tenga inversiones”. Afirmaron.
Pero
la deuda pública de México sigue su camino al incremento, aún sin nuevos
compromisos de contratación. Desespera saber que de 2018 al pasado mes de
febrero la deuda pública aumento en 1 billón 800 mil millones de pesos, un espantoso
incremento del 17 por ciento. El gobierno de AMLO no ha recurrido a nuevas
contrataciones de deuda, pero tampoco se ha propuesto una iniciativa que siente
a los acreedores externos e internos para negociar las llamadas obligaciones.
Ya hemos comentado que recursos para promover esa iniciativa no faltan. Instituciones
como el BM y el FMI internacional admitieron en 2020 el argumento de cambio de
circunstancias, para plantear negociaciones de deuda en el caso de los países
pobres, pues la pandemia es ese caso.
Más
allá de ese elemento válido, nosotros también debemos poner en consideración
con los acreedores: la legalidad, la legitimidad y la moralidad de las deudas
que hasta hoy se cobran, sin que haya algún reparo de parte del Estado
mexicano. Basta acercarse a lo que se llama Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que incluye también los
rescates bancario y carretero y los antipáticos PIDIREGAS (Proyectos de
Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto
Público, proyectos de obra pública financiada por el sector privado), para que
la pielse ponga chinita y empuje a la
conciencia a reflexionar y compartir con otros ciudadanos la necesidad de que
ni el Congreso de la Unión ni el Gobierno Federal se queden cruzados de brazos.
Otro
escándalo de los últimos meses es la situación de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) ante el sector privado. Todo fue abrirle las puertas a dicho
sector para que entre 2013 y 2020 la empresa nacional subsidiara a las privadas
con 471 mil millones de pesos, a razón de 80 mil millones de promedio anual,
cuando la misma CFE era autosuficiente en la generación de energía en el
momento de arranque de la reforma neoliberal.
Mientras,
sin la debida reflexión a la hora de combinar apertura de actividades
económicas y medidas preventivas ante un Civid-19, que ya ha demostrado una
capacidad de conejo para generar variantes, este mes de abril está dejando una
mala huella de nuestros errores. Se abrió Mazatlán y su estadio de beisbol a la Serie del Caribe y aunque la sensatez de los
habitantes del puerto mazatleco determinó en una encuesta que debía suspenderse
el Carnaval 2021, las expectativas de buenos negocios llevaron a la apertura de
centros vacacionales y de recreo en la llamada Semana Santa. Esto no fue
privativo de Sinaloa y ahora las estadísticas del coronavirus empujan hacia
arriba la curva que le da rostro a la pandemia.
Agreguemos
a nuestras preocupaciones que los candidatos de todos los partidos y sus
actividades en campaña, no muestran mucha mortificación hacia los riesgos de
contagio a partir de concentración de sus activistas y menos de las
aglomeraciones que se realizan en los actos de proselitismo, muchos de ellos
masivos. Desde esta modesta columna hacemos las siguientes observaciones:
aunque la Secretaría de Salud ha sido muy tímida a la hora de establecer
comportamientos para este proceso electoral, la responsabilidad que descansa en
los hombros y en la conciencia de los aspirantes a todos los puestos públicos
es muy grande; procuren que más allá de los cubrebocas
y la sana distancia, los tumultos no dejen en cero cualquier medida anti contagio.
Por otra parte, el Covid-19, sus consecuencias y las políticas para su
seguimiento deben ser parte del discurso de los candidatos. Al parecer no lo
es. Increíble que las víctimas del Covid-19 que hoy deambulan con sus secuelas,
endeudadas, muchos sin empleo y sin ingresos, no sean parte del discurso y de
los compromisos de campaña. Es increíble. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com