VIOLENCIAS Y OLVIDOS EN PROCESO ELECTORAL

Las penas nunca vienen como espías de avanzada,

sino en batallones.

William Shakespeare

Siento mucha pena por México y por Sinaloa en esta coyuntura electoral. La violencia está presente y de qué manera. No esperaba un proceso electoral aterciopelado, porque en los 200 años de independencia difícilmente podemos precisar cuántas coyunturas electorales estuvieron al margen prácticas violentas. Pero mi preocupación encuentra una mayor dimensión por los saldos que el proceso electoral cobra en vida de candidatos, policías y civiles. Y por las amenazas que rodean el trabajo de periodistas.

Apenas este lunes 24 pasado fue muerto violentamente Joel Ernesto Soto, director de la Policía Estatal Preventiva. Ante la presunción de la autoridad en el sentido de que el renglón de homicidios va a la baja, no me explico por qué razones este jefe de policía viajaba sin escolta. Si el sentimiento de inseguridad no nos ha abandonado nunca desde hace décadas, al ser víctima un jefe importante de la seguridad pública nos invade un pesar de orfandad y desamparo, pues si esto le pasa a los encargados de nuestra tranquilidad, qué podemos esperar los ciudadanos de a pie.

Hasta el 4 de mayo se tenía registrada la cantidad de 31 candidatos que perdieron la vida en este proceso electoral, seis de ellos eran mujeres. Y solo en tres casos había presuntos responsables detenidos. Si el registro se extiende a políticos en general el número de muertes violentas se elevan a 79. De las víctimas mortales el 49 por ciento militaban en la alianza PRI, PAN, PRD y el 17 por ciento en Morena. El número de agresiones contra políticos hasta la fecha señalada era 476, que incluyen desde amenazas, robos, secuestros, hasta homicidios. Las víctimas alcanzaron el número de 443. Mientras redacto esta columna llega la noticia del asesinato de la candidata en Moroleón, Guanajuato.

Y para que la pena sea completa, a la preocupación por las amenazas recibidas por los caricaturistas Gilberto Ceceña y Arturo Vargas Colado, los columnistas Tere Guerra y Arturo Santamaría, ahora estamos documentado el caso de América Armenta, reportera local también. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, documenta y da seguimiento a estos problemas, esperando que la autoridad esté desplegando las iniciativas a las que está obligada, con el fin de que las carpetas de investigación no alimenten nomás estadísticas, que queden esclarecidos los casos y se detenga esa práctica que tanto daña la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

Mientras hacemos al Congreso del Estado la pregunta obligada, ¿dónde quedó la iniciativa de Ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas? La ausencia de una buena legislación y de instancias que hagan observar la Ley y reaccionen de inmediato ante las emergencias y trabajen en la prevención de actos violentos y amenazantes, no puede seguir posponiéndose. Una gran verdad es el comentario de Ceceña en el IV aniversario de Javier Valdez: mientras las amenazas no tengan costos, los agresores continuarán actuando.

Y al referirnos a otros temas no menos graves, bien podemos decir: lo que se ha olvidado por los candidatos y las autoridades. Nos referimos a los pobres sin empleo y sin ingresos que nos heredan el Covid-19 y la crisis económica. Nadie se refiere a ellos en la campaña ni en los discursos oficiales, como lo hacen las autoridades locales en El mejor alcalde, el Rey, de Lope de Vega; donde es la autoridad máxima quien debe resolver los descuidos y omisiones de los primeros. La pobreza extrema no es ni invisible ni pasa desapercibida, como lo testimonió Agustín Yañez en Pintada y ojerosa.

Y si se evade a la población que ha quedado en calidad de extrema vulnerabilidad, también se sacará la vuelta a la creación de un fondo en el presupuesto público para atender las necesidades más elementales de la población que hoy no tiene ni empleo ni ingresos ni posibilidad alguna de incluirse en los beneficios del desarrollo. Hablemos por ellos, porque no habrá democracia ni desarrollo si condenamos a esa parte vulnerable de la sociedad a la marginación y a la exclusión total.

Por lo demás, pareciera que la presente campaña está discurriendo en los últimos años del siglo XX, mientras que la crisis múltiple nos impone nuevo discurso y nuevas conductas. Somos una población mayor, nuestros problemas se han magnificado y en el camino se sumaron otros de reciente cuño y tan graves como los que ya arrastrábamos, como la sequía y otras formas de violencia. Necesitamos hablar de refundar nuestra sociedad, de cambiar reglas de conducta económica, política y social. Ni la desigualdad puede ser nuestro rostro ni la impunidad en materia del crimen la carta de presentación de nuestro tiempo. Una nueva Constitución Política en el estado puede marcar el inicio de una época inédita, más justa, menos desigual y con oportunidades en los diferentes campos para los que hoy sólo tienen la resignación como horizonte. Vale.