Ante el aniversario XXV de la desaparición
de los primos Hernández, cedo la palabra a Martín Gastélum: “El Caso de Las
Quintas, es una de las heridas sociales, es una de las ofensas más ruin(es) de
un sistema de justicia anquilosado y mercenario, que sólo sirve a intereses del
narco, económicos y políticos (en ese orden) sin esperanza de que se pueda
atender a un simple ciudadano vejado y lastimado en su único valor: su honor”.
Un cuarto de siglo después nuestra solidaridad incondicional con Abraham, Rosa
María y Luz María, sigue en pie y la exigencia de justicia plena sin ninguna modificación.
Este miércoles 30 de junio se ofreció una
conferencia de prensa para refrescar la memoria social sobre los hechos que
llevaron a la desaparición de los jóvenes Abraham, Jorge y Juan Emerio. La presencia de los medios de comunicación, los colectivos
de familiares con desaparecidos y otros organismos sociales fue contundente y
las propuestas de las familias de Las Quintas muy adecuadas al momento
histórico que vivimos: El trabajo de todos -dijeron- es seguir reivindicando
justicia plena para los casos viejos y recientes; presentar una idea clara
sobre la nueva actitud y acciones que esperamos y exigimos del nuevo gobierno;
que los días 30 de agosto, el 1 de noviembre y el 10 de diciembre sean vértice
de acciones coordinadas y que es impostergable que el Estado pare la práctica
de la desaparición forzada.
¿Qué gabinete acompañará al maestro Rubén
Rocha Moya en su administración estatal? Los intereses que buscan espacios ya
están tomando posiciones en los medios. Y en sus discursos no hay la menor
preocupación por analizar las necesidades que la entidad tiene y que el pueblo
sinaloense expresó durante la campaña o de los renglones impostergables que
resultaron de la interacción del gobernador electo y los ciudadanos a los que
escuchó. No, en lo que hemos leído se habla de personajes de la política, con
probabilidades de estar en el primer círculo de gobierno, más por ser personas
cercanas a Rocha Moya o a Héctor Melesio Cuén, que por los servicios que puedan
brindar al estado.
Ya lo dijimos: el perfil del próximo
gabinete no debe definirse por la fidelidad hacia una persona, sino por la
lealtad a la causa que ganó a la mayoría ciudadana en el proceso electoral
pasado. El 56 por ciento de los que nos volcamos a las urnas hicimos nuestra la
promesa de que la Cuarta Transformación será una realidad en Sinaloa. Y esa
transformación implica de entrada hacer un gobierno de muchos, no de pocos;
hablamos de incorporar la participación ciudadana a las decisiones de mayor
trascendencia en el gobierno, hacer de la democracia el alma y la piel de vida
pública en Sinaloa.
Los miembros del gabinete, tanto los del
área económica, como la social, la política y la de seguridad, deben responder
cabalmente a los compromisos hechos en campaña: llevar a cabo un giro de 180°
en el comportamiento personal, en la conducción de las secretarías y en la
atención de los ciudadanos. Las tareas no son pocas ni fáciles y la disposición
para enfrentarlas tendrá que ir acompañada con la renuncia a las prácticas de
corrupción y vivir en la medianía que en su momento planteó Benito Juárez. Que
nos dice eso ahora: que de acuerdo a las enseñanzas de la Comuna de París
(1871) los sueldos de los funcionarios principales deben ser el promedio de lo
que gana un obrero calificado o siendo más generosos con los emolumentos de esos
funcionarios, que sus ingresos no rebasen los 50 mil pesos, pues muchos
estudios viejos y nuevos prueban que las grandes desigualdades sociales se
disparan cuando hay ingresos personales que rebasan 27 veces el salario mínimo
del común de los ciudadanos. Y la 4T andará renga con funcionarios ricos y
pueblo pobre.
Para que la 4T direccione los destinos de
Sinaloa en los próximos años, tendrá que ser arco y flecha -como dijera el
poeta Juan Eulogio Guerra. Y serlo, obliga a que en la
antesala del centenario de la Constitución Política de Sinaloa, nos
comprometamos a la elección de un Constituyente que elabore y promulgue una
nueva Constitución. Si en 1922 nuestra población era de unos 300 mil
habitantes, ahora sumamos 3 millones y las bases constitucionales vigentes no
garantizan ni la igualdad jurídica y social, menos la equidad económica. Una
nueva Carta Magna local es inaplazable.
La crisis humanitaria que vive el país: la
violencia que suma homicidios, desapariciones forzadas y desplazados, que es
nuestra dolorosa realidad, nos emplaza a ir directo a las causas y darle un
sustento más humano y más justo a nuestra vida pública. Una Constitución de
nuevo cuño abriría la posibilidad de concebir las cosas de manera más objetiva
y de encontrar la solución en ecuaciones sociales que incluyan el pensamiento y
los intereses de todos, pues las viejas fórmulas que sólo responden a los
privilegios de pequeños grupos, ya no son alternativa
para la gobernanza y menos para garantizar el bienestar de la inmensa mayoría.
Al gabinete de Rocha Moya deben ir mujeres y hombres comprometidos con estos
cambios. Los arribistas de siempre que se cuelen serán los que jalen la carreta
del progreso social hacia atrás. Es hora de que los ciudadanos hablen y
propongan. La 4T no marcha con ciudadanos callados. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com