Acorralados
y sin salida. Así se sienten (o al menos así actúan) algunas autoridades frente a la
imparable tercera oleada del coronavirus. Y el sentimiento de haber llegado a
un callejón sin postigo alguno es compartido por un número importante de
ciudadanos. Esta situación nos obliga a mantenernos lo más cerca posible de la
objetividad y de la cordura (aunque no simpaticemos mucho con ellas). Que no le
gane a la autoridad y tampoco a nosotros ese punto de desesperación donde no
queda otro recurso que “hablarle al Diablo por un portillo”.
Ha circulado en redes una estadística
que parece no alejare de la realidad hospitalaria que vivimos en Sinaloa: se
dice que de los pacientes hospitalizados 3 por ciento tiene el esquema completo
de la vacunación, el 17 cuenta con una dosis y el 80 por ciento no había sido
vacunado. Esto nos indica que la esperanza que abrió la vacuna tiene fundamento
y que ahora es una certeza que la protección de la vacuna sin evitar la visita
del Covid-19 (en sus diferentes variantes), su blindaje nos permite torearlo en
casa sin llegar a la hospitalización en la inmensa mayoría de los casos.
Ante las medidas de los ayuntamientos
de Culiacán y Mazatlán, de no permitir la entrada a negocios a personas que no
se hayan vacunado, la COPARMEX protesta señalando que en lugar de dichas
medidas se debe seguir insistiendo en la publicidad de las medidas de
prevención y en su respeto. “No hay que llegar a esa medida desesperada, yo
creo que las autoridades municipales han hecho tantos exhortos que siguen sin
responder satisfactoriamente, hay que recordar que las cosas a fuerzas pocas
veces funcionan”. Dijo su dirigente Guillermo Gastélum
Bon Bustamante.
¿Quién debe plantear de principio las
medidas a tomar ante la pandemia? Las autoridades de salud. Y las autoridades
administrativas deben apoyar a las instancias de salud y no olvidarse de dos
factores determinantes para la situación de emergencia que vivimos: los
derechos que establece nuestra Constitución y los que se tienen que observar
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
y lo delicado de la situación económica que vive el país. Sin dejar de observar
los aprietos en los que se ven las finanzas públicas para atender la pandemia,
pues la deuda pública sigue asfixiándolas.
La convocatoria a los jóvenes de 18 a
29 años para que se vacunen ha tenido buena respuesta y todos esperamos que
incida positivamente en la curva de contagios y le imprima una sensible
ralentización desde mediados de agosto. Una buena combinación entre vacunación
en las zonas geográficas críticas y medidas efectivas de prevención de la
población, empresas y campañas adecuadas por las instituciones públicas, pueden
hacer la diferencia respecto a la confianza que se expresó en los meses
anteriores y los errores que se cometieron en la promoción de los centros
turísticos y en las movilizaciones de amplios grupos de ciudadanos durante el
proceso electoral.
Como tendremos coronavirus para el
resto de 2021 y, de acuerdo a los expertos, los resabios de la pandemia pueden
cruzar orondos todo el 2022, sentando las bases para convertirse en nuestros
indeseados huéspedes por tiempo indefinido, lo más inteligente es aprender las
cosas elementales que ello implica y hacerlas cultura para sobrevivir
exitosamente el Covid-19 y establecer una nueva normalidad en la que habrá
conciencia de que no somos dueños de la naturaleza ni tenemos el control de
nuestro destino. Ese nuevo estadio de desarrollo tiene mucho parentesco con la
cultura de los derechos humanos y las autoridades administrativas harán bien,
desde ya, en acercarse a los organismos de derechos humanos.
Una de las cosas que nos impone la
actual crisis múltiple es el incremento de la desigualdad social, inequidad
entre las clases poseedoras y los desposeídos, ampliación de la brecha económica
entre mujeres y hombres (2020 arroja una dura prueba) y exclusión de los
beneficios del desarrollo y del dominio del conocimiento entre regiones del
país y entre zonas al interior de dichas regiones, y entre pueblos originarios
y la población mestiza. La educación a distancia durante más de un ciclo
escolar, ha probado las desventajas de que la tecnología no esté en los
arrabales ni en las comunidades rurales ni en manos de los pobres.
Por lo demás, reiteramos que las
finanzas públicas están ahorcadas por las obligaciones que imponen el pago
devoto del servicio de la deuda pública. Y a la clara inmoralidad, ilegitimidad
e ilegalidad en que muchas de las deudas fueron contraídas, hay que agregarle
la injusticia de pagarlas puntualmente y en los términos contraídos, aún en las
circunstancias actuales. Ninguna institución financiera internacional como el
BM o el FMI, ni asociación de banqueros, ni gobierno alguno, tienen derecho a
imponer la condición del pago puntual y menos cuando se tiene una emergencia como
la actual, que da elementos suficientes para reclamar la renegociación de la
deuda y la suspensión de su pago. La orientación del presupuesto federal 2022
exige una visión apegada a los principios de los derechos económicos, sociales
y culturales (DESC) del pueblo mexicano. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com