MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y COVID-19

Llegó el miedo, después de la angustia.

Jean Meyer

La vida tiene mucho sentido. Los médicos, los voluntarios de la campaña de vacunación, los trabajadores llamados esenciales, los policías y soldados que han laborado de manera ininterrumpida desde que inició la pandemia y la creación del Covitario (a iniciativa y riesgo) de Martha Alicia Torres y su equipo de voluntarios, nos han enseñado el verdadero valor de la existencia, “porque hay momentos que son más grandes que la vida misma”, como dice Pedro Filipe Soares. Y su entrega incondicional en esta crítica coyuntura lo dice todo.

Pero para las autoridades administrativas las cosas marchan a contrapelo y complican más las cosas cuando empiezan a tomar medidas por su cuenta para atender la emergencia, sin esperar los lineamientos que deben emitir las secretarías de salud a nivel federal y local. Esas acciones pueden tener dos consecuencias poco recomendables: los desatinos que no ayudan a atajar la pandemia y la violación a los derechos humanos con la aplicación de algunas de esas medidas administrativas.

No dejamos de reconocer que el marco en que se está planteando un cambio de rieles en la conducta de algunos ayuntamientos de Sinaloa es preocupante: de acuerdo a la OMS, este martes pasado el mundo ya superó los 200 millones 413 casos de contagio y los 4 millones 262 mil decesos por motivos de Covid-19. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, estas son las cifras del coronavirus en México: 2 millones 898 mil 911 casos de contagios, con 123 mil 109 casos activos el día martes 3 y 242 mil 657 decesos por causa de Covid-19.

Pero la gravedad del caso Sinaloa: que está en el segundo grupo de entidades con más contagios (más de mil), pero detrás de la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo y San Luis Potosí, del primer grupo (más de tres mil), siendo preocupante, no debe llevar a perder la cabeza de sus ediles, pues las medidas desesperadas no suelen mejorar las cosas que pretenden combatir. Ante la medida anunciada por Mazatlán y Culiacán de imponer la exhibición de un certificado de vacunación para entrar en los establecimientos comerciales, la Coparmex rechazó de manera contundente la medida. Y no le falta razón.

El Ayuntamiento de Cosalá no se quedó atrás y emite un aviso a sus ciudadanos en los términos siguientes: “Se ejecutará el reglamento de (sic) bando de policía y buen gobierno a quien se sorprenda en la calle después de las 22:00 hrs”. Lo verdaderamente sorprendente es que se hable en ese estilo y tono, pues hasta el día de hoy el Artículo 11 de nuestra Constitución Política sigue vigente y establece que toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. Por razones de salubridad se contemplan limitaciones, que deberá establecer la autoridad administrativa (la adecuada es la instancia de salud).

Porque cuando se habla de sorprender a quien ande de las 10 pm en adelante, uno se pregunta ¿estarán agentes del ayuntamiento a la caza de vecinos desvelados? ¿La autoridad municipal está convencida de que por la noche los contagios son más peligrosos? Aunque en descargo de los amantes de las tinieblas diremos que, al no circular muchos noctámbulos, se observa mejor la sana distancia que de día. Pero a lo mejor en Cosalá tienen datos más precisos que la OMS. Por lo demás, eso es en términos llanos un Toque de queda, pues limita libertades sin que influya un ápice en el control de contagios de Covid-19. Toque de queda es suspensión de garantías. Y nuestra Constitución Política es muy clara sobre cuándo y quién puede hacerlo.

Por lo demás, el empuje de la vacunación en el país sigue alimentando la esperanza de enfrentar en mejores condiciones la pandemia. Las autoridades de salud informan que 48 millones 95 mil 458 personas han recibido al menos una dosis (53% de la población adulta). De esa cantidad se afirma que 25 millones 912 mil 407 personas tienen ya el esquema completo. En la semana que corre México ha recibido 2 millones 89 mil 659 vacunas, con las que continuará la campaña de inmunización a lo largo y ancho de la Nación.

En tanto, los ayuntamientos y el gobierno estatal deben analizar detenidamente las condiciones en la que sobreviven los grupos sociales más vulnerables: los que no tienen empleo (desempleados antes y durante la pandemia) y los que teniéndolo sus ingresos lindan la frontera de la pobreza extrema. Hasta hoy no se ha prestado la atención debida y se piensa más en cómo restringir actividades y no en cómo aliviar la difícil situación que padecen esos grupos sociales. No estaría mal que, al arrastrar el lápiz en la elaboración de los presupuestos de 2022, se piense un poco en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Nadie debe morir por Covid-19, pero tampoco de hambre. La orientación de los presupuestos debe tener esa orientación. Vale.