VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS Y COVID-19

¿Quién dice el derecho? Por lo pronto, el Estado, es decir,

la minoría rectora que, con buenas intenciones,

violenta a los pueblos y los hace infelices.

Jean Meyer.

Una pena que el Poder Legislativo esté reducido a una Oficialía de partes. El Estado, los tres poderes que lo componen y los órganos autónomos que lo complementan, tienen una función permanente a la que no deben faltar en tiempos normales y menos en tiempos de crisis, como esta emergencia sanitaria que vivimos, cada una de sus áreas debe entrar en tensión, con el fin de atender, con mayor razón en situación extraordinaria, las necesidades de la sociedad en tiempo y forma.

Desempeñar las funciones legislativas en tiempos de una prolongada emergencia sanitaria, como si se vivieran tiempos normales, es no responder a la misión para la cual fueron electos los diputados. Y como desatender responsabilidades no solo es Abdicar a la esencia de su trabajo, sino permitir que otros poderes realicen actos que se convierten en suspensión o restricción de derechos humanos, sin que haya la sanción correspondiente como Congreso del Estado.

Este jueves 19 se reunirá la Comisión Permanente de la LIII legislatura, ojalá tenga cabida en la orden del día nuestra Medida cautelar. No importa si están de acuerdo o no con las conclusiones y recomendaciones que planteamos, en el sentido de que las medidas administrativas de los ayuntamientos de Mazatlán, Culiacán y Cosalá, suspenden o restringen derechos humanos. Lo esencial es que tomen una posición ante dichas medidas, pues no hacerlo es renunciar a una obligación constitucional y, lo peor, dar pie al abuso de poder de parte de los ayuntamientos.

El miércoles 18, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa recibió la visita de los grupos ciudadanos que se manifestaron el viernes 13 en el puerto de Mazatlán y en la capital sinaloense. La visita tenía el objetivo de presentar queja contra el certificado de vacunación, por razones de discriminación, entre otras cosas. Los medios de comunicación fueron testigos de la acción ciudadana y de la iniciativa conjunta de ellos y de la CDDHS, para buscar el juicio de amparo ante la justicia federal y, de acuerdo a los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, buscar la vía justiciable de estos derechos.

Los ciudadanos inconformes de Mazatlán y Culiacán presentarán su queja ante la CNDH y hacen ya esfuerzos junto a la CDDHS para delinear una estrategia y los pasos necesarios para que la demanda ante los tribunales nacionales y, en su caso, las instancias internacionales, tenga éxito y sus resoluciones nos regresen a la normalidad del Estado de derecho democrático que mandata la Constitución Política del País. Por lo pronto todos nos ocupamos en el estudio de los textos nacionales y del Derecho internacional, incluidas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sustentar la demanda.

Mientras eso sucede, el regreso a clases se ha vuelto polémico en muchos sentidos. El debate público en torno al tema manifiesta que ni la autoridad ni la sociedad hemos asumido la nueva normalidad que se está constituyendo con la pandemia de Covid-19. Me refiero a que ni es un asunto pasajero (como ya lo demostraron los casi 18 meses de crisis sanitaria) y que la misma pandemia será, según lo dicen expertos, un problema endémico, con el que vamos a convivir de ahora en adelante, tal como se ha hecho con la viruela, el cólera, etc. Lo decimos porque hay que encontrar los equilibrios entre las actividades que tendremos que realizar, como la educación, y los cuidados que hay que observar. Esa será la nueva normalidad.

Lo que sigue es que los poderes ejecutivo y legislativo federal y de los estados, deben cambiar de actitud a la hora de elaborar y aprobar las iniciativas de ley de ingresos y presupuestos de egresos, pues no cambiar concepciones acerca de la orientación de los presupuestos, es seguir a pie juntillas el viejo librito de pagar deudas, aunque sean ilegales, ilegítimas e inmorales y aunque ello pese gravemente sobre la exclusión social de millones de compatriotas. Ningún compromiso hecho bajo mil reservas y dudas puede estar por encima del derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y a una vida digna de los ciudadanos.

Otra tarea, pero para los ciudadanos, sobre todo para las organizaciones de vanguardia, es organizar la participación ciudadana y buscar la alternativa jurídica de entablar demandas ante los tribunales nacionales y, en su momento, ante las instancias internacionales, para concretar la exigibilidad y, más particularmente hacer justiciable los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La movilización social que combina acciones de carácter jurídico puede forjar nuevas y novedosas formas de participación ciudadana, que permitan avances importantes en el respeto de los derechos humanos. El deber y reto de todos es explorar nuevos caminos. No nos privemos de esa oportunidad. Falleció Manuel Gutiérrez, pero nos deja un valioso testimonio gráfico del movimiento de derechos humanos en Sinaloa. Vale.