DEUDAS HISTÓRICAS QUE ESPERAN A ROCHA

Porque a quien lo ha perdido todo fácilmente

le sucede perderse a sí mismo.

Primo Levi

Si el Estado de bienestar será la divisa del Gobierno de Rocha, mirar hacia los pobres y excluidos tiene carácter obligatorio. CONEVAL nos refresca la memoria sobre los saldos de la malhadada crisis gemela: pandemia y apuros económicos. Los números comparados de 2018 y 2020 nos dicen que, si bien la situación difícil del año anterior no amplió el número de pobres en general, la pobreza extrema si cobró su cuota al crecer del 2.2 al 2.4 por ciento de la población sinaloense. Allí están quienes no pudieron mantener sus puestos de trabajo ni el nivel de ingresos anterior. El estudio referido nos dice que el 8.2 por ciento de los sinaloenses se considera vulnerable por ingresos en 2020, contra el 7 por ciento de 2018.

Y cuando se habla de carencias sociales, las estimaciones de CONEVAL mejoran el panorama de los sinaloenses respecto del 2018, sin que deje de llamar la atención de lo que falta por hacerse en este renglón. Las llamadas carencias en acceso a la seguridad social pasaron del 41.7 al 39.2 por ciento, mejorando ese espacio, pero el estado que guardaba el año anterior el Sistema de Salud Pública dejó sin protección al sector más pobre de Sinaloa y los números nos dicen que el porcentaje de la población que careció de acceso a los servicios de salud en general pasó del 13.2 al 19.6 por ciento en 2020.

Más allá de las penurias que se viven en los campos pesqueros, en las periferias urbanas marginadas y en las zonas rurales deprimidas, existe un triple flagelo que no hemos podido remontar: homicidios, desplazados por razones de violencia y desaparición forzada de personas. A este múltiple fenómeno le llamamos crisis humanitaria. No apareció el año anterior, pues tiene décadas y su arraigo hace pensar en que costará al menos una generación de sinaloenses poder superar este problema monstruo.

Los números oficiales nos dicen que en el renglón de homicidios las cuentas evolucionan bien, pues si en el año de 2028 se registraron mil 123 asesinatos, al año siguiente 936, en 2020 cayeron a 810 y en el presente año la cifra es de 438. Las cuentas así, sin mayor detalle, van muy bien; pero es muy importante recordar que por el incansable trabajo de familiares con desaparecidos y algunos casos denunciados por personas que tienen hallazgos fortuitos, el número de personas encontradas muertas (en fosas clandestinas o a flor de tierra), no es cifra menor. Lo que debe impactar el renglón de homicidios.

Por eso nuestras cuentas no son alegres en el renglón mencionado, agregando que en el espacio de desapariciones forzadas hay una situación que plantea varios puntos preocupantes. El número oficial de personas desaparecidas hasta este 9 de septiembre es de 3 mil 521, entre ellas 162 menores de edad. Es muy importante el trabajo que se hace de búsqueda de personas desaparecidas, pero imprescindible para el próximo gobierno es detener la práctica de desaparecer personas. La cifra no oficial habla de más de 5 mil 500 personas desaparecidas en Sinaloa y un estudio señala que cada 8 horas desaparece un ser humano en el estado.

Un campo que no debe pasar desapercibido es el del cuidado del medio ambiente. Nos lo gritó a voz en cuello el Huracán Nora hace unos días, cuyo comportamiento fue moderado al degradarse a tormenta tropical, pues de no suceder, las consecuencias de su paso pudieron ser mayores. Más allá de ciclones y sismos (que ya nos visitan seguido y pisando fuerte en Sinaloa), está el permanente comportamiento depredador sobre la naturaleza. Los pulmones naturales de las ciudades se reducen o enferman como tributo a la propiedad privada, sin que haya medidas y acciones de la autoridad para defenderlas y preservarlas, como el caso del Jardín Botánico y del Cerro de Las Siete Gotas.

En este renglón cabe mencionar la acción contaminadora, de saqueo de la riqueza natural y destrucción de caminos y carreteras que dejan las compañías mineras en Sinaloa, sin que haya la atención preocupada de parte de la autoridad. Doy un ejemplo de lo que hoy sucede con la Mina San José, ubicada en la Sindicatura de Las Tapias y que bien conoce el maestro Rocha. Retira no menos 2 mil 800 toneladas diarias de mineral de hierro; dicen dar 200 empleos, de los cuales no llegan al 10 por ciento para las comunidades vecinas y el camino por el que estaban obligados a transitar, con camiones que cargan no menos de 40 toneladas, lo han destrozado. Las comunidades de La Pitayita y Santa Loreto protestaron por ello.

Se acordó que la mina construiría un tramo de un kilómetro entre esas comunidades con material que le llaman piedra ahogada en concreto. Supuestamente eso costaría poco más de 4 millones de pesos. Las comunidades solicitaron además que la tubería, alcantarillas y mangueras de sus sistemas de agua potable que fueran lastimadas con la obra se repusieran por la minera. La solicitud fue pretexto suficiente para que se incumpliera el acuerdo. Al no cumplir, tampoco pueden pasar por ese camino. Y ahora la compañía minera invade la carretera Monteverde- La Palma, diseñada para una carga de unas cuantas toneladas. En dos semanas que tiene la Minera San José pasando por ella ya destruyó en tres puntos del tramo La Palma-La Higuera. Sin que la autoridad tome cartas en el asunto. Rocha no puede permitir ecocidios, saqueos de riqueza que perpetúan la pobreza de las comunidades y destrucción de sus carreteras. Vale.