EL SANTIAGO DEL GOBIERNO DE ROCHA

Acceso a la vivienda y a la ciudad

un derecho fundamental y un bien público común.

Gerardo Pisarello

Algunos dicen que empezó con el pie derecho y otros con el pie izquierdo. Más allá de filosofías cristianas o izquierdistas, digamos sencillamente que el Santiago de esta administración (el arranque) fue el que muchos ciudadanos esperábamos. Las dos primeras audiencias fueron para los familiares con desaparecidos y para los desplazados. Y el espacio para los encuentros con esos grupos vulnerables fue el Salón de Gobernadores, coordenadas a donde acudían sólo los capitanes de las empresas locales, los políticos de altos vuelos, los pro hombres del régimen en turno. No estaban los satisfechos, sino las víctimas del delito.

De la primera audiencia pudimos observar lo siguiente: el tiempo dispuesto alcanzó las dos horas, en las que los representantes de los 22 colectivos de familiares intervinieron por espacio de tres minutos. Las intervenciones estuvieron ricas de reclamos y propuestas y al final Rubén Rocha Moya asumió nueve compromisos muy concretos ante las abundantes peticiones: La construcción de tres panteones ministeriales (Ahome, Culiacán y Mazatlán); Casa Hogar para indigentes; ratificación del comisionado de búsquedas, Juan Carlos Saavedra; apoyo a las fiscalías especializadas en desaparición forzada de personas.

De la misma manera informó del Plan estratégico de combate al delito con que contará la Fiscalía General del Estado; instruye a la secretaria del bienestar, Ruth Díaz, para que no falten los apoyos a familiares; disposición entera para compra de reactivos para el laboratorio de genética forense; seguimiento puntual a la identificación de restos humanos, y la seguridad de que el nuevo fiscal se reuniría con los familiares. Un grupo de cinco colectivos presentaron un documento en el que se planteó la necesidad de darle un marco techo a toda la actividad relacionada con la desaparición forzada: una nueva Constitución Política local y una política pública que busque detener la práctica de la desaparición forzada. Sólo hubo referencia a la voluntad de detener dicha práctica.

A la segunda audiencia también se le dedicaron dos largas horas, en las que los representantes de nueve colectivos de desplazados expresaron durante cinco minutos los problemas y demandas de cada uno de ellos. Al final, los compromisos tomaron cuerpo en once renglones, tan prácticos como necesarios, recogiendo en algunos de ellos esas dolorosas carencias que expresan su presencia tímida, una mirada llena de incertidumbre o una figura esculpida de orfandad y desamparo.

Allí estaba don Guadalupe Vizcarra, que no pudo expresar con palabras los apuros de sus representados, pero que sus ojos húmedos y los impedimentos físicos describieron tan claramente. Rocha Moya, se comprometió a socorrer a ese grupo asentado en Guamúchil y a gestionar pensión para don Guadalupe, la regularización de los terrenos en Concordia, donde hay un asentamiento de desplazados desde hace años; a doña Modesta, de Tepuche, le reitera el apoyo a su grupo y la invita a trabajar como intendente en Palacio.

También para Concordia, la búsqueda de terrenos y crear las condiciones de regreso a los lugares de origen; se buscan acuerdos con Infonavit para adquirir las viviendas disponibles para desplazados y las ocupadas para quienes las habitan; se buscarán créditos individuales en Banobras para la adquisición de viviendas para desplazados; se incrementará el presupuesto para desplazados; se revisará el modelo de terrenos y casas para desplazados; se buscará aplicar el Programa Sembrando vida en terrenos de desplazados; nuevo censo de desplazados y el funcionamiento de comedores comunitarios. Y hace público que el CEVIVE (antes INVIES) será administrado por un activista del MASS-Mazatlán.

Pero no todo es miel en penca en Sinaloa, pues el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sólo ha encontrado como forma de agradecer su reelección anunciarles a los pensionados que a partir de enero ya no habrá descuentos en los recibos del agua potable ni en el predial. Hay decisiones administrativas como estas en las que los ciudadanos no podemos quedarnos callados, porque las consecuencias económicas para muchas familias de pensionados no son pecata minuta y, desde luego, porque esas medidas no tienen nada que ver con la Cuarta Transformación que enarbola el presidente AMLO, son tan incongruentes como la reprobable medida de cobrar más de medio millón de pesos por razones de “riesgo de trabajo” como presidente municipal, aparte del sustancioso sueldo que ya cobra.

Ojalá que al Congreso del Estado no le pase entre azul y buenas noches las intenciones de Estrada Ferreiro y pueda pautar de manera firme lo que ha sido ley en el municipio de Culiacán y otros de la entidad. Ni la austeridad republicana ni la situación que aún prevalece por la pandemia y la crisis económica que la acompaña como segunda piel, aconsejan que la hacienda municipal o el edil principal, actúen como los antiguos señores feudales en materia fiscal y en recaudación de impuestos. Si esto se permite, no sólo habremos retrocedido varias décadas en justicia al sector de pensionados, tomará cuerpo el capricho personal, no la ley, en materia de políticas públicas. Como al Cabildo de Culiacán se le ha olvidado para qué diablos existe, el Poder Legislativo tiene la palabra. Vale.