La democracia a fin de
cuentas es una cuestión de pan.
Hamid Alizadeh
Un arranque de gobierno con el mundo encima. Quizá sea esta una
frase que dibuja los primeros pasos de Rubén Rocha como gobernador del Estado
de Sinaloa. Lo digo porque él mismo buscó encontrarse con nuestro destino
colectivo en las primeras horas de su gestión: eso, no otra cosa significó
reunirse con familiares de los desaparecidos y con los desplazados. Fue a su
encuentro convencido de que en las alforjas de mandatario tendría que llevar
algo más que el contenido de reclamos y demandas que siempre guardó como activista.
Pero los problemas de Sinaloa y que debe resolver el
gobierno estatal no se agotan en los tres puntos que le dan perfil a la crisis
humanitaria que vive el país (incluidos los homicidios). Mencionemos algunos de
los conflictos que tomaron cuerpo en vísperas de la toma de posesión y que
ahora cobran mayor vida al manifestarse abrumadora y públicamente. Horas antes
del 1 de noviembre la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán, Ahome, fue tomada por cuatro grupos sociales, en los que
destacan precaristas que demandan terrenos y viviendas, maestros que solicitan
plaza de trabajo y artistas que reclaman un espacio en el mundo de la creación
y vida social.
El día 2 de noviembre encontraron oídos para ser
escuchados en un productivo diálogo, que no agota ni inquietudes ni demandas.
Esperando que fluya una relación en la doble dirección que al menos los
demandantes exigen. Por aquellos días trabajadores del Hospital de la Mujer
reclamaron la solución a la vieja demanda de basificación
de plazas y otras aspiraciones legítimas. Rocha hizo presencia en el lugar del
plantón de los trabajadores de la salud y llegó a compromisos concretos.
Pero los problemas acumulados son más y de mayores
dimensiones que lo imaginado por la mayoría, pues los
trabajadores de los hospitales generales en el estado y el de la mujer se han
lanzado a un movimiento de grandes proporciones, sin precedentes. Las demandas
planteadas no pueden descalificarse y menos después del trabajo y sacrificio
desarrollado a lo largo de una traumática pandemia que aún sigue dando lata y
amenaza con futuros repuntes muy desagradables. Atender las demandas de base
como trabajadores no es una cosa tan fácil, se requiere de dinero y no poco. Y
quienes han esperado por años, tampoco escuchan con la paciencia de Job que
tienen que esperar a que el gobierno estatal cuente con fondos para ello.
Y por si fuera poco, los grupos que protegen los derechos
de ciegos, sordos, autistas, deportistas con
capacidades diferentes y promotores de una pensión para las personas adultas
con discapacidad, se han reactivado para darle oxígeno a una iniciativa que fue
congelada en el Congreso del Estado y que busca una pensión para estas
personas. Ojalá proceda y sea una realidad; pero en tanto eso se logra,
demandan que el Gobierno de Rocha Moya dedique un renglón del presupuesto
estatal 2022 para atender a ese grupo de personas discapacitadas de 30 a 64
años que no tienen apoyo económico oficial. Si se toma en cuenta que en ese
rango de edad se pierden los padres, el desamparo de esas personas es más
preocupante.
No sé de que
artes se valió Quirino Ordaz para que no le estallaran esas bombas de tiempo en
sus manos, pues fue en los días de su despedida en que empezaron a brotar como
hongos después de las primeras lluvias. En el cambio de gobierno las
expresiones de lo que mencionamos ha sido en palabras
mayores. Y qué bueno que eso haya sucedido en esta coyuntura, no sólo porque
las posibilidades de que sean escuchados son mayores, sino porque alguna
solución puede encontrarse a los problemas centrales. Ignoro qué tanto se pueda
estirar el presupuesto, pero el que haya compromiso de dejar de lado las obras
de relumbrón, abre las posibilidades a una solución que alivie los problemas
principales.
Y con todo ello no se agota la caja de pandora que heredó
el gobierno estatal, pues los vicios en la práctica de
gobernar no quedaron atrás con el relevo de los nuevos gobiernos municipales.
Hubo cambio de rostros, pero el contenido de muchas de las políticas públicas y
administrativas al interior, son las mismas de años y décadas atrás. Baste ver
las conductas del alcalde Guillermo Benítez Torres en Mazatlán y de su homólogo
Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán. El primero viendo al Cabildo como un feudo
o coto privado, al que le puede imponer decisiones o caprichos personales, al
margen de la ley; mientras el segundo hace hasta lo imposible por sacar de los
bolsillos del sector de pensionados los dineros que requieren las arcas
municipales.
Aún le agregaría la desatinada consulta en todo Ahome sobre el destino de la Planta de Amoniaco en el
Puerto de Topolobampo; nuestros compromisos
internacionales sobre el respeto a los derechos de los
pueblos originarios son muy claros, pues quienes deben ser consultados en algo
que les afecta muy directamente en sus territorios y en sus comunidades, son
ellos. Pero inexplicablemente se quieren ver las cosas de otra manera y
justificar medidas que lastiman derechos magnificando el monto de las
inversiones, sin tomar en cuenta los riesgos a zonas declaradas protegidas, a
la hermosa Bahía de Ohuira y los siempre sufridos yoremes mayos de la zona. Como saldo amargo de la lucha de
quienes defienden manglares, bahía y territorios indígenas, están las amenazas
al activista Joel Ulises Pinzón Vázquez. Alertamos a Rubén Rocha sobre el
particular, para que los intereses que hoy quieren imponer a toda costa la
Planta de Amoniaco, no cometan crímenes como los de la minera de Choix, que se impuso a los ejidatarios yoremes,
los llevó a la cárcel y cobró la vida del Comisario ejidal. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com