Cuando apenas tomaba cuerpo esta lucha,
cuánto hubiéramos dado por una visita del Comité contra la Desaparición Forzada
de la ONU. Cuarenta y cuatro años después es una realidad. Ahora los
desaparecidos se cuentan por miles, pero ya no está aquella camada de Madres
que demostró que su alma, corazón y vida eran del mismo barro que sus hijos,
pues si ellos luchaban por un México libre, ellas lo hicieron por la libertad
de esos patricios soñadores.
Con qué alegría hubieran compartido
penas, desvelos y esperanzas, Chuyita Caldera de
Barrón, Margarita Velázquez de Alemán, Martha Murillo de Gaxiola, Consuelo Flores
de Carrasco, Catalina García de Castro, Virgen Pérez de Manríquez, María
Carvajal, Asunción Herrera y su esposa Elenita Álvarez, entre muchos otros
familiares. Seguramente hubieran experimentado que se abría una pequeña rendija
de esperanza en el impenetrable muro que oculta las desapariciones forzadas en
México. No están entre nosotros. Invictas en sus incansables luchas, no
pudieron sobrevivir a los largos años que han transcurrido y al mal endémico de
la desaparición forzada de personas.
Una consigna originaria y un objetivo del
primer momento que dieron vida y ánimos al movimiento por la Amnistía de los
Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos por motivos políticos, estarán
presentes en la reunión que los 22 grupos de familiares con desaparecidos
sostendrán el próximo día lunes 22 con el Comité contra las Desapariciones
Forzadas de la ONU: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Y Alto a la
desaparición forzada de personas. En esta materia han cambiado algunas cosas,
pero no su esencia. El número es importante, porque la masificación del
fenómeno de la desaparición ha llevado a nuevas dimensiones el problema.
En un principio es el Estado el ejecutor
y su objetivo es combatir a luchadores sociales, cuyo activismo cuestiona las
injusticias económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales.
Después, la impunidad reinante en la primera oleada de desapariciones se
convirtió en una invitación tácita para que particulares pudieran también
llevar a cabo tan inhumana práctica. El Estado no renunció a seguir con la
reprobable desaparición de personas y ante la ausencia de castigos, toleró que los
particulares también lo hicieran, yendo en no pocos casos más allá de la mera
tolerancia, pues hay complicidades manifiestas.
El fenómeno ha alcanzado niveles
terriblemente altos y que hacen presumir que en algunas regiones del país el
mismo Estado ha perdido lastimosamente autoridad y quienes son presuntamente responsables de la desaparición forzada de
personas y del desplazamiento de comunidades enteras, son los que mandan.
Después del caso de Ayotzinapa en septiembre de 2014 estamos obligados a
redimensionar todas las aristas del fenómeno. Lo decimos por la participación
del Estado y por el despertar organizativo de cientos de colectivos de
familiares con desaparecidos en todo el país. Esa movilización ha impuesto
agenda al Estado.
Hay algunos cambios positivos después de
Ayotzinapa: una legislación nacional sobre desapariciones forzadas (con sus
correspondientes leyes estatales) y estructuras que apoyan (con
sus asegunes) a los colectivos. Me refiero a las comisiones de búsquedas y a
las comisiones de atención a víctimas del delito. A nivel federal hay una
subsecretaría de derechos humanos y en algunas entidades, como Sinaloa,
también. Agreguemos que hay fiscalías especializadas en el tema, con presencia
en las tres zonas geográficas de nuestro estado, con laboratorio de genética
forense, con grupos de investigadores especializados y binomios caninos. Pero
todo ello termina señalándonos a voz en cuello cómo la realidad rebasa nuestras
fuerzas y afanes.
¿Qué le diremos al Comité de la ONU?
¿Qué ningún esfuerzo de los colectivos y de la autoridad ha podido detener la
práctica de la desaparición? Porque hay estudios que nos indican que cada 8
horas hay una persona que ya no regresa a su casa en Sinaloa. Y tambiénreconocemos que todo ese trabajo sacrificado
y doloroso de las búsquedas de nuestras “rastreadoras” arrojan un saldo de
cientos de cuerpos humanos encontrados en fosas clandestinas, sin que reciban
el correspondiente trabajo de investigación y, en consecuencia, no sean
identificadas muchas de esas personas ni entregados sus restos a la familia ni
descansen en un panteón con nombre y reconocimiento de los suyos. Con dignidad,
pues.
Es muy positiva la actitud del
presidente AMLO de haber aceptado esta visita del Comité de la ONU y dar las
facilidades para que lleven a cabo las entrevistas que consideren pertinentes en diferentes estados. Seguramente las reuniones
de trabajo darán muchos elementos al Comité contra las Desapariciones Forzadas
y arrojarán muy buenas conclusiones. Esperemos que las mismas ayuden a forjar
una agenda más provechosa para las familias que sufren este flagelo y que
conminen a la autoridad para que haya una política de Estado que se encamine,
muy pero muy en serio, hacia la detención de la negativa y dolorosa práctica de
la desaparición forzada. La salud de cientos de miles de ciudadanos lo exige y
la anhelada paz pública lo espera con impaciencia. Vale
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com