Los caprichos
son la crónica insuperable de la locura humana,
sus hipocresías,
debilidades y corrupciones.
Carlos Fuentes
Esta semana es de fuerte presencia de
organismos internacionales. Y también de preocupantes noticias en materia de
ataques a periodistas. Comentemos ambas situaciones: la desaparición forzada de
personas y el desplazamiento por motivos de violencia, han llamado la atención
del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y del Consejo Danés
para Refugiados, cada uno en su tema. El primero se presentó en Sinaloa el
lunes 22 y mantuvo reuniones con colectivos de familiares que buscan
desaparecidos y con representantes de las autoridades locales que tienen
relación con la materia.
El Consejo Danés (organismo de la
sociedad civil de larga data) está visitando a instancias no gubernamentales y
activistas que atienden el problema de los desplazamientos internos. Al volver
la vista hacia los difíciles días de abril y mayo de 2012, cuando comunidades
enteras abandonaban sus tierras, bienes y querencia en los municipios de Choix,
El Fuerte y Sinaloa, nosotros registramos las preocupaciones que el Consejo Noruego
y otros similares ya expresaban sobre los desplazamientos en los estados de
Chihuahua y Coahuila.
La visita del Comité contra las
Desapariciones Forzadas, tardía con respecto a los días en que se inició esta
terrible práctica (44 años después), encontró dos factores positivos muy importantes y que deben abonar para acercarnos a una
política pública comprometida con la detención de la práctica de desaparecer
personas. Me refiero a la preocupación expresada por el Gobernador Rocha Moya
en los días de campaña electoral y la determinación de iniciar su primer día de
gestión con un encuentro con familiares de personas desaparecidos.
Esa audiencia invita a pensar que se han
abierto posibilidades desde la autoridad para avanzar en los diferentes
aspectos que implica el tema de las desapariciones forzadas y que hay un
movimiento de familiares al que dan cuerpo 22 colectivos, dispuestos a
enfrentar todas las dificultades y a crear las
condiciones para una nueva época en el doloroso problema de la desaparición
forzada de personas. Esperemos que la situación observada a nivel de Sinaloa
amplíe el conocimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas y ofrezca
elementos para elaborar y recomendar directrices para una política pública más
eficaz en la materia.
El Consejo Danés ha observado los
desplazamientos internos en nuestro país desde hace al menos una docena de
años. Y ahora hace presencia para ver más de cerca ese fenómeno que sigue
creciendo geográficamente y en dimensiones estadísticas en nuestro país (como
en otras latitudes). ¿Qué les interesa a nuestros visitantes? Saber la
dimensión del fenómeno, las causas originarias del desplazamiento, la actitud
de la población donde se refugian hacia los desplazados, las políticas públicas
y sus alcances, principales demandas de los desplazados, posibilidades para el
regreso a las comunidades de origen, ocupación de los jefes de familia
desplazados, propuestas y proyectos económicos que surgen desde la población
desplazada, dificultades de la población en edad escolar y expresiones del
desplazamiento hormiga.
Pero los ataques a periodistas en
Sinaloa parecen no tener valladar. Apenas el 30 de octubre pasado, la Comisión
de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa emitió un informe sobre el estado
que guarda la libertad de expresión en Sinaloa. Ese documento es una alerta
para el Gobernador Rubén Rocha y las instancias gubernamentales a quienes
corresponde atender situaciones como esta. Pero no ha corrido un mes y ya
registramos con mucha preocupación una campaña de desprestigio en contra del
periodista Felipe Guerrero Bojórquez. El patrón que se sigue es el mismo del
que se da cuenta en el informe mencionado: se usan páginas falsas y nombres
inexistentes (o con robo de identidad), pero al final de cuentas (en el caso
reciente) no se pueden ocultar ni el interés ni el remitente que están detrás
de la insidiosa campaña: presuntamente el presidente municipal de Mazatlán.
Este miércoles 24 pasado Felipe Guerrero
presentó una denuncia ante la Vice Fiscalía de la Zona Sur de Sinaloa, lo
acompañaron varios de sus compañeros del gremio y los movimientos
de desplazados y de colonias de Mazatlán, cuyas cabezas son Miguel Ángel Gutiérrez
y Miguel Ramírez Jardines. Esperemos que la suerte de esta denuncia no tenga el
final de otras que, habiendo llegado a las oficinas de la Fiscalía General del
Estado, siguen empolvándose en los archivos de la institución o fueron puestas
en manos de la instancia federal que debe atender este tipo de denuncias, sin
que pinten hacia algún responsable y con una resolución que castigue a los
presuntos delincuentes.
Más allá de autonomías municipales, se
supone que hemos entrado a la época de la Cuarta Transformación, esa que habla
de cambios profundos del país y que debe privilegiar el respeto a la libertad
de expresión, sin la cual no se puede hablar de democracia. El Gobierno de
Rubén Rocha no puede permanecer como si el asunto no tuviera trascendencia,
sobre todo porque los presuntos protagonistas no son primerizos, pues ya
abrieron camino en esas andanzas creyendo en la impunidad que los ha cobijado
atrás o hasta presumiéndose como las víctimas. La FGE debe iniciar su difícil
camino con un trabajo de investigación que pinte raya respecto a la protección
de los derechos humanos de los periodistas, hacer verónicas como lo hicieron
las administraciones anteriores sería la peor forma de procurar justicia. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com