DERECHOS CIUDADANOS EN TIEMPOS DE COVID-19

Embargado por un ronco entusiasmo,

enumeraba las heridas de su patria.

Isaac Bábel

La pandemia incursiona peligrosamente en Palacio de Gobierno. Al menos cuatro secretarios de Estado están confinados por razones de Covid-19. Desde esta columna les deseamos pronta recuperación y que en breve se reincorporen al trabajo en el gabinete estatal. La situación personal de los funcionarios habla, por sí sola, de los riesgos que entraña esta tercera ola del coronavirus y de los cuidados que todos y todas (sin excepción de edad, sexo, ocupación, vacunados o no), debemos tener. Y nos exige a voz en cuello que las locuras de promover grandes concentraciones por motivos de cumpleaños, verbenas populares y deportes, como sucede en algunos municipios, deben parar de inmediato.

Este martes 4 de enero llegó a nuestras oficinas la ciudadana Alva Zazueta, madre soltera, con dos hijos menores que demandan de su atención y con el fardo a sus espaldas de que puede perder su modesta casa al vencerse una impostergable hipoteca el próximo mes de febrero. Tenía 5 años con un pequeño puesto semi fijo en el costado sur del Hospital General, que la pandemia obligó a cerrar por más de 12 meses. Pidió prestado para invertir el pasado fin de año y regresar a su puesto de trabajo. Un funcionario del ayuntamiento le aseguró que no tendría problemas para la reapertura del negocio y que él la apoyaría en caso de alguna dificultad. Y confiada en ello, reabrió el puesto.

El lunes 3 pasado hicieron presencia dos patrullas de la Policía municipal y algunos agentes de tránsito, además de empleados administrativos para remover el mencionado puesto y llevárselo, suponemos que a las bodegas del municipio. No hubo un aviso previo, sólo la acción policial, sin más. Por si eso fuera poco, la esposaron y no le permitieron sacar sus modestas pertenencias del puesto (incluido un poco de dinero). Se la llevaron detenida y fue maltratada por una agente de policía estando en la patrulla. Y detenido con ella se llevaron a un ciudadano que viendo la acción injusta grabó la escena con su celular.

La jueza que atendió el caso en el Tribunal de Barandilla no quiso ponerle mucha atención a la detenida, buscó resolver como es costumbre en esa instancia: escuchando al que acusa (agentes de policía) y no valorando la razón de ambas partes. Le dijeron que sus opciones eran pagar más de 6 mil pesos o pasar 12 horas detenida. ¿Cuáles fueron las faltas al Bando de Policía? Será interesante documentarlas. Pasó esas 12 horas parada en una celda porque no hay una sola silla, aunque sea renga, para sentarse.

Otro asunto interesante que debe ventilarse es que desde que fueron detenidos los dos ciudadanos se les aseguró su teléfono celular y no se les permitió hacer la llamada a que todos los detenidos tienen derecho a realizar, con un abogado o persona de confianza. Llegaron a la Barandilla y tampoco se les permitió hacer dicha llamada. Pasaron horas para poder comparecer ante la jueza y al exigir frente a varias personas que no les habían permitido hacer esa llamada, la funcionara dijo que ellos no habían querido hablar. ¿Quién puede creer eso?

Todavía más, cuando esos teléfonos fueron entregados se les había borrado todo el contenido que pudieron eliminar. ¿Por qué? ¿Qué facultad tiene un policía o cualquier otra autoridad administrativa para disponer del teléfono y de su contenido? Y lo más lamentable es que todo esto no es un hecho aislado, pues con más frecuencia de lo que imaginamos se llevan a cabo estas conductas que poco tienen que ver con la verdadera función policial y con los derechos humanos.

Ojalá que no prevalezca la mala idea de otras ocasiones en este caso: Alva es mujer, es pobre, es madre soltera y no pertenece a ningún gremio de comerciantes ambulantes o fijos. Perfil que pareciera invitar al abuso de autoridad, porque su vulnerabilidad lleva a las víctimas a callar antes que a protestar. Alva ha presentado queja en las dos comisiones de derechos humanos. Le falta tocar las puertas de la Secretaría de la Mujer. Esperemos que lo haga y que las tres instituciones mencionadas cumplan con la función para las que fueron creadas y reivindiquen los derechos de Alva.

No hay duda de que en tiempos de la Cuarta Transformación se siguen cometiendo este tipo de atropellos contra los derechos humanos de ciudadanos, pero la verdadera tragedia sería que el manto de la impunidad siguiera cobijando las violaciones de esos derechos humanos y a quienes los violentan apostando a que el silencio de los ciudadanos vulnerables será el epílogo de sus malas conductas. Pero más allá del trabajo que les corresponde a las comisiones de derechos humanos y a la Secretaría de la Mujer, no podemos dejar al olvido lo que las instancias municipales deben investigar y corregir lo que haya que corregir. Vale.