El tsunami electoral de 2018 fue una
revolución democrática y pacífica. Y también una fábrica de utopías. El
movimiento social que apoya la Cuarta Transformación no se sentó a contar
victorias y a esperar que su presencia creciente llegara por inercia. El empuje
democrático desplazó la vieja hegemonía política en el Poder Ejecutivo y Legislativo
aquel año e hizo crecer su presencia ganadora en 16 gobiernos de estados en la
República y este año puede alcanzar las dos terceras partes de las entidades.
Pero es muy importante señalar que la
conquista de posiciones políticas en el Estado y las posibilidades alcanzadas
para llevar a cabo cambios, no se corresponden plenamente con las demandas
planteadas históricamente por las mayorías. No es que tengan importancia menor
el apoyo a jóvenes estudiantes o que inician la vida productiva o a los adultos
mayores, incluido el esfuerzo en materia de salud. Nos referimos a que toda
transformación requiere de una base jurídica firme que sustente toda la
filosofía y los afanes del cambio al que se aspira. Apostar a la buena voluntad
de quien gobierna y a modificaciones legislativas de segundo orden, sin darnos
la oportunidad de construir un marco legal que le corresponda a las necesidades
y aspiraciones de nuestro tiempo, es quedarnos a medio camino.
A nivel nacional no hubo el propósito de
trabajar en un Constituyente que nos obsequiara una
nueva Carta Magna, y a más de tres años de gobierno ya no será posible hacerlo
en este sexenio. Pero en Sinaloa sí se puede aspirar a construir socialmente
una nueva Constitución. Los inmensos compromisos en campaña del gobernador
Rubén Rocha Moya y el bono democrático con el que arriba al poder, vuelven
imprescindible el establecimiento de un nuevo marco legal para cumplir la
promesa central: construir un Sinaloa más justo y menos desigual.
Como estamos entrando al mes de abril, el
mes de niños y niñas, hagamos referencia sobre las posibilidades que se tienen
ahora de forjar nuevas generaciones que tengan la certeza de continuar su
formación con las leyes y presupuestos disponibles, con el modelo actual
educativo, con el desorden en la atención extraescolar de esos infantes y
adolescentes. No podemos presumir que haya un proyecto integral de atención de
la niñez y los adolescentes, ¿lo podrá haber sin una nueva Constitución? ¿Con
ideas y conceptos que no tienen una referencia en un proyecto de Patria chica
en el que coincidamos todos?
Las condiciones materiales y de
equipamiento deficientes de muchas de nuestras escuelas no es resultado del
abandono en que quedaron por razones de la pandemia, esta sólo profundizó las
malas condiciones en que ya estaban. El mismo Covid-19 nos mostró otras
limitaciones difícilmente superables si no cambiamos en serio: los alumnos
pobres no tienen la tecnología que se ocupa para combinar las clases
presenciales con las virtuales (teléfonos inteligentes, tabletas y
computadoras) ni el internet llega a todas las zonas y hogares pobres.
También la pandemia nos golpeó en otros
aspectos no menos importantes: dejó sin empleo y sin ingresos a muchos
trabajadores de empresas y a muchas jefas de familia que ejercían actividad
económica en la informalidad. Aunque hay avances no se han recuperado más de un
millón de esos puestos de trabajo en el país y en Sinaloa no es diferente.
Basta pasar por los cruceros de semáforos para observar no sólo adultos
vendiendo todo tipo de mercancías, sino a niños acompañando a sus madres o
padres como malabaristas, danzantes o vendedores.
¿Tenemos estudios sobre la situación de la
niñez sinaloense? Y no me refiero a publicaciones que generalizan sobre
matrículas, exclusiones de la escuela (que no deserciones escolares), llamo la
atención sobre investigaciones de esas zonas urbanas y rurales, en las que el
estudioso Luis Astorga Almanza previene que, de no cambiar las condiciones
imperantes, el futuro de la mayoría de esos niños es ser vendedores de drogas,
punteros o sicarios. No hay, que yo sepa, ningún programa que apunte a mejorar
el entorno de esos niños y sus familias. ¿por qué?
El maestro Heriberto Arias, ex director
del Instituto de Educación para Adultos, comentó hace poco que durante su
gestión GómerMonárrez,
secretario de educación, aspiraba a levantar la bandera blanca de la
alfabetización en Sinaloa. Él le dijo que eso no era posible a corto plazo, por
la inmigración permanente al estado y por las deficiencias que presenta nuestro
sistema educativo; pero insistió que una alternativa posible era lograr que
entre los alfabetizados adultos se alcanzara un grado de capacitación que les
permitiera acceder a mejores empleos. No tenemos derecho a esperar que se
resuelvan los grandes problemas de atención a la niñez con el galimatías de
legislación actual, con la insuficiencia de presupuestos y sin proyecto estatal
que nos hable sobre qué queremos para Sinaloa, con el fin de definir la
política de atención a niños y niñas, bajo la divisa general. Una nueva
Constitución local es la alternativa. Será el mejor homenaje a la Ley Fundamental
vigente de Sinaloa, que el próximo 22 de junio cumplirá los 100 años. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com