La Montaña

DERECHOS HUMANOS Y 4T

Cuando los creadores del desierto acaban su obra,

 irrumpe el espanto social.

Carlos Monsiváis

Hay imágenes que dejan huellas para siempre. Las que corresponden al intento de desalojo de 42 familias en Mazatlán hace unos días no me abandonan ni de día ni de noche. Sigue presente la valiente acción de Miguel Ángel Gutiérrez al frente de esas precarias familias, la desesperación de quienes se sienten de nuevo en la calle con hijos y con la esperanza desmayada. También están ancladas las figuras del actuario encargado de que el desalojo ordenado por un juez se concrete. La policía preventiva estuvo presente y, para fortuna de los vecinos de Hacienda del Real, no actuó a ciegas. Su comportamiento atendió a la emergencia expresada por los vecinos.

Hay que tomar nota de estos hechos, porque no es un desahucio como tantos otros. Aunque para los pobres la vida y sus problemas siempre se ven cuesta arriba, como decía mi padre, el entorno de otros desalojos tuvieron condiciones sociales distintas. Este que nos ocupa ahora, se realiza luego de dos años de pandemia, donde el desempleo, las deudas familiares, pérdida de vidas, problemas de salud, entre otras cosas, se multiplicaron.

Al decir de Miguel Ángel Gutiérrez hay unas 22 mil familias tan solo en Mazatlán en condiciones de indefinición de patrimonio, es decir, sin escrituras del terreno donde viven. ¿Qué pasará con ellas? Sin ver cerca ni claro el horizonte que nos indique el fin del Covid-19 y de la crisis que lo acompaña, una certeza que debe imponerse es que ni sociedad ni gobierno podemos aceptar que la solución de fondo de esta delicada situación quede en manos de un Poder Judicial que en dicha materia no ha probado ser ajeno al imperio y presión de los grandes fraccionadores y beneficiarios del negocio de los bienes raíces.

La instancia de la ONU sobre hábitat, nos dice: “la vivienda se ha convertido en un factor de especulación motivado fundamentalmente por sectores inmobiliarios privados quienes han trabajado solamente bajo la lógica del rendimiento económico”. Y reconoce que en su momento fue motor de crecimiento económico y que ahora definitivamente “la vivienda no es hoy un factor igualador, sino que se ha convertido en un factor de desigualdad social y económico”. Hay un espantoso déficit de viviendas en Sinaloa y en el país que permite el mar de abusos e injusticias. Por esas y muchas otras razones, urge una política de Estado en esta materia.

De acuerdo al último Censo de población, en Mazatlán hay 105 mil 147 hogares. Más del 20 por ciento de dichas células sociales viven con el Jesús en boca porque el terreno que habitan desde hace 10, 15 años o más, otros lo reclaman como su propiedad. Y eso sin contar a los que ya se resignaron a sobrevivir pagando renta, de arrimados con familiares o amigos o aventurándose torear los inconvenientes y peligros que encierra una invasión de terrenos. El gobernador Rubén Rocha y el Congreso del Estado no pueden ser ajenos a esta situación.

Si el Plan Estatal de Desarrollo va a contemplar el problema de la vivienda, que atienda en serio la regularización de los terrenos donde viven las familias mencionadas. ¿Cuántas serán en Sinaloa? Y que ya se jubile el viejo Código con que lo jueces no han impartido justicia, sino profundizado las desigualdades sociales y económicas, tal como las observa la ONU.

En estos días hemos tenido que lamentar algunos feminicidios en nuestra tierra y en otras entidades. La respuesta social no ha esperado. Una esperanza que toma cuerpo es que esa sensibilidad social se manifiesta con la oportunidad debida ante esos hechos reprobables. Es una pena que la autoridad no haya desplegado ni programas de prevención ni construido una fuerza operativa que esté dirigida a salvar vidas entre las mujeres que padecen el flagelo de la desaparición.

En este marco organismos sociales, familiares con desaparecidos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, recordamos los 7 años y 7 meses del caso Ayotzinapa que sigue sin solución. También hicimos un merecido homenaje a Rosario Ibarra de Piedra, como despedida póstuma a su luenga entrega incondicional a la defensa de los derechos humanos y al reclamo de presentación de los desaparecidos. La dignidad de sus compañeras de lucha se hizo presente en un Encuentro con el ingeniero Cuautémoc Cárdenas. Su incansable, valiente y valiosa participación se manifestó en sus discursos. Hay un crecimiento admirable en el pensamiento de esas madres, pues hay emoción que no se pierde en las lágrimas que provoca el dolor por la desaparición de sus familiares. Hay fuertes reclamos y propuestas muy concretas de cómo resolver el problema de las búsquedas y cómo enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas. No las dejemos solas. Vale.

Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/
Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com