la disimulada
realidad salta como un sapo en plena cara.
Julio Cortázar
Se ha presentado el Plan Estatal de
Desarrollo. El gobernador Rubén Rocha reconoce en la presentación del mismo que
uno de cada tres sinaloenses subsiste en la pobreza y que ello prueba que
Sinaloa no vive en bonanza. En dicho plan se hace un recuento de las heridas,
de las desigualdades, de las carencias, de las injusticias, de las omisiones,
de los abusos, de las parcialidades de la autoridad y de la flaca voluntad
oficial que por décadas dejó las trancas abiertas para el enriquecimiento de
una minoría privilegiada y cercana al poder, mientras el empobrecimiento de las
mayorías tomaba dimensiones de tragedia.
El Plan Estatal de Desarrollo tiene tres
horcones de hormigón armado o ejes estratégicos: Bienestar Social Sostenible, Desarrollo Económico
y Gobierno Democrático. Pero el cuerpo del mismo plan evidencia que no hay un
diagnóstico que precise la magnitud de los males que aquejan a nuestra patria
chica y vemos que al proyecto sexenal se le escurren como azogue los programas
concretos que deben ser la segunda piel de cada problema señalado en el
documento, pues si no se cuenta con ellos, ¿cómo hablar de metas hasta el 31 de
octubre de 2027 y cómo medir por semestre, por año o a mitad del camino los
avances?
Entre otros rubros que le urge atender a
la autoridad es el problema de la producción y distribución de los alimentos,
que no puede quedarse en la disposición de créditos al campo en general, ni
debe limitarse a los acuerdos que impulsó el gobierno de Andrés Manuel con
empresarios productores y distribuidores. El Estado se compromete a la
aplicación de un diazepam a los combustibles y a
desmayar los aranceles en la importación de alimentos; pero no toca el
fracasado modelo de producción y concentración de su comercialización, lo que
asegura el mantenimiento de un sistema que excluye a los medianos y pequeños
productores y cancela las posibilidades de una alianza entre el campo y la
ciudad que padece precisamente a esos monopolios. Los especuladores harán su
agosto, como dice Eric Toussaint.
La inflación no es un mal menor y está
presionada por factores externos que detonaron con la pandemia y que se han
profundizado al son de los tambores de guerra que hoy confluyen en Ucrania. La
oferta padece de anemia. Y el mundo económico interno no ha sido ajeno a las
convulsiones de la economía externa. Pero de la crisis actual no hemos sacado
las mejores lecturas, pues existiendo apoyo a productores modestos no se ha ido
más allá, mientras en la ciudad sectores de desempleados, de microempresas
familiares al borde de la quiebra y de trabajadores que con frecuencia acuden a
las deudas para completar el gasto familiar, agradecerían mucho que el Estado
embonara a productores y consumidores, abatiendo de paso la inflación y el abastecimiento.
Es un buen reto para el gobernador Rubén Rocha.
Qué decir del problema de la desaparición
forzada de personas, si bien el plan afirma: “enfatizaremos en una política
integral de derechos humanos y justicia social para garantizar una respuesta
eficaz en la protección y reparación de los mismos”. Llevamos 6 meses de
gobierno y no vemos el despunte de una política de Estado que dibuje una
estrategia encaminada a detener la práctica tan horrible de desaparecer
personas.Quizá uno de los campos más
difíciles de medir sea la recuperación del Estado de derecho en este renglón,
pero establecer mesas de diálogo permanente, suscribir acuerdos, legislar y
movilizar las fuerzas y recursos de la autoridad, se reflejaría no sólo en la
confianza de colectivos de familiares, sino en amplios sectores sociales hacia
las políticas públicas.
La pandemia ha dado forma y color a varios
problemas sociales que, siendo muy visibles antes del Covid-19, se han
presentado con personalidad propia últimamente. La vivienda, la migración interna
e internacional, el desempleo y las dificultades para acceder a la salud, entre
otros. La contundencia de la migración nos abre frentes muy difíciles de
torear: las exigencias de EU para que seamos valladar de los peregrinos de
Centroamérica, El Caribe y otras nacionalidades que pretenden ingresar al país
vecino. Con la excepción de la diáspora ucraniana de estos días que arriba por
Tijuana, lo demás son presión tras presión. Y ha llevado a compromisos y
declaraciones reprobables de Marcelo Ebrad en torno a
la migración. Esperemos que la autoridad sinaloense sea congruente con lo que demandamos
a los gringos para nuestros migrantes: que respeten sus derechos humanos. Ser
indocumentado no es ser delincuente.
El tema de la vivienda hace crisis y se profundizará
en las principales ciudades del estado, pues el desplazamiento de personas por
razones de violencia, por razones económicas y de educación de jóvenes y la
precarización creciente de familias urbanas, replantea el problema en nuevos
términos. Hay un monstruoso déficit de vivienda en Sinaloa, en tanto la
invasión de casas que técnicamente son del Infonavit
o de fraccionadores privados, que por diferentes razones no se terminaron o
quedaron deshabitadas, hoy las ocupan familias desplazadas y pobres que no han
tenido acceso a créditos o los perdieron junto a sus empleos. Lo que no tiene
discusión es que debe reconocerse como un problema social y no puede dejarse en
manos del Poder judicial su solución. Si el Plan Estatal de Desarrollo no da
para esto, la vocación democrática de Rocha Moya y su sensibilidad social,
quedan a prueba ante este preocupante horizonte que se ubica frente a nosotros.
Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com