LAS DEUDAS DEL PRESENTE

También hay miedo en la alegría.

Herta Müller

Asumamos que la administración de AMLO y de Rocha Moya han traído cambios positivos importantes. Pero no perdamos de vista las dolorosas herencias ni las fallas que debilitan el músculo de la vida democrática. El caso del profesor Román Rubio López, que el próximo 23 del presente cumplirá el primer aniversario luctuoso, sin que haya mayor adelanto en la carpeta de investigación, es una esas herencias atávicas. El profe Román fue un protector de los indios tarámaris (tarahumaras) que habitan en el municipio de Sinaloa. A ellos se dedicó en cuerpo y alma. De con ellos venía cuando lo privaron de la libertad y de la vida.

Hay ingratitud de la autoridad y de la sociedad: una por no procurar la elemental justicia y la otra porque su indignación no alcanzó la calle ni llegó ante la Fiscalía ni al despacho del gobernador. La impunidad parece sobrevivir sin mayor congoja en el nuevo gobierno y de paso condena a la etnia tarámari a profundizar la exclusión social que siempre ha acompañado su lamentable marginación. Además de pedirle perdón al maestro Román por no haberlo cuidado lo suficiente, quienes fueron sus alumnos, su familia, los indígenas de la sierra de Sinaloa y sus compañeros de lucha, debemos exigir justicia plena para su caso y protección para sus olvidados tarámaris.

También hay fallas en la presente administración que deben corregirse sin más demora. El pasado 5 de este mes el caso del periodista Luis Enrique Ramírez cumplió dos meses. Hace cuatro semanas el gobernador nos dijo que el caso estaba resuelto, porque tenían a la mano dos órdenes de aprehensión. Ahora sabemos que hay más implicados y que una mujer a quien se señala de encubridora se presentó ante el juez, amparada y reclamando que no le fue puesto a tiempo el expediente que la acusa. La audiencia se pospuso y el caso sigue hasta hoy en medio de la nada. Nos preocupa que el caso no avance, sobre todo pensando en el marco nacional que sólo invita a las lágrimas, pues ya se cobró la vida de otro periodista en Tamaulipas (junto a una hija) e hirieron en Puerto Vallarta a la directora de Radio Universidad.

Celebro que las carreteras estatales han recibido la atención que reclamaban y que las carencias y conflictos en las escuelas y universidades se atienden con las limitaciones que imponen los recursos, pero abonando en voluntad. Sin embargo, hay necesidad de resolver varios problemas que a final de cuentas terminarán en un solo frente: el respeto y cuidado del medio ambiente. Para el manejo de los residuos sólidos (basura) los presidentes municipales de Ahome, Guasave, Mazatlán y Culiacán (con Estrada Ferreiro), tienen la propuesta de privatizar el servicio.

No es el único problema que reclama cambio de concepción frente a la naturaleza. Lo es la planeación de crecimiento de las zonas pobladas, el uso del agua, los bosques, el desarrollo de la agricultura, de la pesca, de la industria, el turismo, la minería. El Senado de la República aprobó en 2021 la Ley de economía circular, que da sentido al uso de recursos ya utilizados. Es el principio de una legislación en favor de la naturaleza y de la administración más sabia de los recursos naturales, y de respeto a las generaciones venideras. Privatizar la recolección y el reciclamiento de los residuos, sólo engordará las bolsas de algunos empresarios. La Ley de economía circular y una orientación favorable hacia los trabajadores de recolección y pepena de la basura, promoverá una economía social. Que hará justicia a quienes mantienen limpias nuestras ciudades, alejando de esta noble misión a quienes sólo interesa el negocio, no la solución de los problemas con sentido social.

Si hay herencias que se reciben con una cruz (incluida la corona de espinas), esa es la pretendida planta de amoniaco de Topolobampo. Desde el sexenio del gobernador Mario López Valdez han movilizado enormes recursos económicos, maniobras políticas y labor de convencimiento entre los pueblos originarios, con el fin de establecer una planta petroquímica que presume producir el elemento base para fertilizante. El tiempo de la incómoda planta ha tocado tres gobiernos con el presente de Rocha Moya y la carreta sigue atascada en el fango de las dificultades.

Y es que más allá de la magnitud de la inversión en la mencionada planta, que alcanza los 2 mil 500 millones de dólares de arranque (presume el grupo GPO) y de que generará 2 mil 500 empleos en una primera etapa; también hay otros factores que, como el bíblico camello, no pueden pasar por el ojo de una aguja. Veamos algunos: el lugar donde se pretende establecer la planta es un sitio Ramsar (zona rica en manglares que enmarca humedales y una biodiversidad que deben ser protegidas); la Bahía de Ohuira (Topolobampo y anexos) no merece el riesgo de hipotecar su futuro por una planta que, al inyectar una supuesta vida a la agricultura del noroeste, es, sobre todo, una amenaza latente al universo único de vida marina y humana que han coexistido desde la noche de los tiempos en ese lugar.

Los días 9 y 10 de este mes la autoridad realizará una consulta en 15 comunidades indígenas, en las que destacan Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones (ubicadas en el ojo del huracán). No han faltado otras consultas acompañadas de sainetes, pues lo de libres e informadas de acuerdo al artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, no están del todo claras, ¿cómo será la anunciada consulta? Esperamos respeto a la opinión de esas comunidades. Vale.