Un nuevo dolor irrumpe hasta el corazón de
cada sinaloense. Rosario Lilian Rodríguez Barraza apareció asesinada la
madrugada del miércoles pasado. Buscaba a Fernando, su hijo desaparecido desde
2019, y el pasado 30 de agosto, Día internacional del Detenido Desaparecido,
mandó decir una misa en su honor y por el pronto regreso. Cuando salió de misa
un grupo armado la esperaba en las inmediaciones del templo, la subió a una
unidad móvil y apareció sin vida en La Cruz, Elota. En el mismo pueblo donde
desapareció su hijo fue abandonada su humanidad.
No es la primera madre que busca a su hijo
desaparecido y es víctima de amenazas y de la violencia. No es la primera
tampoco en perder violentamente la vida luchando por la presentación de su
hijo. El 12 de mayo de 2014, cayó en Culiacán Sandra Luz Hernández. Más allá de
las instituciones que se han creado en apoyo de las incansables rastreadoras,
como la Comisión de Búsquedas, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito,
la Fiscalía Especializada en el tema, el laboratorio de genética forense, los
grupos policiales especializados en búsquedas, los perros especializados y más
recientemente el Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas, los homicidios mencionados cuestionan todo lo hecho por la
autoridad.
Todos queríamos un 30 de agosto diferente.
Hasta nos alegramos cuando supimos de la convocatoria del Gobernador a los
colectivos de familiares con desaparecidos, en cuya reunión anunció la creación
del panteón ministerial. Era una demanda añeja que al fin se cumplirá para fines
de año. A pesar de que no hubo ningún otro paso concreto, de los varios
comprometidos el día 1 de noviembre pasado, manifestamos que es una medida esperada
y que ayudará en el trabajo de identificación de cientos de cuerpos anónimos
que no han podido encontrar a sus familias.
Fue positiva esa reunión, pero el contexto
y la concepción del Gobierno acerca del problema de la desaparición forzada de
personas, no se corresponde con su gravedad y menos contribuye a su solución.
Contrario a lo que oficialmente se sostiene, las desapariciones forzadas no
hacen tendencia a la baja y a pesar de que en las denuncias de familiares se
señalan a miembros de corporaciones como presuntos responsables de no pocos
casos, las políticas públicas para la atención del problema siguen siendo las
mismas.
No hay una estrategia que se encamine a
detener la práctica de la desaparición forzada de personas. Y se ha dejado
avanzar el fenómeno hasta el punto de hablar de más de 110 mil desapariciones
en el país. Lo que ha llevado para que organismos internacionales hagan
observaciones preocupadas para el Estado mexicano tome medidas muy concretas y
alivie esta situación que ha instituido la tristeza y desesperación en más de
un centenar de miles de hogares en México.
Ahora no basta con exigir justicia para el
caso de Rosario Lilian y para Sandra Luz. Aún si los responsables comparecen
ante la autoridad competente y son juzgados, la herida no cicatrizará tan
fácilmente, porque desde la pérdida de estas dos ejemplares madres, nació una nueva
mortificación: ¿cómo continuar la búsqueda de sus tesoros (como justamente le llaman a sus familiares) en medio de amenazas veladas o
abiertas?
Una de las deudas que hemos señalado desde
la reunión del 1 de noviembre pasado, es el establecimiento de una mesa de
diálogo permanente, que permita evaluar lo hecho y verle también las orejas al
lobo. Los hechos nos prueban que ese diálogo debió abonarse y no seguir con la
vieja práctica de considerar que el tema no es prioritario. De nuestra parte
hemos insistido que la desaparición forzada es uno de los tres renglones que
conforman la llamada crisis humanitaria, junto a homicidios y desplazamientos.
Que no se nos diga que las cosas marchan bien y el diálogo permanente sale
sobrando. La realidad no sólo resulta más terca que nuestras creencias, es,
sobre todo, más contundente.
Todo el trabajo por hacer en materia de
desapariciones forzadas queda cuestionado con la caída de Sandra Luz y Rosario
Lilian. Tendrá que evaluarse el trabajo de la autoridad no sólo en las
búsquedas, sino en el terreno de la seguridad de cada una de las rastreadoras.
Y no sólo eso, habrá que revisar lo que históricamente se hace por la Fiscalía
Especializada y otros organismos que deben coadyuvar en el trabajo de
búsquedas. Hay muchas denuncias sobre amenazas y las pocas carpetas que
“merecieron” abrirse por ese delito no tienen el final que las víctimas y la
sociedad han esperado. Lo que sí debe estar muy claro para el Gobernador Rubén
Rocha y para la Fiscal General del Estado, es que no podemos continuar la
marcha con las pésimas herramientas y personal disponible. Urge la mesa de
diálogo y oídos receptivos. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com