PERIODISMO EN TIEMPOS DECOVID-19

Si la realidad es fea, no es culpa del periodista.

Enrique Maza

Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Lourdes Maldonado, periodistas caídos este 2022. En tres semanas la violencia cobra la vida de 3 valientes reporteros en México. Y la ciudad de Tijuana vive la vergüenza de perder dos comunicadores en siete trágicos días. De los tres reporteros al menos dos se habían integrado al mecanismo de protección a periodistas, cuyas amenazas reiteradas contra su seguridad personal eran del dominio público. En el caso de Lourdes con un reclamo especial ante el presidente en 2019.

El año pasado murieron nueve comunicadores en ejercicio de su profesión y la cantidad de amenazas contra medios y reporteros fue muy alta. Para el caso de Sinaloa la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos registró hasta el 31 de octubre de 2021 una preocupante lista de 13 reporteros amenazados y 5 medios agredidos de diferentes formas, lo que motivó un informe presentado ante las autoridades del estado que iniciaron su gestión el 1 de noviembre. Hay carpetas de investigación abiertas en los diferentes casos, pero desconocemos la suerte que corrieron las mismas.

Este martes 25 fue de protesta y de indignación de miles de trabajadores de la comunicación en todo el país. La jornada nacional concentró a decenas de reporteros en cada ciudad participante. Esta movilización es una respuesta mucho más masiva que otras ante el homicidio a periodistas, lo fue también pronta y oportuna. Quizá con el ingrediente de mayor solidaridad y acercamiento entre el gremio. En Culiacán, la memoria y figura de Javier Valdez estuvo presente en pancartas y consignas durante el acto.

Durante el plantón de protesta en Catedral y las letras que conforman el nombre de nuestra ciudad, no podía olvidarse que hay una iniciativa de Ley de Protección a Activistas de Derechos Humanos y Periodistas que sigue en la congeladora del Congreso del Estado y que, después de tres años, habla del desdén del Poder Legislativo hacia periodistas y activistas, muy a pesar de que 2021 no fue nada fácil para el ejercicio del periodismo en el estado de Sinaloa. Se ha dicho en los últimos días que esa iniciativa entrará en la recta final. Ojalá, pues urge contar con una Ley de protección, que no nos resolverá el problema central, pero es un referente muy importante y que obliga a la autoridad a ser menos omisa.

En el acto de Culiacán había muchos periodistas jóvenes, como América Armenta y Marcos Vizcarra, pero la presencia de Carmen Aída Guerra, Machángeles Moreno, Ismael Bojórquez, Roy Angulo, Rosa María Ríos y Sibely Cañedo, le daban esa pátina de seriedad y madurez que los movimientos necesitan para ganar presencia social y hacer valer sus reales. Falta sin duda apuntalar algunas iniciativas que como gremio y que como sociedad civil (que no faltaron algunas personalidades como Enrique Díaz Terán, Sara Acela Galaviz y el maestro Carlos López) debemos realizar. Me refiero a establecer mecanismos de vigilancia y acción que nos permitan registrar hechos y hacer denuncias oportunas cuando se agreda a periodistas. Esa es una tarea pendiente y que debe pautar nuestra agenda para este 2022.

Estamos urgidos de que haya una nueva política pública en relación al ejercicio de la libertad de expresión y de que esa política vaya creando el marco en el que se pueda trabajar sin el temor de amenazas de ningún tipo y de ninguna instancia (oficial o privada). Nuestro gobierno estatal nos debe el planteamiento de las bases de esa nueva política, el establecimiento de instancias que velen por la aplicación de la nueva concepción y práctica en materia de libertad de expresión y el cuidado que demanda ejercer dicho oficio.

Por lo demás, de la pandemia no estamos sacando las lecciones que el sentido común aconseja. Lo señalo porque entre las cosas que los expertos ambientalistas nos dicen es que las empresas mineras, además de las que responden a la producción masiva de alimentos ligados a las transnacionales, tienen una estrechísima relación con el deterioro del medio ambiente y propician las condiciones para el surgimiento de problemas de salud a través de verdaderas crisis sanitarias regionales o de pandemias. México tiene un gran riesgo en ello, pues la Ley de minería que nos heredaron los anteriores gobiernos declara la minería como de interés nacional. El 40 por ciento del territorio nacional está concesionado a compañías mineras, cuya mayoría son extranjeras.

Estamos cargando con varios problemas que en algunas regiones ya son tragedias: hay un deterioro creciente del medio ambiente a sus alrededores, contaminan el agua, saquean las riquezas sin obligación legal de pagar las tasas de impuestos que deben enterar, los trabajos a nuestros obreros son mal pagados, el oro y la plata que producen se va directo al extranjero. Recientemente se reanudó la Minera San Rafael, de la America’s Gold & Silver en Cosalá. Se presumen los supuestos empleos que dará; pero para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, que atendió una queja durante la larga huelga que se vivió en dicha empresa, no se puede ignorar el deterioro que impone al medio ambiente, la contaminación de una parte de las aguas que hoy consume la ciudad de Cosalá, las condiciones de trabajo indecentes de acuerdo a la OIT (inhumanas desde el criterio de derechos humanos) y muchas otras cosas. ¿Se revisarían todas estas cosas por las autoridades del trabajo? No dudo de que habrá algunos empleos, pero ¿a qué costo social? Esos empleos de hoy pueden convertirse en una tragedia mayor. La huelga nos lanzó un S.O.S. No lo atendimos. Vale.