¡Cruel conflicto,
venir a este mundo para corregirlos!
Shakespeare
Algunas
casualidades, actitudes y hechos,
alimentan nuestras preocupaciones. ¿Cómo interpretar la actitud de la autoridad
municipal de Mazatlán que nunca detuvo los preparativos para la realización del
Carnaval de este año? Mientras el gobernador Rocha afirmaba que la autorización
estaría sujeta al comportamiento del semáforo de la pandemia y a la opinión
autorizada de la Secretaría de Salud local. En tanto observábamos la conducta
errática del dichoso semáforo, nos sorprendió que el Químico Guillermo Benítez,
presidente municipal de Mazatlán, nunca hizo un alto en los preparativos.
Y los mismos incluyeron concentración de muchas personas
para la elección de personajes del Carnaval y un desfile, desde luego, para
presentarlos en público y promover la fiesta de la carne y de los negocios en
grande de algunos empresarios. Mortificados por la casi segura ruta de los
contagios en las fiestas carnestolendas, las comunidades de Topolobampo,
San Miguel y Villa de Ahome, en el norte suspendieron esas celebraciones. Y con
mucha razón, pues las experiencias de 2020 no fueron gratas en el terreno de
contagios y fallecimientos por Covid-19.
La pasada navidad no nos detuvo a pesar de los
llamados y advertencias de la OMS. La alegría, las celebraciones y las
concentraciones de familias y grupos sociales se multiplicaron, pesaron más que
la prudencia. En enero las consecuencias se vinieron de golpe. Apenas vemos un
poco más claro que las cosas pueden componerse y, sin mediar las
consideraciones que hacen las autoridades sanitarias, que son las indicadas en
tiempos de emergencia para orientar el comportamiento oficial y ciudadano, de
acuerdo a la Ley Federal de Salud y la correspondiente local,
se resuelve realizar el Carnaval. La decisión fue claramente política, no bajo
criterio sanitario.
No lo decimos nosotros, así lo dejó claro el
día 19 del presente el secretario de salud, MelesioCuén: “yo no he autorizado el carnaval”. Y lo ratificó el
gobernador Rocha Moya: “el (Cuén) aclara que no lo
autoriza, él da su opinión. Nosotros consideramos otras cosas”. Pero más allá
de estas declaraciones, no deja de preocupar muy seriamente que mientras se
decide con criterios científicos o políticos, las autoridades de Mazatlán no
hicieron el alto, el compás de espera mínimo, en respeto al derecho humano a la
salud de los sinaloenses y a las autoridades de salud y políticas estatales.
Hicieron contratos y continuaron con los preparativos con una actitud que
manifestaba que el Carnaval se llevaría a cabo de cualquier manera.
El que se haya declarado que el semáforo
sanitario pasó de anaranjado a amarillo salvó de alguna manera los apuros en
los que estaba el gobernador, pero para muchos ciudadanos ni fue una decisión
técnica muy natural lo que llevó a cambiar en positivo el semáforo ni hace ver
al maestro Rocha como la autoridad a la que se dispensó la deferencia que le
corresponde como la primera autoridad política del estado. Dos factores brillan
en estas circunstancias a pesar del cambio de régimen político: el poder del
dinero y la irresponsabilidad política.
Con todo lo mal resuelto, deseamos que las
consecuencias que el Carnaval traiga sean lo menos severas posibles. Se han
prometido muchas medidas para controlar aforos y conductas humanas en la fiesta
del rey Momo y de reinas de la belleza. Centenares de policías, drones y
sustancias sanitizantes, ¿serán suficientes esas
prevenciones en una población con la cultura nuestra? Más aún en un ambiente
donde son verdaderas masas las que se mueven dando forma y contenido al
Carnaval. Y donde el alcohol invita a brincar trancas y desobedecer
autoridades.
El viernes 18 el Congreso del Estado llamó a
Parlamento Abierto para comentar la Iniciativa de Ley de Protección a
activistas de derechos humanos y periodistas. Desde 2019 estaba en la
congeladora. Hoy parece que caminará en breve hacia su aprobación. A reserva de
ver la suerte que correrá el esfuerzo de activistas, periodistas locales y las
organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, CPJ y Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, hoy saludamos
esa intención diciendo enhorabuena. Por fin contaremos con una Ley en la
materia y, esperamos, con una institución que dé verdadero cobijo a reporteros
y defensores de derechos humanos.
Fallece Atanacio
Loza Bazán, controversial activista magisterial, un gran conversador como su
abuelo y tocayo, un profundo conocedor de historias del Viejo Oeste
Norteamericano y sensible hasta las lágrimas en la formación de niños y jóvenes
con capacidades diferentes. También se va Sergio Jacobo Gutiérrez, adelantado
exalumno de mis clases de historia. Temprana pluma con brillo y de quien esperé
siempre más como intelectual que como político. Descansen en paz ambos
sinaloenses. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com