El solsticio de invierno fue para nuestras
culturas prehispánicas motivo de celebraciones. Y también una convocatoria para
reiniciar con nuevos bríos y ánimos el camino de la vida. El Sol hacía un alto
en su trajinar antes de volver a su repetida ruta cósmica, según las creencias
de nuestros abuelos. Veinte días duraban las fiestas (un mes del viejo
calendario) y en ellos también maduraban las ideas y proyectos a desarrollar en
el siguiente año solar. Nuestra cultura mestiza refleja buena parte de aquellas
vivencias, enriquecidas por el catolicismo que llegó con la conquista y moldeadas
con la pátina que los tiempos presentes y la mercadotecnia les han impuesto.
Con todo ese fardo cultural a cuestas, es bueno desear un gran año 2023 para
México y para cada uno de sus ciudadanos.
Quiero hacer presentes algunos de los
puntos que me parecen deben dar cuerpo y alma a la agenda para este año que
apenas hace sus pininos: la crisis humanitaria que
vive el país, el trato a periodistas y defensores de derechos humanos, la
agenda 2030 (medio ambiente y rellenos sanitarios) y el XL aniversario de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
Al tocar las coordenadas más sensibles de
nuestra geografía económica, política, social y ambiental, digamos que el país
y Sinaloa están urgidos de un cambio en el estilo de gobernar y en el discurso
oficial. Si los esfuerzos que se realizan para mejorar la vida pública y
ciudadana han dado resultados, justo es que sean reivindicados por la autoridad
y se reconozcan por la ciudadanía. Pero hacerlo no debe nublar la vista sobre
la magnitud de lo que resta por hacer. Esto es tan válido en materia de
seguridad como en el resto del quehacer público.
Citemos como referencia los 2 millones 59
mil 798 carpetas de investigación abiertas durante 2021, para dimensionar el
mundo de trabajo que tiene la FGR y las FGE de los estados. El INEGI nos dice
que esta cifra se incrementó en 8.5 por ciento respecto de 2020. En
declaraciones recientes José Luis Pérez Canchola,
protector de migrantes en Tijuana, mostraba preocupación por el galopante
incremento de las carpetas de investigación. –Hace algunos años se registraba un
millón y cuarto, y hasta un millón y medio de carpetas de investigación. –Dijo.
–Ahora se abren más de dos millones de carpetas anuales. –Una sombra de
mortificación invade su rostro antes de concluir. –No hay capacidad
institucional para atender todo ese trabajo.
Tiene razón, pues al no concluirse el
total de las carpetas registradas hay un acumulado anual que hace crecer la
montaña del trabajo pendiente. En la gráfica respectiva, el INEGI nos dice que
en 2018 se alcanzó el número de 1 millón 655 mil 813 de carpetas acumuladas;
estas llegaron a 2 millones 237 mil 772 en el año 2019 y alcanzaron una nueva
cima en 2020 con 2 millones 508 mil 243 carpetas abiertas. El año de 2021
alcanzó la cifra de 2 millones 629 mil 790 carpetas que demandaban conclusión. No
disponemos aún de números para 2022, pero no nos aventuraríamos a decir que la
curva tiende a caer.
Y en ese terrible universo que empequeñece
los esfuerzos que se realizan en materia de prevención del delito y procuración
de justicia, Sinaloa, estando muy por debajo de la media en registro de
carpetas de investigación, no escapa al destino trágico que viven los trabajos
de investigación en el resto del país. El año de 2021 se iniciaron 26 mil 027
carpetas de investigación, se concluyeron 7 mil 929, pero en el acumulado anual
quedaron pendientes de concluir 74 mil 704. Llama la atención que, de las 26
mil 027 investigaciones iniciadas en Sinaloa en el año mencionado, solo en 993
aparece algún inculpado, mientras que en 25 mil 33 no se señala a ningún
presunto responsable. ¿qué suerte tendrá esta cordillera de denuncias en las
que se documentan delitos, pero los culpables se vuelven fantasmas?
La crisis humanitaria no nos abandona. Lo
hemos dicho en repetidas ocasiones. No desmentimos las cifras oficiales sobre
homicidios, desplazamientos internos y desaparición forzada de personas, en
Sinaloa y en el país, pero esos números que nos dicen han iniciado la cuesta
hacia el nadir, están lejos aún de alcanzar el nivel que nos permita hacer
cuentas alegres en el campo de seguridad. Y junto con ello está el renglón de
trato a periodistas. Sin haber resuelto el caso de Luis Enrique Ramírez, este
año nuevo nos desayunamos con la noticia de que el reportero Ernesto Martínez
“el Pepis”, fue agredido por un agente de la Policía
Estatal, quien lo encañonó con su arma, mientras cubría un evento. No hubo la
mejor respuesta sobre los hechos desde la autoridad, lo que deja abierta la
posibilidad de repetición de las agresiones. El despertar de este 5 de enero
fue el Culiacanazo 2.0. Preocupante.
Este 2023, la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos en Sinaloa cumplirá 40 años de actividades. Trabajo que no se
interrumpió ni con la pérdida violenta de los compañeros Jesús Michel Jacobo en
1987, Norma Corona Sapién en 1990 y de Jorge Aguirre
Meza en 1999. Como origen es destino, todos los eventos que realizaremos para
conmemorar el cuadragésimo aniversario estarán encaminados a refrendar nuestra
vocación de servicio y el lema que dará vida a nuestros afanes este año: Cuatro
décadas, la misma utopía: vigencia de los derechos humanos. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com