Y
era un sabor de mazorca que dobla la caña con su peso.
Rosario
Castellanos
Algunos martes
13 nos resultan un tanto amargos y desafortunados. Ese día del mes de agosto de
1521 cayó Tenochtitlan y comenzó un interminable calvario de tres siglos para
lo que hoy es México. Este martes 13 de junio, un número importante de
productores de maíz acudieron a Palacio de Gobierno y no fueron atendidos.
Luego tomaron el Boulevard Emiliano Zapata y marcharon rumbo al aeropuerto en
protesta porque no hay acuerdo en precios de garantía para más de 3 millones de
toneladas del grano. La autoridad policial bloqueó la entrada a la terminal
aérea y los productores continuaron a pie hasta las instalaciones de ese puerto
aéreo.
Quedaron bloqueadas
las entradas hacia las salas de espera. Muchos viajeros no pudieron salir. Hubo
algunos detenidos que visitaron la Barandilla municipal. Se alteró la vida de
la ciudad por la tensión que todo esto genera. Llama la atención el marco en
que se da la movilización: se ha dicho en voz baja y a pecho abierto que
quienes impulsan las movilizaciones son los medianos y grandes productores (de
más de 20 hectáreas) y que hay intereses de llano choque contra el gobierno
federal, también digamos que en vísperas de la marcha y toma del aeropuerto, el
gobernador declaró que si se movilizaban no les comprarían su maíz.
No deseo poner
en duda lo primero, pero la opinión del gobernador tampoco me pareció la más
juiciosa para este momento crítico. Confieso que las acciones de los maiceros
(impulsadas si se quiere por los grandes productores) y las reacciones de la
autoridad (con declaraciones y movimiento de policías armados), me remite a
hurgar en los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-24 y a
plantear algunas consideraciones sobre el problema del maíz.
En el eje 3 de
ese plan se reivindica como objetivo la autosuficiencia alimentaria y el
rescate del campo. Y se hace reconociendo algunas dolorosas verdades: “El
sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas
neoliberales”. Y buscando enmendar entuertos del empobrecido campo, más
adelante plantea: “El gobierno federal se ha propuesto como uno de sus
objetivos romper ese círculo vicioso entre postración del campo y
dependencia alimentaria”. Y el programa de que echa mano, dice: “Está orientado
a los productores de pequeña y mediana escala, beneficiará a unos 2.8 millones
de pequeños y medianos productores (hasta 20 hectáreas), que conforman el
85 por ciento de las unidades productivas del país, con prioridad para 657
mil pequeños productores indígenas”.
No está mal,
pero hay dos cosas que no contempla el Plan Nacional de Desarrollo: la
dimensión que entraña la autosuficiencia alimentaria y la necesidad de
incorporar a la otra parte de productores del campo. Sí, a los medianos y
grandes propietarios. Porque si la meta a perseguir es la soberanía alimentaria,
con ese 85 por ciento de unidades productivas de que habla el Plan no se puede
resolver el problema; es más, en las condiciones actuales ni incorporando a los
productores privilegiados del campo se puede alcanzar la autosuficiencia
alimentaria. Esta es nuestra realidad: México demandó el año pasado 45 millones
de toneladas de maíz y sólo produjo 28, por lo que tuvo que importar 17
millones de toneladas.
Y le tuvimos que
perder el amor a unos 6 mil millones de dólares para traer ese maíz. Por eso
creo que debe revisarse la política pública aplicada hasta hoy en materia de
autosuficiencia alimentaria.
En la primera
parte del Plan Nacional de Desarrollo se plantea como consigna que “el mercado
no sustituye al Estado”, pero lo hecho en estos años de la administración
amlovista no está lejos de ello en el tema maicero. Seguimos dependiendo,
inexplicablemente, de lo que imponga la Bolsa de Chicago. Y a pesar de la
calidad de nuestro maíz y de lo que implica como horcón del medio de la cultura
nacional. En el amanecer del Plan de Desarrollo se planteó como precio de
garantía “5 mil 610 pesos la tonelada de maíz”. Cuatro años después, contando
la doble crisis sanitaria (Covid-19) y económica y el fenómeno inflacionario
actual, la lucha es por un precio de garantía de apenas 7 mil pesos la
tonelada.
Sin maíz no hay
país, dice la sabia consigna de muchos mexicanos. En el grano y en la mazorca
descansan cuna y civilización mesoamericana. Hemos evolucionado juntos. Cosmovisión
y alimento del alma se generan en el grano que va al vientre de la madre tierra
y que nos obsequian multiplicado los dioses Centéotl (aztecas) y Yum Kaax
(mayas). Nuestra andadura ha ido a la par durante milenios y los pasos que
demos al futuro serán de la mano del maíz.
En el Plan de
Desarrollo se dice que las políticas oficiales (anteriores) favorecieron las
agroindustrias y megaproyectos y condenaron al abandono a comuneros,
ejidatarios y pequeños propietarios. Es cierto. Como también lo es que esas
grandes empresas siguen funcionando sin que haya políticas alternativas. Y como
no hay otra realidad, con esas chivas tenemos que buscar la solución de esta
coyuntura. Hay una propuesta desde los mismos productores que va cobrando
fuerza: que en lugar de comprar los dos millones de toneladas a que se
comprometió el gobierno y a las que luego tendrá que buscarles mercado, se
subsidie toda la producción de 5 millones y medio de toneladas con mil
quinientos pesos por tonelada. El costo de la compra de 2 millones de toneladas
de maíz a 6 mil 965 pesos es de 13 mil 930 millones de pesos. Es la solución de
gobierno. La propuesta no gubernamental es el subsidio de mil quinientos pesos por
tonelada a la producción total de 5 millones y medio de toneladas. Su costo es
de 8 mil 250 millones de pesos. Se movilizarían 5 mil 680 millones de pesos
menos. Y el gobierno no tendría que buscar almacenaje y ni mercado a lo que
pretende comprar. Ojalá coincidan las cuentas y las intenciones políticas.
Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com