La Montaña

MARÍA LUISA, TE PEDIMOS PERDÓN.

Sólo el silencio oye latir un corazón que grita sin sonido.

Silvestre Revueltas.

Las tragedias del mundo rodearon su cuna y esculpieron su breve vida. María Luisa, a quien hasta los medios le regatean sus apellidos, fue Mujer, indígena (tarahumara), jornalera migrante y con lengua materna rarámuri que sobrevive a cinco siglos de exclusión social. Un día salió de su pueblo, San Rafel, municipio de Urique, enclavado en las estribaciones de la Sierra de Chihuahua, cargando una pequeña hija y con la ilusión de ganarse el pan para las dos. El mundo para ella no se dilataba más allá de las barrancas vecinas de su pueblo.

La comunidad de San Rafael no garantiza la alimentación que demandan sus habitantes, tampoco la educación con la pueden soñar sus jóvenes generaciones y los inviernos se vuelven particularmente crudos y despiadados para sus humildes moradores. Urique colinda con el municipio de Choix, donde sobreviven sus parientes rarámuris en la comunidad y centro ceremonial de La Cieneguita de Núñez. La vida y el clima son más rigurosos en la Sierra de Chihuahua que en nuestro estado. Y una oportunidad de trabajo y vida en las últimas temporadas es bajar a los valles del norte de Sinaloa, pues hay trabajo.

Con 26 años a cuestas, con una niña de cuatro abriles y desconociendo qué condiciones laborales y sanitarias les esperaban, al igual que el resto de los miembros de la etnia rarámuri que se alquilaron en los campos del norte del estado, así arribó María Luisa a Juan José Ríos. El choque con la nueva realidad no se hace esperar: en la sierra se queda la vegetación de altura, un clima más sano, comida escasa pero sin contaminantes y techo humilde pero acogedor. En el valle se encuentran una cuartería inmunda donde los patrones ubicarán hasta tres o cuatro familias por cuarto, sin guarderías para los niños, sin atención médica ni vigilancia de las autoridades del trabajo ni la que corresponde a las de carácter político.

Encontraron trabajo, pero no los frutos que el trabajo debe garantizar. El idioma se vuelve una barrera infranqueable y en María Luisa debió ser vértice de muchas otras cosas que poco ayudaron a que enfrentar su nueva situación de vida como jornalera y madre. No tenemos los testimonios de las familias vecinas sobre el desenvolvimiento de su estancia como obrera y como residente de ese asentamiento, pero de las historias encontradas por periodistas, por autoridades de salud, por el doctor Martín Ahumada Quintero, presidente municipal de Guasave y por Tere Guerra, Secretaria de la Mujer, ¿cómo pensar que el infierno encontrado le ayudaría a la jornalera migrante a triunfar en estas tierras?

El mundo se vino encima en esa cuartería de Juan José Ríos, pues se descubre el cuerpo semienterrado de una niña junto a un dren el 21 de marzo: era la hija de María Luisa. La Fiscalía aseguró que la pequeña fue asesinada y que la autora del crimen era su madre. Las conclusiones de la Fiscalía nos dejaron no pocas interrogantes en los días posteriores, pues no convenció del todo su trabajo. Ese mismo día 11 niños fueron reportados en malas condiciones de salud y tenían tres días sin comer. Todos en esa cuartería. Para el día 23 se habían contabilizado 70 niños que no iban a la escuela, con diversos problemas de salud y habitantes de 20 cuarterías. Hubo alrededor de ocho niños fallecidos a consecuencias de las condiciones mencionadas. El entorno en que vivieron como trabajadores de empresas exitosas, dibuja a detalle la explotación que sufrió María Luisa y la que padecieron sus paisanos y hermanos de etnia.

El 13 de abril pasado María Luisa fue detenida y luego vinculada a proceso como responsable de la muerte de su niña y por su ilegal inhumación. Días antes, la doctora Elga Pérez Félix, quien había localizado a María Luisa, advirtió de las precarias condiciones psicológicas en que la había encontrado. Ese dato no pasó inadvertido por Tere Guerra y planteó la necesidad de que se valorara a la rarámuri, con el fin de que la impartición de justicia se ubicara lo más cercano a la verdad y a lo justo. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos coincidió con la Secretaria de las Mujeres. No nos escucharon. El elemento fuerte era que María Luisa había confesado su responsabilidad en los delitos imputados.

Esta nueva situación vuelve a movernos el tapete a todos, pues se le vincula a proceso en un juicio en que el idioma oficial y oficioso es el español y cuando la acusada sólo responde a la lengua materna rarámuri. Las valoraciones psicológicas solicitadas por Ismujeres y por la Cddhs no fueron preocupación de primer orden en la Fiscalía y en juzgado que tocó el caso. Los temores de que algo malo podía suceder de no atenderse la situación de su estado de salud mental, se convirtieron en una lamentable realidad. El colmo dentro de las cosas que nos causa enojo: ante la insistencia de atención psicológica para María Luisa, quien se encontraba en el penal de Angostura sujeta a proceso, este martes pasado llegó la autorización para ser internada en el Hospital Psiquiátrico. El documento llegó horas después de su fallecimiento.

¿Fue suicidio? Es probable que sí, pero hay tantas fallas en este caso que las dudas vuelven a tomar fuerza. Y no nos ayuda a pensar diferente el hecho de que la tragedia de la cuartería de Juan José Ríos tiene otras aristas que no han sido atendidas. El sentido común inclina a preguntarse, ¿si se abrió una carpeta de investigación sobre la situación que se encontró en la cuartería de JJR, por qué no hay presuntos responsables respondiendo ante un juez por los delitos cometidos? No conocemos acción desde las autoridades laborales, ni de procuración de justicia buscando el castigo para quien resulte responsable. Y no menos grave es que el Congreso del Estado esté al margen de una legislación que impida una infamia como esta en lo futuro. Ojalá que por respeto a la memoria de los niños fallecidos por inanición y otras omisiones graves emparentadas con la explotación y la exclusión social, los diputados cambien de actitud ante la tragedia. Vale.

Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/
Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com