Para hablar del prejuiciado
caso Dreyfus (Francia 1894), Anatole France escribió La Isla de los Pingüinos.
Fue su manera de cuestionar el sistema de justicia francés y los prejuicios
sociales que le imponían límites inaceptables. Los intereses creados y la
corrupción hacían de las instituciones de procuración y administración de
justicia francesas del siglo XIX, un monstruo que poco tenía de afín con los
valores y el ideal de la verdadera justicia.
Quiero tocar un
caso muy concreto y que atañe a la Fiscalía General del Estado, pero como
Anatole hago uso del recurso de lo imaginario para plantear los recovecos del
caso y las consecuencias que tiene, mientras los compromisos de la institución
con la sociedad quedan en medio de una gran interrogante. No se puede abordar
de otra manera, como el cuerpo de esta denuncia dará a entender plenamente. Una
cosa queda tan clara como el agua: callar en estas circunstancias es
simplemente alimentar la impunidad y permitir el hundimiento de la Institución
del Ministerio Público.
Un joven
presenta una denuncia por amenazas, mientras su familia interpuso otra por
desaparición del mismo. Dichas acciones toman cuerpo en el año 2022. Domicio,
el joven del que hablamos, siempre tuvo fe en la autoridad y en las
instituciones. Por su dicho, no siempre recibió el mejor trato de los
ministerios públicos que atendieron su caso. Las amenazas regresaron con mayor
insistencia y él buscó que las instancias que conocían su caso le dieran el
seguimiento a que estaban obligadas. A los agentes investigadores del caso les
ganó el principio de fatiga y el desgano. Por momentos su actitud hacía pensar
que trabajaban para la contraparte.
Acudió ante la
CEDH, con la esperanza de que al intervenir el organismo oficial de derechos
humanos las carpetas de investigación caminaran, se protegieran la integridad
física y moral del peticionario y todo concluyera con el triunfo de la justicia
y la tranquilidad de Domicio y su familia. Pasaron los meses y las carpetas de
investigación durmieron el sueño de los justos. Domicio no descansó, con la
frecuencia que le permitía su trabajo y la ya intranquila vida familiar, siguió
asistiendo a las agencias que llevaban las mencionadas denuncias.
En los últimos
meses, sobre todo en las últimas semanas, adivinaba hasta las frases de los
agentes de investigación encargados de su caso y de los ministerios públicos,
palabras con las que buscaban una excusa por lo que no habían hecho. Pero nunca
quiso que eso se volviera rutina y terminara por derrumbarlo. En cada visita a
la autoridad buscó inyectarle ánimos a cada diligencia que se realizaba, aunque
no encontrara eco entre los servidores públicos.
Pero una
fatídica ecuación lo acompañó desde que su problema arrancó en ese malhadado
2022: en la medida que él insistía más en que la autoridad le hiciera justicia,
la persona que lo había amenazado y que también lo privó de la libertad por un
tiempo, más arreciaba las amenazas y presiones en torno suyo. Cuando le
informaban a la contraparte de las visitas de Domicio a las oficinas del MP,
entraba en cólera y presumía públicamente que no importaba, que la autoridad la
tenía comprada y disponía del dinero suficiente para seguirlo haciendo.
Una buena
pregunta es ¿quién le informaba a ese mal ciudadano?
Un tanto
desesperado por que su causa se había tullido en las oficinas de los
ministerios públicos y en el interesado desgano de los agentes de
investigación, Domicio buscó apoyo para ver a alguno de los jefes principales
de la Fiscalía. Lo logró al fin. Y al salir de las oficinas de la Fiscalía, su
semblante lucía más sereno y tranquilo, pues su fe en que la institución le
haría justicia se había fortalecido en ese momento.
Pero la realidad
suele ser más terca que nosotros y nos obliga a rectificar nuestra manera de
ver y calificar los hechos. Todavía hacían eco las palabras del vicefiscal en
nuestros oídos, por los compromisos de dar el debido seguimiento a las
carpetas; todavía estaba caliente el asiento que ocupó Domicio en la oficina
del alto funcionario; todavía no se borraba su sonrisa de esperanza, cuando el
destino dio un giro inesperado en ese momento, pero sí temido desde hace
tiempo: Domicio fue asesinado. Las cosas no terminaron allí, pues su padre fue
privado de la libertad unas horas después, sin que le permitieran llorar a su
hijo y sepultarlo como mandan nuestras costumbres.
Entre las
conclusiones obligadas señalemos: que la Fiscalía no cumplió su compromiso de
procurar justicia. Que, a pesar de solicitarle protección para la familia,
actuaron más pronto los delincuentes y privaron de la libertad a don Domicio.
En la audiencia Domicio denunció que cuando él se escondió para evitar más daño
de la persona que lo amenazaba, el único que sabía del domicilio era el agente
investigador. Quien lo amenazaba de pronto se presentó en ese lugar. ¿Quién le
informó del domicilio? No cabe duda de que el pecado de filtrar información
pudre a la Fiscalía. Y la impunidad ronda las carpetas de investigación y las
oficinas del MP. La Fiscalía sólo puede reivindicarse en lo elemental a
condición de que salve la integridad física y moral de don Raymundo y haga
comparecer ante la justicia a quienes le arrebataron la vida a este joven que
se fue creyendo que nuestras instituciones cumplirían plenamente con su misión.
La Fiscalía no tiene disculpas ni mucho tiempo para cumplir. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com