Aún no digerimos
la mala nueva: un supuesto centro de rehabilitación mantenía en cautiverio a 57
jornaleros y albañiles. Dice la Fiscalía que eran explotados laboralmente y
abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. Una
nueva forma de esclavitud se presentó en Angostura, donde operaba dicho centro.
Y ha trascendido que en Ahome ya se investiga otro local del que se señala da
abrigo a violaciones elementales a la dignidad humana como el mencionado.
Nos invade otra
preocupación que tiene vasos comunicantes con al menos dos instancias
gubernamentales: la Secretaría de Salud y la Dirección del Trabajo. Lo decimos
porque hay cientos de los llamados centros de rehabilitación en el estado de
Sinaloa, de cuya mayoría quizá tenga conocimiento la autoridad de Salud, pero
no hay registro formal ni la supervisión debida. La Norma Oficial Mexicana 028
en esas circunstancias es un punto ajeno a dicha materia. Y las posibilidades
de control de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones (CEPTCA), sobre los centros de rehabilitación son dramáticamente
limitadas. Por eso suceden situaciones como la mencionada en Angostura sin que
se registren por las autoridades de salud.
La otra oficina
gubernamental que duerme el sueño de los justos es la Dirección del Trabajo y
su apéndice: la Procuraduría del Trabajo. No dudamos que falta legislar en la
materia, pero ese espacio público muestra año por año que no tienen los
suficientes inspectores, seguramente tampoco el presupuesto que requiere y, lo
peor, la vocación por cumplir la misión de velar por el respeto a los derechos
laborales es un asunto que no pasa por las mentes de quienes están al frente de
esa dirección. Y lo decimos porque ni el escándalo que resultó de las cuarterías
de Juan José Ríos en marzo pasado hizo posible sacudir la modorra y la herrumbe
que se vive en la Dirección del Trabajo.
Todos pudimos
enterarnos que 72 niños en edad escolar que vivían con sus familias en esas
cuarterías, no asistían a ninguna escuela porque nadie se preocupó, ni patrón
ni autoridades, para que hubiera aulas disponibles para esos infantes. La
Dirección del Trabajo se enteró junto la sociedad, luego del alboroto del día
21 de marzo y siguientes, que murieron ocho niños por causas emparentadas con
la desnutrición, hacinamiento y condiciones de extrema pobreza en que se
encontraban sus familias. Atrás de todo ello había campos agrícolas y
condiciones de trabajo para los jornaleros (padres de esas infelices
criaturas), desconocidas para la Dirección del Trabajo porque nunca hicieron
una visita de inspección.
Pero los
funcionarios de la Dirección del Trabajo no han aprendido la lección, pues se
da un nuevo escándalo con el caso del centro de rehabilitación de Angostura y
toman nota, si es que la tomaron, cuando por otros medios ellos y nosotros nos
enteramos de un caso grave de retención y explotación de trabajadores.
Esclavitud le llamaron algunas instancias y personas interesadas en el caso. Y
como Ascensión Zepeda, director del trabajo, no se tibia ni con la canícula que
padecemos en estos días, menos con las infamias registradas en los 57
trabajadores rescatados en Angostura, adelantemos algunas acciones que impidan
otras canalladas.
La temporada
hortícola 2023-24 llegará en poco tiempo. No esperemos protestas porque a los
jornaleros no se le entregan ni equipo de seguridad ni herramientas de trabajo
de parte de los patrones, tampoco accidentes para entrar en el tema, pero con
el alto costo de incapacidades temporales o permanentes de los trabajadores o
pérdidas de vidas por riesgos de trabajo. Es necesario plantear desde ahora,
que la Dirección del Trabajo tenga un plan que le permita solicitar con tiempo
a las empresas la información sobre el equipo de trabajo y las herramientas necesarias
para el desempeño de las labores de los jornaleros.
El mismo plan
debe contemplar al menos dos visitas a dichos centros de trabajo, pues no habrá
otra manera de que se cumpla con lo que establecen las leyes laborales y de que
haya el respeto mínimo a la dignidad humana de esos trabajadores. De nuestra
parte, planteamos estar en observancia permanente para que la Dirección del
Trabajo cumpla con sus tareas.
Y como lo
sucedido en Angostura es solo la punta de una larga madeja, no estará mal que
los ciudadanos nos volvamos más sensibles, hasta quisquillosos, cuando
observemos cosas y comportamientos de empresas, de contratistas, que no encajan
con las costumbres laborales que todos aceptamos y que chocan con las leyes y
derechos que consagra la Constitución. Preservar nuestros derechos exige mantener
la guardia en alto y nos plantea que allí donde hay personas y grupos
especialmente vulnerables, la vigilancia sea con mayor celo, porque al menor
descuido puede repetirse la tragedia de marzo en Juan José Ríos y lo aquí
señalado en el centro de rehabilitación de Angostura. Insistamos en la cultura
de respeto a los derechos humanos como la forma de convivir en paz y de hacer
justicia a los más desprotegidos de la sociedad. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com