QUINTO DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS

El dolor y la memoria no se miden en los relojes.

Isabel Allende

Hemos registrado ya el quinto desplazamiento interno en Sinaloa. Todos, sociedad civil y gobierno, volvemos a vivir y padecer los dolores que impone el desplazamiento de familias por razones de violencia. Sin poder resolver los lastres, heridas y empobrecimiento que dejaron las diásporas de habitantes de la sierra sinaloense de 2009-12, 2015, 2017 y 2020, hoy regresamos, de alguna manera, al punto de partida del desplazamiento que vivieron comunidades de Choix, El Fuerte, Concordia, Mazatlán y Sinaloa municipio por allá en 2009 hasta 2012. Que nos vuelva a suceder deja el mal sabor de boca de incapacidad para evitar la no repetición de los hechos.

Aunque el número de quienes han buscado refugio en la ciudad de Guamúchil después de la violencia registrada en varias comunidades de Sinaloa municipio, cuyos ecos de miedo han repercutido en otras rancherías del vecino municipio de Mocorito, no sea hasta tan grande como tres de las cuatro diásporas anteriores, lo cierto es que replantean en términos similares los peligros que entraña la explosión de violencia en cualquiera de los puntos geográficos de Sinaloa. Lo que viven esos desplazados en la humanidad de personas mayores, discapacitados, enfermos crónicos, mujeres con maternidad reciente y niños, es una experiencia llena de dolor e incertidumbre.

Del recuento de los hechos sabemos que, desde una comunidad llamada La Sierrita de los Germán, se inicia el enfrentamiento de dos grupos de civiles armados que recorrieron varios kilómetros en sus acciones, sembrando el miedo entre los vecinos de las poblaciones que se encuentran a lo largo de la ruta recorrida en las acciones violentas o que están ubicadas en las coordenadas vecinas de los hechos violentos. Y como el pertenecer a un municipio distinto no salva de ningún riesgo, también pobladores de rancherías de Mocorito, vivieron los mismos miedos y temores que sus vecinos, y también marcharon de sus comunidades hacia Guamúchil en busca de seguridad para sus vidas y familias.

Huir se vuelve un recurso válido y efectivo cuando hay orfandad en seguridad, hay ausencia de autoridad y el poder de grupo de la delincuencia impone sus reales. Por eso hicieron bien esas familias en dejar bienes, arraigo y querencias, buscando un lugar seguro para sus seres queridos. Esas 450 personas (registradas hasta el lunes 1° de agosto) creyeron que en Guamúchil encontrarían apoyo moral y material para sobrevivir a la crisis de seguridad que se les presentó en sus lugares de origen. No se equivocaron, porque en esta ocasión, a diferencia de las otras cuatro anteriores, encontraron una sociedad civil muy sensible a su problema y la autoridad se presentó a otorgar la asistencia que demandaban los desplazados.  

La situación violenta que vuelve a presentarse impone algunas preguntas entre nosotros: ¿Qué se hizo por las autoridades después de 2012, 2015, 2017 y 2020? Porque ni los desplazados pudieron regresar en su mayoría a sus queridos pueblos, ni la paz volvió a pasear sus blasones en esos lugares. ¿Hemos perdido para siempre esas regiones de conflicto? Desconocemos hasta ahora la existencia de algún plan o programa buscando recuperar esos puntos de la geografía para volver asentar a sus poblaciones originarias. No hacerlo será permitir que quienes ejercieron violencia contra los pobladores de esos lugares controlen la economía y a la anémica población que permanece en esos rincones, todo como en los viejos tiempos de la conquista.

De las tragedias anteriores, resultó una legislación sobre el desplazamiento interno que hoy da pauta para el tratamiento del mismo. Es una buena ley, pues atiende los lineamientos de los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU. Pero lo que sería imperdonable es que no se observara de manera celosa su aplicación para el caso presente, como ya ha sucedido no hace mucho al promoverse el regreso de los desplazados de Tepuche, sin atender lo que mandata el artículo 25 de la Ley del Desplazamiento Interno de Sinaloa.

El artículo mencionado ordena que previo a cualquier medida de regreso, la Secretaría General de Gobierno debe elaborar un informe en el que se prueba que las condiciones que hicieron posible el desplazamiento han desaparecido; dicho informe debe ser analizado en la Comisión Intersecretarial que trata el asunto de los desplazados y, de proceder, debe ponerse a consideración de los desplazados.

Ante el temor de que, por presiones de los desplazados o por decisión errónea de la autoridad, se autorice el regreso de los desplazados de los municipios de Sinaloa y Mocorito, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa emitirá este jueves 3 de agosto una Medida Cautelar, promoviendo el respeto irrestricto del artículo 25 de la Ley del Desplazamiento Interno. Hacer otra cosa, es poner en riesgo vidas y seguridad de la población víctima del desplazamiento. Existen no pocos malos ejemplos al respecto en el pasado.

Los desplazamientos internos ponen en duda la estrategia de control, de estabilidad y de gobernanza del Estado mexicano. Y replantea la necesidad de elaborar otra estrategia que sí dé los resultados que la sociedad demanda. En estos momentos se agradece la presencia del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal en la Zona Cero (coordenadas del conflicto), pero ¿por cuánto tiempo tendrán que permanecer en ese rincón de la geografía sinaloense? ¿Su estadía prolongada creará las condiciones de paz y tranquilidad que permitan un sano regreso de la población desplazada? Nada está escrito. Las áreas de gobierno que deben trabajar para prevenir este tipo de situaciones tienen mucho trabajo por delante, para que un sexto desplazamiento masivo por razones de violencia no se repita. Vale.