Sin vivienda no hay arraigo. Sin techo no
hay sentido de pertenencia. Sin morada solo se siente el fragor de la calle y
el rugir de la selva urbana. Sin casa donde proteger a la familia, cualquier
discurso de la autoridad sobre el tema nomás promueve sentimientos de
frustración, si no va acompañado de acciones que construyen vivienda. El
domicilio, el punto geográfico donde se nace o vive, es nuestro referente en
todos los trámites administrativos. Y la aspiración más natural es que sea el
patrimonio familiar. Las coordenadas donde, llueva o truene, deberán
encontrarnos, los que son amigos y no, los acreedores, el SAT y mil
instituciones y personajes más.
El problema de la vivienda, sin haberse
resuelto satisfactoriamente nunca, ha colapsado en las últimas décadas en
México. Se creó el INFONAVIT en los años setenta del siglo pasado con el fin de
resolver buena parte del problema de la vivienda. Los trabajadores con
seguridad social tendrían acceso a créditos y a una casita. Medio siglo después
de creado el instituto y de un proceso de franco deterioro de la esencia de la
institución, la crisis de vivienda se ha profundizado.
Andrés Manuel López Obrador, prometió en
campaña la construcción de un millón de viviendas, porque ese era el
diagnóstico que pusieron en sus manos los asesores. Esa cifra era lo urgente,
lo que en ese momento desesperadamente se demandaba por un millón de familias
que vivían de arrimadas con familiares o que sobrevivían en las invasiones de
la periferia de las ciudades. Todo ello sin contar con los pobres que estudia
Julio Boltvinik, esos que solo cuentan con una pieza
como hogar y que la misma es sala, comedor, cocina y dormitorio a la vez.
Incluyendo a los que tienen una casita de dos piezas. Y que tienen todo el
derecho a aspirar a una vivienda digna.
Algunos números nos pueden ayudar a
dimensionar el drama de la vivienda en México. La Población Económicamente
Activa (PEA) fue en 2022 de 59 millones 900 mil personas. De ese universo
productivo 31 millones y medio tienen empleo informal, es decir, trabajando
carecen de seguridad social. Representan el 55.6 por ciento de la fuerza
productiva y la posibilidad de obtener una casa para vivir a través de un
crédito, por definición es imposible, pues los ingresos son inciertos, de muy
bajo nivel y no son sujetos de crédito, exceptuando para cosas menores como
enseres domésticos y cosas similares.
Las entidades federativas crearon
instituciones que procuraran vivienda y reservas territoriales para gente pobre
en los estados. En Sinaloa se llamó INVIES y ahora CVIVE. Y sus historias no
van más allá de haber terminado a la cola de los grandes intereses de los
fraccionadores. Las ciudades crecen en Sinaloa y en todas las entidades sin que
los organismos que deben ser directores de su desarrollo diseñen la expansión
de la mancha urbana ajenos a los intereses de las inmobiliarias. Ni reservas
territoriales disponibles tienen el CVIVE y los ayuntamientos.
Y ante la ausencia de reservas
territoriales y de fondos para la construcción masiva de vivienda popular, en
las ciudades cunden las invasiones de terrenos para levantar una vivienda donde
vivir. Mazatlán y Culiacán cuentas decenas de esas invasiones por gente que
viven condiciones precarias. El desalojo, la acción represiva, en buena medida
avaladas por decisiones de jueces, no resolverán el problema. La autoridad
estatal está obligada a buscar una salida que vaya encaminada a resolver
realmente la carencia de un techo para esos ciudadanos que el Plan Estatal de
Desarrollo identifica como pobres: uno de cada tres sinaloenses.
A partir de la semana pasada empezaron un
meritorio esfuerzo el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), Rastra
Campesina Sinaloense (RCS), Movimiento de Unidad Socialista Sinaloense de
Mujeres (MUSS-Mujeres), Apagando Fuego (AF) y el Colectivo de Derechos Humanos
(CDH). Una tarea inmediata es constituir la Coordinadora Estatal por el Derecho
Humano a la Vivienda y Reservas Territoriales. De entrada, tienen presencia en
los municipios de Mazatlán, Concordia, El Rosario, Culiacán y Guasave. En las
próximas semanas seguramente se ampliará su activismo al resto de los
municipios del estado.
La presentación de la Coordinadora Estatal
ante la sociedad, tanto de los que tienen como los que carecen de vivienda,
será dos marchas simultáneas en Mazatlán y Culiacán el próximo día domingo 5 de
febrero, mientras Guasave buscará hacer lo propio, de acuerdo a las
circunstancias de su naciente movimiento. ¿Por qué el día 5? Porque es el
aniversario 106 de nuestra Constitución Política, que en su Artículo 4°
consagra el derecho a una vivienda digna y decorosa. De alguna manera esa masa
de los sin casa fue parte del tsunami electoral de 2018 que reclamó en las
urnas una verdadera transformación del país. Y con todo el derecho del mundo
hoy reclama que se haga realidad ese viejo y frustrado sueño de tener un techo
donde vivir, con todas las de la ley. Suerte para el movimiento por el derecho
humano a la vivienda. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com