AYOTZINAPA, A UN PASO DEL IX ANIVERSARIO

¡No encontrar lo que se busca! Parece que esto quisiera decir

que el ideal que perseguimos es tan alto que en ninguna parte se alcanza.

Rómulo Gallegos

Varios factores confluyen para crear una atmósfera que oprime. Dentro de un mes el caso Ayotzinapa cumplirá nueve años sin que haya visos de una solución. Será una novena de vueltas al sol en las que se han multiplicado las malas decisiones del juez Samuel Ventura Ramos, quien ha dejado sin responsabilidad penal a 101 acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. A todo esto hay que agregar el lamentable trabajo de la Procuraduría General de Justicia de la época de Jesús Murillo Karam, con su cuestionada “Verdad Histórica” y sumando las debilidades que exhibe el Estado mexicano (en esta administración federal) en el esfuerzo por encontrar la verdad sobre los hechos y la justicia plena para el multipresente caso Ayotzinapa.

Hace un mes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que acompañó las investigaciones durante estos años, presentó su Sexto y último Informe. Ese documento es muchas cosas para las familias de los desaparecidos, para su escuela, para sus compañeros estudiantes y para la sociedad mexicana. ¿Por qué lo decimos? Porque de muchos aspectos del caso y de su investigación tenemos certezas. Y ello no implica que las mismas sean buenas. Al tomar el informe nos pesa demasiado, no sólo por la densidad de los hechos a que se refiere, sino por la trascendencia histórica para nuestro país.

El Sexto Informe nos confirma que las autoridades municipales de Iguala, Guerrero, tienen una responsabilidad directa en la desaparición de los jóvenes estudiantes, que las corporaciones policiales de los municipios de Iguala y Huitzuco, también son parte de los actores que violentan los derechos humanos de los normalistas. Pero las policías estatal y federal hicieron presencia en el lugar y los hechos de la noche del día 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Y no hubo excepción de autoridades en la tragedia de esa noche que cimbró las conciencias de la opinión pública mundial, pues a elementos del Ejército mexicano también les resulta responsabilidad. Como lo confirma el trabajo que en su momento presentó el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.

Más allá del Sexto Informa del GIEI seguimos recibiendo sorpresas: muy recientemente las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Serapaz y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, denunciaron públicamente que el Poder Judicial ha otorgado privilegios al general Rafael Hernández Nieto, que fuera jefe del Batallón 41 de Iguala, para que lleve su juicio fuera de prisión. Todos recordamos que el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, giró orden de aprehensión contra16 militares.

No olvidemos tampoco, que nueve meses antes la Fiscalía General de la República tuvo el descaro de solicitar la cancelación de dichas órdenes, mediando una fuerte presión desde el Instituto Armado, y otros actores desde la prensa y de posiciones de poder económico y político.  Las organizaciones citadas han denunciado, y con mucha razón, que “el general recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”. El 18 de agosto de este año, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, otorgó esa medida.

Dos goles contra cero para el caso Ayotzinapa en los últimos meses, sería una triste y lacrimosa realidad. Qué otra conclusión podemos sacar cuando al requerirse por el GIEI documentación de archivos de la SEDENA, sencillamente fueron negados y ahora, de manera insólita, hay una situación de privilegio para un acusado en el Caso Ayotzinapa.

Dentro de un mes contaremos nueve años desde la lamentable Noche de Iguala. Y también recordaremos que los procesos que se siguen contra los indiciados en el Caso Ayotzinapa, son un verdadero galimatías: armados por distintas instancias del Ministerio Público, atendidos por diversos jueces y magistrados del Poder Judicial, difícilmente se apunta en un solo sentido en la masa de procesos. Y una de las cosas que quedan muy claras es que la justicia, en las condiciones descritas, difícilmente llegará para el Caso Ayotzinapa. Arribaremos al 26 de septiembre del presente año con un sentimiento de orfandad y peleándonos contra una idea que ronda al caso de los 43 estudiantes normalistas: Las limitaciones del Estado mexicano las ha definido el Caso Ayotzinapa.

Puestas así las cosas, ¿qué le queda a la sociedad mexicana? ¿Resignarse a que todo está perdido para este y para todos los casos similares? ¿Qué futuro puede tener el caso de los normalistas de Ayotzinapa? El primer reto es hacer conciencia de lo particularmente difícil del caso, sin que ello lleve al desánimo y a arriar las banderas que se izaron en su momento. La sociedad entendió que las instancias de procuración y de administración de justicia “no son mulas que dejen flete”, como dijeran nuestros mayores y que, por lo mismo, no podemos esperar de brazos cruzados a que la justicia llegue, sin más. Ahora, más que nunca, la causa de los jóvenes de Ayotzinapa reclama del activismo social consecuente para que sea posible, en un futuro próximo, conocer la verdad sobre los hechos de la Noche de Iguala y que la justicia se siente a la entrada de cada uno de los 43 hogares de los normalistas y del arco de acceso a la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Vale.