EDUCACIÓN, DERECHO HUMANO UNIVERSAL.

La vida y los libros poco a poco

 me van dejando entrever misterios abrumadores.

Pablo Neruda

Hablar de progreso es tratar el tema de la educación. La vida económica, política, social y ambiental, no pueden concebirse fuera del marco de la formación académica y cultural. Por eso es tan importante que todo el que deba asistir a las aulas y aspire estar en ellas no se quede fuera de los espacios educativos. El país y nuestra entidad deben hacer el mayor esfuerzo para que el derecho humano a la educación pueda disfrutarlo todo niño, joven y adulto que anhele vivir la experiencia de las aulas, sin limitarse a cubrir cuotas.

El pasado día 28 de agosto se dio el banderazo para el arranque del ciclo escolar 2023-24. En ese fresco y alentador acto, el gobernador informó que se iniciaba un nuevo año escolar con una matrícula de 570 mil estudiantes. No sé si se refería a los niños inscritos en las escuelas oficiales de educación elemental, porque si se incluyen los que asisten a las escuelas privadas rebasa con creces ese número. Si echamos un vistazo al ciclo 2021-22 la cifra de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, alcanzaba los 765 mil estudiantes.

Se nos informa que son 144 mil niños de nuevo ingreso a las aulas. Son, afortunadamente, 144 mil nuevas posibilidades de aprender el conocimiento heredado de todas las generaciones anteriores y de aportar otros elementos para dicho conocimiento que la aplicación en las aulas y laboratorios generen en los trabajos futuros. La Secretaría de Educación y Cultura compartió que 6 mil aulas se abrirían en este ciclo escolar, excepto 62 que tienen problemas de energía eléctrica. En la ciudad de Mazatlán, por cierto, una escuela secundaria manifestó no poder iniciar clases por dicho problema.

Existe un problema que la SEPyC debe resolver en breve: no son pocos los niños y jóvenes que  quedaron sin ser inscritos en los diferentes niveles de educación. Las razones también abundan: padres trabajadores migrantes, familias que son víctimas del desplazamiento interno por razones de violencia, desplazados por razones económicas, entre otras. Un número importante de los hijos en edad escolar ni siquiera se preinscribieron, menos presentaron examen; pero por encima de todo argumento o dificultad, no deben cerrarse las puertas de las aulas. Su derecho humano a la educación debe quedar a salvo. Las escuelas son los espacios más abiertos, más libres, donde todos debemos contar con un rincón para formarnos. Esos que no están hoy inscritos deben ser llamados a seguir sus estudios.

¿Qué consecuencias tiene no ir a las aulas? Los riesgos de la calle y del delito no sólo están muy cerca de cada uno de nosotros, sobre todo de los jóvenes. Las escuelas son el mejor recurso para alejar tentaciones y para abrir un horizonte lleno de posibilidades para quienes en un momento crítico sienten que las oportunidades de crecer en todos los sentidos se cierran frente a sus ojos. La sentencia de Luis Astorga Almanza, en el sentido de que el destino más inminente que espera a los niños que nacen y crecen en barrios pobres, violentos y donde las conductas antisociales florecen a la menor provocación, será el de ser empleados como punteros, tiradores de droga o sicarios. Ese lamentable fin puede ser una cruda realidad si no hay un esfuerzo del Estado por cambiar los factores centrales que hacen del entorno mencionado, el caldo de cultivo ideal para forjar un ejército de reserva que espera ser reclutado por las bandas del crimen.

Algunos antecedentes no gratos en materia de educación siguen lastimando nuestra memoria. Recordemos los dolores que los infligió el Covid-19, que obligó a la ausencia (no se inscribieron) de 127 mil 860 personas entre 3 y 23 años de edad, en el ciclo escolar 2020-21. No fue una cifra menor, pues representó un 9.6 por ciento de la población escolar. Y de los que recibieron educación (de alguna forma), en el medio urbano alrededor de un 6 por ciento enfrentaron el riesgo de no ser contactados por sus maestros. En el medio rural ese porcentaje se disparó a un 12 por ciento. No cuento a la mano con algún estudio posterior que nos indique de qué manera se recuperó ese mal momento de la pandemia.

Hay estudios y estudiosos del tema educativo que identifican el fenómeno de inscribirse y luego no estar en el aula como deserción escolar; problema al que el maestro Rodrigo López Zavala llama como exclusión de parte del sistema educativo. Creo que este concepto nos acerca más a la comprensión del problema real que enfrenta todo el sistema educativo. Digamos si no. Si un porcentaje del 5, 6 o más por ciento no se inscriben en los niveles educativos a los que corresponden y quedan fuera del ciclo escolar y del sistema, ¿culparemos a estudiantes y a sus familias, sin ir más allá? Es muy importante lo que hace y lo que deja de hacer el sistema educativo para incluirlos.

Lo mismo hay que señalar a la hora de ver que un porcentaje de los inscritos no regresa a las aulas o se presenta de manera esporádica e irregular. ¿El sistema educativo puede ser sólo observador del problema? No. No es un asunto sencillo, pero tampoco pueden esperar las autoridades educativas a que la solución venga de afuera. Preocupa mucho saber que los malhadados reglamentos escolares contemplan frecuentemente la expulsión de alumnos por conductas calificadas como inaceptables. Antes que asumir la responsabilidad que le cabe a cada institución y personal educativos, va por delante “deshacerse del problema” y ya. El reto es cómo hacer que el alumno que practica esas conductas calificadas como inaceptables vuelva al trabajo académico como el resto de sus compañeros. No olvidemos que el derecho humano a la educación está por encima de esos obtusos reglamentos. ¿Por qué creen que en las cárceles hay escuelas? Porque sólo se suspenden dos derechos a los reclusos: a la libertad de desplazamiento y los derechos electorales. El derecho a la educación, como el resto de los derechos, no se ponen en duda.