AYOTZINAPA, IX Aniversario

Su mayor temor

es que nos les alcance la vida para encontrarlos.

Tania del Río

Texto leído en el acto conmemorativo del noveno aniversario. El recuento de los últimos días en el Caso Ayotzinapa nos habla de un bloqueo a las entradas de Campo Militar Número 1 en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, el pasado día 21. En esa acción estuvieron Padres de Familia de los 43 estudiantes desaparecidos y poco más de 300 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El día lunes 18 esos normalistas hicieron presencia ante el 27 Batallón de Iguala, donde lanzaron petardos contra las instalaciones y quemaron una camioneta de transporte de personal a la entrada del cuartel. La Guardia Nacional respondió con gases lacrimógenos. Previamente, el jueves 14, un grupo de estudiantes de la Normal Rural se presentaron a las puertas de la 35va Zona Militar de Chilpancingo, lanzando piedras y cohetones y bloqueando la entrada con una camioneta de transporte de mercancías. La respuesta fue una andanada de gases lacrimógenos.

Hoy se cumplen 9 años de la monstruosa noche de Iguala en la que desaparecen 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El aniversario nos obliga a un balance de lo acontecido desde la larga noche de Iguala y a reconocer las limitaciones y posibilidades que en el futuro tenemos para conocer la verdad sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, saber del paradero de los estudiantes desaparecidos y tener el consuelo de que la justicia plena toque a las puertas de la Normal Rural y de las casas de cada uno de los estudiantes normalistas desaparecidos.

Cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su Sexto y último informe de trabajo en julio pasado, nos dijeron lo siguiente: “Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”. Y tienen mucha razón. La historia de su investigación la resumen así: El esfuerzo fue muy complicado porque en el inicio los testimonios recabados se obtuvieron bajo tortura; el informe muestra los distintos niveles de responsabilidad de las autoridades involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes; hay comunicaciones (además de las de autoridades) debidamente identificadas en los peritajes a las que no se dan nombres y que se identifican como redes no oficiales de SEDENA.

También se dice en el Sexto Informe que lo que explica que todo haya pasado en una ciudad pequeña como Iguala, son las relaciones de corrupción entre narcotráfico y autoridades, y la visión contra insurgente que estigmatizó a los estudiantes (los calificaron de guerrilleros). Tampoco existe ningún indicio de relación entre estudiantes y el crimen organizado. Queda muy claro que las autoridades de Iguala, Taxco, Cocula y Huitzuco, sí tenían esas enfermas relaciones.

El GIEI termina haciendo estas recomendaciones al Estado mexicano: “Brindar protección efectiva a los testigos del caso, quienes han sido perseguidos, amenazados e incluso muerto. Brindar protección a los fiscales que sí han cumplido con su labor. Que la Fiscalía General de la República opere con completa independencia. Atención integral a las familias de los 43 y también de los sobrevivientes”. Todo bajo el principio de que la salud es un derecho, no un favor que se otorgue.

Entre los tropiezos que hay que señalar con índice de fuego están la pretendida “Verdad Histórica”, que quisieron hacer valer Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón y Enrique Peña Nieto. “Verdad” que fue fabricada con elementos de tortura, siembra de pequeños restos óseos y una narrativa de la PGR en la que se buscó tener a salvo a elementos del Ejército y de la Policía Federal. No prosperaron. Hoy Murillo Karam está en la cárcel por ello y Tomás Zerón prófugo por la misma razón.

Imposible olvidar en este espinoso proceso el papel del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, que absolvió a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, Guerrero y responsable directo de las acciones en contra de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. No ha sido una piedra en el camino, sino el infierno mismo, pues 120 acusados más han recibido resoluciones absolutorias a pesar de su responsabilidad en caso Ayotzinapa. Fue denunciado penalmente y se interpuso una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura. Pero no tenemos noticias de alguna sanción.

A nueve años de la tragedia que sacudió al mundo, todas estas perlas que hemos mencionado nos ponen ante una triste realidad: ni los familiares ni la sociedad mexicana hemos tenido acceso a la verdad en el caso de Ayotzinapa y la justicia sobre el caso aún aguarda tímida en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en las plazas públicas, en los juzgados que atienden el caso y, con más temor que nunca de encontrarse con el inquisidor de matones, el juez Samuel Ventura Ramos.

Otra enseñanza de esta lucha y de este caso: son los límites del Estado mexicano. El gobierno federal es producto de un tsunami electoral en 2018. Representa una esperanza de cambio para las mayorías del pueblo. Pudo atender la urgencia de ingresos para los adultos mayores y los jóvenes que estudian. Ha incursionado con algunas iniciativas en el terreno de la educación rural y lleva a cabo un esfuerzo por rescatar petróleo y desarrollar el atrasado sureste del país. Pero en el renglón de la seguridad ha perdido rectoría como Estado. Seguimos lamentando la existencia de una crisis humanitaria en los renglones de homicidios, desaparición forzada de personas y en desplazamientos internos por razón de violencia.

La rectoría como Estado se ejerce esencialmente con autoridades civiles. El Estado mexicano ha abdicado a ello, pues delega funciones centrales en materia de seguridad en las fuerzas armadas. Y luego se enfrenta a la situación que hoy padecemos: de acuerdo al GIEI no toda la información con que cuenta el Ejército sobre Ayotzinapa se ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Se siguen protegiendo a no pocos responsables del Caso Ayotzinapa.

La sociedad mexicana no puede aceptar que ya no tendremos ni acceso a la verdad ni justicia plena para el caso. No creemos que la solución al problema sea ir a tomar masivamente los cuarteles, como lo hicieron en días anteriores los familiares y los normalistas, pero tampoco somos de la opinión que hay que sentarnos a esperar que el Estado cumpla sus deberes.

El décimo aniversario será de justicia plena y de acceso a la verdad en el Caso Ayotzinapa. Desde ahora convoquemos a una serie de acciones que organicen a la sociedad y que obliguen al Estado (incluyendo al reaccionario Poder Judicial) a rendir las cuentas claras que desde la noche del 26 de septiembre de 2014 estamos esperando. Vale.