LO URGENTE PARA 2023

Cuando los zapatos aprietan, buena señal.

Julio Cortázar

El pasado 5 de febrero fue conmemorado por cientos de sinaloenses muy a su manera. El día de nuestra Constitución Política era una jornada en la que desganados gobernantes, acompañados por algunos burócratas de escasa formación cívica, encabezaron una apresurada ceremonia en la que depositaban la obligada ofrenda floral y se hería el aire con un desabrido discurso, más atento a la forma oratoria de moda, que a un arrebato oral nacido del compromiso o de la vocación militante que no agota su arraigo en el pueblo al ocupar un cargo público.

En este aniversario de la Constitución, tres significativas manifestaciones ciudadanas tomaron la calle en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Guasave. La composición social de esos grupos sociales es de desplazados por la violencia, de familias desplazadas por razones económicas, de precaristas sin trabajo permanente, de núcleos familiares que se desenvuelven en modestos hogares de una o dos piezas. Los sin casa, pues, como perfil social.

Más que una mera cercanía a la lógica constitucional, vale decir que salir a la calle y plantear la emergencia que representa el déficit de la vivienda en México, en especial Sinaloa, resulta una congruencia ciudadana y en una responsabilidad social, frente al descuido y abandono del Estado ante uno de los problemas centrales del país. La vieja consigna de López Obrador: Por el bien de todos, primero los pobres; nunca ha tenido mayor vigencia que en nuestros días, pues cómo entender que un país tenga desarrollo sin compartir parte de los beneficios con los que producen la riqueza. Donde buena parte de los conciudadanos tienen como horizonte la escasez, no hay sustentabilidad de nuestra economía nacional.

Por eso las manifestaciones ciudadanas del pasado día 5 adquieren una gran importancia, porque se conmemora la Carta Magna reivindicando el derecho constitucional a la vivienda, que consagran sus artículos 1° y 4°. Y al demandar ese derecho está presente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo está porque tanto el Pacto como las resoluciones de la Corte IDH, cierran el paso a cualquier intento burocrático de posponer el cumplimiento de los derechos que implican un costo en el presupuesto federal.

Al reivindicar el derecho a la vivienda digna y a que los ayuntamientos cuenten con reservas territoriales para vivienda popular, los ciudadanos que salieron a la calle, se acercan a la preocupación de la ONU que plantea el necesario alcance de metas en su Agenda 2030. En términos generales es el abatimiento de la pobreza y en los planos particulares, el avance sustancial en renglones como la vivienda. Y entre las cosas que le quedan claras a los manifestantes, es que no será posible avanzar hacia esos objetivos si no se reorienta la aplicación del presupuesto público.

La intromisión del neoliberalismo en todos los recovecos de la economía y la política nacional, llevó a que instituciones nobles como Infonavit, Fovissste, Corett y las instancias estatales como Invies (hoy Cvive en Sinaloa), perdieran el rumbo y terminaran contratando a constructoras privadas y cediendo su campo de acción a desarrolladores particulares, banqueros y despachos de cobranza, que con el despojo y los intereses leoninos han profundizado la pobreza de cientos de miles de familias que se vieron envueltas en los tornados de créditos impagables y de intereses que los hicieron perder el techo que pagaban y volver a engrosar las filas de los sin casa.

El fracaso de las políticas públicas en materia de vivienda está a la vista de todos. Y no sólo en lo que toca a créditos que terminan en impago para muchas familias. Veamos un ejemplo de lo que sucede por el rumbo de Alturas del Sur, en la parte sur oriente de la ciudad de Culiacán. Se construye con la prisa que exigen los negocios sin competencia, sin mucha inspección oficial, sin que se cumplan con las normas elementales de las áreas de donación obligatorias o con las recomendaciones de la ONU en el sentido de que por cada habitante debe contarse con 19 metros cuadrados de área verde o al menos lo que recomienda la OMS, de 15 metros cuadrados por ciudadano.

La nota roja de los medios de comunicación nos obsequia con puntualidad lo que sucede en los puntos rojos de la ciudad. Y las coordenadas que ni tardas y ni perezosas entraron a competir con otras en la expresión de faltas al Bando de Policía y en el terreno del delito, son las que corresponden al Sector de Alturas del Sur, que sigue en construcción. Es muy lamentable que ni las autoridades de seguridad ni las que tienen que ver con el desarrollo urbano hayan volteado a ver lo que está sucediendo allí. Y que no analicen qué provoca esa violencia, que lastima muchos hogares y cobra un número alto de vidas. El diseño de ese asentamiento no es ajeno a las causas, pero hay otros aspectos que interesan en el análisis. El poder del desarrollador no debe ser limitante para cumplir el deber de revisar lo que pasa en esa riesgosa zona. Vale.