II INFORME DE GOBIERNO, LOS PENALES.

Cualquiera, señor,

es sabio donde no hay dificultad.

Juan Ruiz de Alarcón

Los penales constituyen un eterno campo de problemas. No pueden concebirse de otra manera si allí van a parar buena parte de las personas que fueron juzgadas por haber cometido un delito. No es cosa normal considerar la situación de los penales dentro de los balances anuales de gobierno, pero dada su naturaleza y parentesco con los renglones de seguridad y la gobernanza, debieran ocupar un espacio importante en los informes de gobierno. De las malas conductas sociales se alimenta la población de las penitenciarías y de las fallas del Sistema Penitenciario se nutren las prácticas antisociales que socaban los cimientos de la sociedad.

Esta semana se registró un par de hechos en la Penitenciaría de Aguaruto que exigen una explicación más completa: nos dicen que hubo fuga de un reo acusado de feminicida y casi de manera simultánea se encuentra a una persona mal herida en el estacionamiento de los juzgados, que luego fallecerá en un hospital de Culiacán. Era Silverio, el reo “fugado”. Pero estos hechos nos regresan, con la misma frecuencia en que suceden, a reflexionar sobre la esencia de las fugas, lo que las hace posible y las consecuencias sociales de las mismas.

Hace algunos meses se registró la fuga de Efraín en el Penal de Goros, Ahome. ¿Qué hizo posible esa fuga? Lo ignoramos y, para mayor confusión nunca se ha informado sobre las posibles explicaciones que permitieron la mencionada fuga. Aunque no sea del agrado de la autoridad penitenciaria, lo cierto es que la primera inclinación a la que estamos invitados a pensar, por lógica, es la corrupción; que siempre encuentra cabida y amistad en las cárceles y sus anexos. En una mirada relámpago sobre los penales encontramos seis internos que fallecieron este 2023 y que han obligado a la Fiscalía General del Estado a la apertura de sendas Carpetas de investigación para determinar las causas de su muerte.

La CNDH califica de manera regular los penales de Sinaloa. Y aunque en la más reciente las instituciones penitenciarias del estado alcanzan calificación de pase (6.1), no pueden ocultar que en el penal de Ahome han sucedido dos homicidios, dos en el de Culiacán, uno en la penitenciaría de Mazatlán y otro más en Angostura (el muy conocido de la mujer tarahumara María Luisa). Todo en lo que va del presente año. Más allá de lo lento en que fluye la información hacia la sociedad y de lo poco que conocemos de la vida interna de los penales, es necesario reiterar que la única posibilidad de que los CERESOS cumplan con la función para la cual fueron creados es su cercanía con la sociedad. Cuando los ojos y la opinión de la sociedad se involucren con la vida interna de los penales la reinserción social de los internos vivirá una nueva etapa histórica.

Con frecuencia hay actos violentos al interior de las penitenciarías y ello nos invita a pensar en la responsabilidad que debe tener la autoridad cuando muere un interno. En muchas otras ocasiones hemos señalado que en el derecho civil se contempla una responsabilidad precisa para las personas físicas o morales a las que se designan como custodios de algún bien mueble o inmueble: cuando se les requiere deberán regresar dichos bienes en buen estado. El derecho penal por su cuenta no establece ninguna obligación de la autoridad respecto a la población penitenciaria. Si un reo pierde la vida violentamente, a ninguna autoridad de cárceles o al Estado mismo, les resulta responsabilidad por ello.

El diputado Adolfo Beltrán, ante los problemas cotidianos en los penales, declaró recientemente que esas instituciones en Sinaloa “registran hacinamiento, autogobierno y falta de normatividad”. No le falta razón. Pero en su carácter de legislador sabe que se debe dar un paso delante, pues la normatividad no es la adecuada, se impone una reforma penitenciaria en toda la línea. Es cierto que de inicio no hubo la imprescindible iniciativa de convocar a un Constituyente en Sinaloa y luego elaborar una nueva Constitución Política local, lo que hubiera aportado también la adecuada concepción penitenciaria y las condiciones que perfilaran el Sistema Penitenciario que reclama este siglo y esta sociedad.

Difícil olvidar que la humanidad carga con 69 siglos de Derecho penal y que hemos vivido y sufrido sus limitaciones. Al privilegiar este recurso para encaminar las conductas antisociales hemos cometido no pocos errores al pensar que entre más severos seamos podemos inhibir el delito y las prácticas antisociales. Ni la pena de muerte ni la tortura ni otras penas que denigran la condición humana nos han acercado un centímetro a la solución de los problemas que esperábamos de los códigos penales. Pero como la humanidad renunció hace mucho al desmayo frente a sus problemas, busquemos una reforma penitenciaria que mejore esta situación que vivimos en el Sistema Penitenciario.

El II Informe de Gobierno debe presentar un balance del Sistema penal. Y también hacer una propuesta para enriquecer la vida interna de los CERESOS. La reinserción o rehabilitación social puede volverse una realidad a condición de redimensionar el papel que juegan los CERESOS en la gobernanza. Democratizar plenamente la vida pública pasa por humanizar el funcionamiento del Sistema Penitenciario. Ojalá que el II Informe de Gobierno no se declare ajeno a esta emergencia social. Vale.