DESAPARICIÓN FORZADA Y ACTITUD OFICIAL

Nuestros ojos están atentos a cualquier perturbación,

a cualquier cambio de matiz de la oscuridad.

Lucy Foley

̶  Es obvio que el futuro está lleno de amenazas, de riesgos, de inseguridades. ̶  Eso nos dice Benedetti en su cuento Vaivén, pero no lo hace interesado en meter miedo allí donde los ánimos de lucha sufran de anemia. El descubrimiento del horizonte con el que tropieza la utopía buscada pretende que haya conciencia plena de esa situación, con el fin de que los recursos de que nos valgamos sean más efectivos y no desmayen a medio camino. Y habrá que asumir lo sinuoso y lo disparejo del camino por andar. Más frente a un problema que ha consumido a dos generaciones de Madres con hijos desaparecidos sin encontrar la solución final del problema.

Los medios de comunicación han prestado interés por el tema en las últimas semanas. Y no es para menos que así sea, pues la magnitud del problema es única en el mundo. Contando además que bajo la situación vivida no se le ve fin a la práctica de la desaparición de personas, mientras se complica el funcionamiento de las instituciones creadas para resolver el problema, el crimen organizado reacciona cuando en las búsquedas de familiares le pisan callos, en tanto la sensibilidad de la sociedad frente a la práctica en general de la desaparición y de los casos en particular en los que es testigo, oscila entre el miedo y la disposición a denunciar.

Los medios han buscado aportar datos sobre la desaparición de personas, partiendo de las cifras oficiales y los datos que aportan los colectivos de familiares. Muy recientemente informaron que el número de homicidios era de 1.5 diarios, en tanto el promedio de personas registradas como desaparecidas alcanzaba el 1.7 de casos por día. Con estos números se sustentaba que la cantidad de personas registradas como desaparecidas es superior a los homicidios, ello sin contar los restos humanos que en búsquedas de familiares o hallazgos de civiles se encuentran. La prensa afirmó que solo un 1 por ciento de los casos denunciados se judicializan.

Y no ha faltado la réplica de parte de la autoridad, quien dice:  ̶ Cabe señalar que, la judicialización de una carpeta no es la única forma de hacer justicia ya que en varias ocasiones se localiza a las víctimas y del análisis de la carpeta de investigación se aprecia que no existen elementos para judicializar ya que no se configura un delito de las conductas denunciadas. Y aporta un dato más: en el año de 2023 se resolvieron 343 carpetas. Algunas de ellas por incompetencia, pues la desaparición de personas se llevó a cabo en otra entidad federativa. Con todo lo expresado por la Fiscalía General del Estado no tenemos registro de que las esperanzas de las mujeres que forman parte de los colectivos hayan mejorado. Sabemos que recientemente hubo una revisión general de carpetas de investigación, pero sigue nuestra interrogante sobre los avances que ello aportó a la causa de esas incansables Madres, Esposas e Hijas.

Todo se cimbró ante la revisión de casos por el gobierno federal. A finales de diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrado aceptaba la existencia de una cifra de 92 mil desaparecidos. Instancias del mismo gobierno federal tenían un registro de 110 mil personas desaparecidas hasta agosto de aquel año. Y que para la fecha en que se hablaba de los 92 mil, el registro ya alcanzaba los 113 mil. La polémica no se ha hecho esperar, dando lugar a un desencuentro que nos parece no ayuda para nada a mejorar las relaciones gobierno y familiares. Y lo peor, no está poniendo al Estado mexicano en condiciones de resolver el problema.

Qué bueno que los medios no han dejado de lado este grave problema, que forma parte de lo que hemos llamado crisis humanitaria. Nosotros retomamos el tema para insistir, como en otras ocasiones, en que urge que el Estado mexicano elabore una estrategia para detener la práctica de la desaparición forzada. Hasta ahora no se ha hecho y nos preguntamos si es que las complicidades o participación abierta de servidores públicos en la desaparición misma de personas tiene que ver en que no se dé esa voluntad manifiesta y comprometida de detener esa nefasta práctica en México. Y no queremos quitar el dedo del renglón, pues si países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, entre otros, pudieron clausurar sus dictaduras militares y detener sus recurridas desapariciones forzadas, ¿por qué México no ha podido detener este delito de lesa humanidad. No hemos tenido dictadura militar, pero tampoco hemos podido parar la desaparición forzada. Algo pasa y muy grave.

Si el Estado no puede hasta hoy cumplir la tarea de detener la práctica de la desaparición forzada de personas, celebremos que los familiares de esas víctimas no guardaron silencio ni se encerraron a cuatro paredes a llorar la tragedia familiar. Desde el primer momento, mujeres como Rosario Ibarra de Piedra, Chuyita Caldera de Barrón, Rita Gaytán, Consuelo Carrasco, Rosario Rodríguez, Margarita Velázquez de Alemán y muchas otras, se organizaron y se fueron a tocar puertas de funcionario sordos y ciegos, y a ganar las calles y las plazas públicas, reivindicando sus demandas de presentación de los desaparecidos. Los viejos afanes y la decisión de no dar marcha atrás en la búsqueda de sus queridos familiares están ahora muy presentes en la segunda generación de mujeres luchadoras (rastreadoras) que hoy van a cada rincón del país donde hay algún indicio que las lleve a encontrar a un desaparecido.

La postura del gobierno federal en diciembre pasado, la polémica que generó y que no termina por acabar, ha provocado mayor interés de amplios grupos sociales por el tema y da nuevos ánimos a los colectivos de familiares con desaparecidos. Conscientes en que el presente régimen vive sus últimos meses, todos los estratos sociales que viven el problema de cerca como agraviados o como la parte solidaria hacia el problema de la desaparición forzada, deben plantear de manera organizada ante quienes encabecen próximamente el Estado mexicano los siguientes puntos para una agenda nacional: el reconocimiento pleno del problema de la desaparición forzada, el compromiso de enarbolar una política de Estado que detenga la práctica de la desaparición forzada y la presentación de esa política pública (como plan de acción) que paute esa voluntad del Estado de no admitir ni una desaparición más. Vale.