TRASIEGO DE ARMAS Y SUS CONSECUENCIAS

Sólo el silencio oye latir un corazón

que grita sin sonido.

Silvestre Revueltas

Desaparecidas, casi 500 armas de policías. Es la noticia de estos días. Y el Consejo Estatal de Seguridad Pública aporta otros detalles que sorprenden: desde el año de 2006 a 2023 hubo este extravío de armas. Y con cierta filosofía sobre el problema, Miguel Calderón, Coordinador del CESP, nos dice: “Indiscutiblemente el agente que tiene asignada un arma reporta que se le extravió, que no la encuentra y se supone que hasta ahí llega el tema porque en la mayoría de los casos, terminan siendo casos no resueltos, es decir, esa arma no se encontró nunca, se le da un castigo administrativo al agente de la policía municipal como estatal pero de ahí no pasa nada. (Noroeste jueves 21 de marzo).

En esos 17 años se dieron por perdidas un promedio de 29 armas cada doce meses. El sentido común lanza desde el primer minuto la interrogante, ¿qué rumbo ganarían esas máquinas de matar? No creemos que estén en un museo público o que luzcan en un espacio exclusivo de las colecciones privadas que no escasean en territorios como Sinaloa y el de los estados colindantes, donde en el trato y el arreglo de no pocos asuntos median con frecuencia pistolas y rifles, que son la expresión moderna de las primitivas lanzas, hondas, puntas de flecha y el terrible macuahuitl. La lógica más elemental nos empuja a considerar que al menos la mayoría de las armas extraviadas las posee alguien cuya vocación pacifista se ubica más allá de cualquier cálculo matemático.

Lo extraño e inexplicable es que las corporaciones policiales y la misma Fiscalía General de Estado y de la República dejen las cosas del tamaño de las descritas por Miguel Calderón. Es cierto que la respuesta no se hizo esperar de parte del secretario de seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, en el que señala que:  ̶  Este hecho es a partir de 18 años hasta 2024, sí son esas 500 armas, pero está haciendo el consolidado de 18 años, ¿y qué pasó durante esos 18 años? Lo más que hubo fueron cuatro emboscadas a la Policía Estatal y el famoso hecho atípico que fue el 2019 que le llamaron el “Culiacanazo”.

El secretario de seguridad afirma que en un solo evento se perdieron 88 armas y que en las cuatro acciones mencionadas el saldo de las armas perdidas es de alrededor de 300. En dichas declaraciones nos da más detalles el secretario Mérida, pero no la satisfacción por los resultados finales de los que habla Miguel Calderón. A final de cuentas justificada o no la pérdida de dichas armas, nos deja un mal sabor de boca por el destino que pueden seguir luego de su extravío y que terminen cobrando vidas en los diferentes puntos de la geografía de Sinaloa.

El tema no había tomado mayor vuelo desde la época en que Meché Murillo llamó la atención por sus afirmaciones de que en la entidad había tantas armas como personas mayores de edad. Esa afirmación fue combustible para una polémica que dominó las conversaciones de algunas semanas. Muchos nos quedamos esperando declaraciones serias y documentadas de parte de la autoridad y que las mismas redujeran el cálculo de esas máquinas que arrebatan vidas y dejan tantos huérfanos y viudas. Esas declaraciones se quedaron a la espera de mejores momentos y el alma no nos volvió al cuerpo. Hoy el tema de las armas regresa y también preocupa la información que los medios publican: de 88 detenidos con arma, solo 4 están presos por ello.

La seguridad misma de nuestra entidad tiene muchos vasos comunicantes con el asunto de las armas. Durante la gestión de Marcelo Ebrard en más de dos ocasiones el caso del tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país fue tratado al más alto nivel, sin que el compromiso de nuestros vecinos del norte sea llanamente buscar el abatimiento de ese trasiego. No decimos el control de ese comercio de armas, porque los grandes intereses ligados a esa actividad no son ajenos a dicho control. Y no deja de llamar la atención la investigación realizada por agencias de los EU sobre aquella famosa operación de “Rápido y Furioso”, en la que se deslizaron a propósitos armas propiedad del Estado norteamericano entre las supuestamente vendidas de manera “ilícita”.

Algunas de esas armas vinieron resultando en el estado de Sinaloa, pero desconocemos qué consecuencias hayan tenido esos percudidos manejos. Ignoramos qué final tuvo para las autoridades mexicanas y para las de los EU. Simplemente recorrieron todos los canales del mercado de armas y no pasó nada de gran trascendencia. Y como al menos tres delitos: homicidios, desaparecidos y desplazamientos, tienen al uso de armas y violencia de vértice común, bien merece la pena que el tema abra de nuevo el debate y mueva a la autoridad hacia la elaboración de una estrategia del control de armas en el país y en el estado.

Leonel Aguirre Meza, habló recientemente sobre la bondad de las leyes sobre la portación de armas y otros voceros de la sociedad han llamado la atención sobre la ostentación de esas máquinas de guerra, sin que haya gran movilización de las fuerzas de seguridad para disminuir la portación y uso de las mismas. Los inversionistas no dejan de repetir que un requisito para que fluyan de manera masiva los dineros hacia Sinaloa, deben disminuirse los renglones de violencia y las expresiones del delito. Las inversiones huyen de las zonas donde los conflictos florecen. La gobernanza misma tiene frecuentes tropiezos con el piso disparejo que dejan las actividades delincuenciales. Por todo ello, ojalá que los comentarios del secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública no queden en una preocupación personal o del círculo del Consejo. Esperemos que el asunto de las armas oficiales perdidas y el mundo de las que ha traído el comercio ilícito, sea parte de la agenda de la Mesa de Seguridad que a diario se da cita para el análisis de la anhelada seguridad. Vale