DESAPARECIDOS, PRECISAR DATOS

Para todos los hombres es igual el dolor

que se tiene con el corazón partido.

William Faulkner

Participo en el movimiento por la presentación de personas desaparecidas desde el año de 1977. Durante ese espaciado y traumático tiempo he visto el dolor inacabo de los familiares con seres queridos que un día no regresaron a casa. He compartido afanes, riesgos, búsquedas sin fin y audiencias con funcionarios públicos que nunca terminan por definir una política pública clara y decidida para alcanzar la justicia plena de estos casos y detener la nefasta práctica de desaparecer a personas. Cuántas veces hemos tomado las calles, las plazas públicas y las oficinas gubernamentales. Y en todos esos años problemas hubo de diversa índole con la autoridad, pero no el choque entre datos que ofrecen las familias y las que reitera la autoridad en casos concretos.

La preocupación actual surge por las consecuencias que han acarreado los levantones del viernes 22 de marzo pasado. Ese día, de acuerdo a la información oficial, fueron privadas de la libertad 66 personas. Después de 48 horas se dijo que habían regresado a casa 58 de esos ciudadanos. Y que quedaban pendientes de liberarse otras ocho. Después, el domingo 7 de abril, el gobernador aseguró que esa cuota de ciudadanos pendientes de su liberación, ya estaban en casa. Me alegré mucho en lo personal por dicha noticia. Pero luego los medios citan a familiares de esos ocho afirmando que no han regresado. Y sustentan el dicho citando once fichas de la página (vigente) de personas desaparecidas de la Comisión Estatal de Búsqueda, comparada con el espacio que la Fiscalía General del Estado dedica al mismo problema.

Aparecen imágenes y nombres de las once personas que el día viernes 2 de marzo desaparecen y la búsqueda de manera oficial, porque no han sido retiradas de las páginas citadas, no ha concluido. Esa lista está compuesta por tres hombres, siete mujeres y un menor de edad. La residencia de todos ellos corresponde a los municipios de Culiacán y Mocorito. Las dos declaraciones (la de la autoridad y la de familiares) y los datos que aparecen en espacios oficiales no pueden ser conciliados. La situación exige una aclaración oficial sustentada y contundente.

Es cierto que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, dieron la cara en una conferencia de prensa, pero los datos aportados, las circunstancias descritas y hechos que no terminan de embonar, nos dejan un tanto perplejos y con más apetito de conocer la verdad de lo que pasó en aquella aciaga jornada del viernes 22 de marzo. Sara Bruna Quiñones, fiscal general, informó -dice la prensa-, “que el regreso de las ocho personas que faltaba, del grupo de 66 que fueron privadas de la libertad el pasado 22 de marzo en Culiacán, se declaró porque las propias víctimas o familiares notificaron de la situación a las autoridades”.

Del informe presentado por ambos funcionarios, nos deja más preocupaciones que certezas y tranquilidad en torno a esa jornada que paralizó buena parte de la vida social del fin de semana citado. Del informe se desprende: “Debido a que no todas las personas quisieron presentar una denuncia, para anunciar que se contaban (sic) con la localización de los ausentes, corresponde a la declaración que los mismos hicieron a las fuerzas de seguridad durante el trabajo de aproximación.”

“Al no haber denuncia, y ante el contexto en el que se localizaron, se establece la confianza en lo manifestado, lo cual puede abrir diferentes hipótesis”. No explican mucho sobre la mencionada aproximación de la autoridad, ni cómo se documentó el regreso de los “levantados”, considerando todos los asegunes de que víctimas y familiares no quisieran comparecer formalmente ante la autoridad. Y lo que sigue para complementar la conferencia de prensa no ayuda mucho a nuestra tranquilidad: dice la fiscal que solo tienen 57 carpetas abiertas sobre desaparición del día 22 de marzo. Que la lista oficial es de 66 personas desaparecidas ese día, pues lograron localizar a familiares que no presentaron denuncia.

Abundaron sobre el faltante de plagiados: los multicitados ocho. Y reconocen que sólo tenían los nombres de siete, que de esas nomás cuatro están en las listas oficiales de la Fiscalía. La pregunta obligada es el porqué de ese galimatías en los datos registrados de una jornada que debe tener una evaluación muy precisa por muchas razones: por la valoración natural que reclama, por las consecuencias que en un futuro cercano y a mediano plazo tendrá, por el reto que representa para la autoridad y la sociedad la no repetición de los hechos. Y porque no podemos resignarnos a que la impunidad siga su paso tan campante como en situaciones graves anteriores.

No quiero volver la vista y el pensamiento a los primeros pasos que dimos en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos de los años setenta del siglo pasado, pero el asombro que sentimos y vivimos ante los 42 muchachos que fueron víctimas de la desaparición, sigue vigente y no deja de ser la lupa a través de la cual vemos un fenómeno que se resiste a morir. Hoy la desaparición suma a más de 112 mil mujeres y hombres, con jornadas que violentan la vida de muchos pueblos a lo largo y ancho del país. Es un problema que no puede continuar sin que le pongamos un valladar, porque cobra la vida de muchas personas, inunda de angustia y desesperación de cientos de miles de familiares y enferma ya a dos generaciones de mexicanos por los daños causados. Que la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad sean más precisas con los datos y más fieles a la función que deben cumplir. Vale.