JAVIER MAXIMILIANO Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD

Las verdades incómodas

tienen que recorrer un difícil camino.

Primo Levi

̶  ¡Javier, tu madre te busca! Y no está sola. Con esa consigna y bajo un sol canicular, poco antes de las 9 de la mañana un grupo de unas 40 mujeres encabezadas por la ciudadana María Josefina Carrillo Grajeda arribó al Palacio de Gobierno. Se habían dado cita a las 7 am para una misa en Catedral donde pidieron por la localización de Javier Maximiliano, hijo de Josefina. Después de la homilía, partieron del atrio de Catedral en una angustiada andadura con rumbo a la sede del Poder Ejecutivo. Después de ocho días de no ver a su hijo y de haber tocado mil puertas, la trabajadora social Josefina, quería ver al gobernador Rubén Rocha.

Varias oficinas lucían huérfanas de jefes a esa hora y las damas manifestantes estuvieron que esperar varios minutos para que las abordara algún funcionario y se canalizara la inquietud de la señora Carrillo Grajeda. Mientras tanto, las lonas que reclaman el regreso de Javier Maximiliano se mantuvieron enhiestas un buen rato, completando el círculo de solidaridad que se formó con los presentes alrededor de la madre que protestaba. Cuando les avisaron que los recibiría Rodolfo Jiménez, encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, las lonas se depositaron en el piso de la explanada con el fin de que fuera leídas con comodidad por quienes visitan Palacio de Gobierno para hacer alguna gestión.

La entrevista con el funcionario fue breve y remitió a doña Josefina con el vicefiscal general, Dámaso Castro y con el titular de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas, José Luis Leyva Rochín. Quienes recibieron a la madre rastreadora poco después del mediodía. Allí volvió a relatar los hechos y a dibujar la personalidad de su hijo desaparecido. Javier Maximiliano es estudiante de preparatoria, con 18 años de edad, con problemas de salud que, si bien le permiten asistir con regularidad a clases, lo limitan para desarrollar algún deporte. Pero las inquietudes juveniles y la asociación cultural con otros jóvenes lo han llevado a formar parte de un grupo musical en el que se desempeña con el requinto.

El día 21 del presente mes se dio la lamentable desaparición del joven Carrillo Grajeda. Fue por la noche luego de que cenara en su casa en compañía de Miguel, uno de los compañeros músicos. Salieron juntos rumbo al domicilio de su amigo. Allí estaban ensayando música y Javier Maximiliano salió a comprar una bebida a un OXXO cercano. Ya no regresó. No se llevó el teléfono celular (que se quedó cargando) ni tampoco lo acompañó nadie.

Horas después se abrió la carpeta de investigación 9497/2024 en la Fiscalía Especializada, misma que no ha rendido los frutos esperados para los primeros días. La marcha y las audiencias solicitadas por la TS Josefina reflejan la pobreza de resultados en las investigaciones y la esperanza de que, con actividad febril, que no ha parado en las oficinas de gobierno, se pueda conseguir el regreso de Javier Maximiliano. El amor de madre, como en todos los casos conocidos no se detiene ante los escritorios de funcionarios ni ante los lacónicos informes de investigadores.  ̶  Voy un paso adelante de ellos.  ̶  Dice Josefina.

El caso de Javier Maximiliano replantea, como todos los anteriores y desde hace muchos años, el qué hacer ante el fenómeno de la desaparición forzada de personas. Por los números (más allá de los 113 mil) de más está reiterar que alcanza una dimensión enorme y de gran preocupación para la seguridad y la gobernanza del país. Pero de todo esto se desprenden varias preguntas y también certezas sobre este flagelo que vive México desde los años sesenta del siglo pasado. Si no hay fuerza constituida en el país superior al Estado, que además cuenta con el marco y los recursos constitucionales y el aval de la población, por qué subsiste la práctica de la desaparición forzada. ¿Qué tan poderosos son los que se dedican a esa anticonstitucional práctica?

En muchas ocasiones hemos señalado que hay una crisis humanitaria en nuestro país que la componen los renglones de homicidios, desplazados por razones de violencia y desaparición forzada de personas. Y que urge una política pública que abata lo que sucede en cada uno de estos renglones. De alguna manera nos explicamos que esta tarea no se cumpliera en los regímenes anteriores, pero ¿Por qué en este gobierno federal al que ya le pardea su final no fue posible hacerlo? Ni casos como el de Ayotzinapa que sensibilizaron la piel y el corazón de millones de ciudadanos en todo el mundo pudieron llevar al Estado mexicano al conocimiento pleno de la verdad sobre los hechos y, menos, a la justicia plena. Nos quedamos con el dolor y la frustración que deja el fracaso.

Como en la mayoría de los casos ni las fiscalías especializadas en la desaparición forzada, ni las comisiones de búsquedas, ni las comisiones de atención a las víctimas concluyen de manera victoriosa sus investigaciones, familiares, amigos y muchos ciudadanos no dejan de preguntarse: ¿existe otro Estado dentro del Estado que ya conocemos? Se refieren a la existencia de algún otro poder que impone su fuerza de manera ilegal y que no puede pararse. Tenemos más de medio siglo lamentando desapariciones y el Estado está emplazado históricamente a definir una política pública que detenga la práctica de la desaparición forzada. El caso de Javier Maximiliano vuelve a poner en tela de juicio la voluntad para cumplir con esa obligación constitucional. México no tiene por qué esperar a que la cifra de desaparecidos supere la que ya tenemos. Es ahora. Vale.