DESAPARICIONES, EMERGENCIA Y TAREAS.

No es normalidad lo que nos pasa en materia de desapariciones forzadas. Las padecemos desde haced casi medio siglo en Sinaloa, pero es imposible ver esa práctica como parte de nuestra vida cotidiana o el mal colateral de la vida económica, política y social que padecemos. Es hora en que la sociedad, no solo los familiares de las víctimas, vecinos y amigos, señalemos de manera abierta que se ha llegado al límite, pues el fenómeno amenaza con lastimar nuestro tejido social con daños irreversibles.

Comencemos por convencernos de que no existe una política pública para detener la práctica de la desaparición forzada y que el manto de la impunidad que ello genera alimenta dicho fenómeno. Esta aseveración no requiere demostración alguna, basta observar sin mucha profundidad lo que pasa en la calle, a lo largo y ancho del estado, para imponernos de que tres ciudadanos no regresan a su casa cada día. Increíble, pero cierto. Y ello es como un axioma en matemáticas: no necesita demostración alguna. No tenemos una política de Estado que apunte a poner punto final a la desaparición forzada y el fenómeno persiste para la mayor angustia social.

En las últimas semanas la sociedad sinaloense ha conocido la desaparición de los ciudadanos Javier Maximiliano Carrillo, Paul Omar Pérez, Francisco Quintero y Víctor Johbany Marín. En los dos primeros casos la denuncia incansable y el activismo desplegado en torno a las familias, permitió volver a verlos al seno de sus hogares y a la escuela y su trabajo. En los dos últimos casos seguimos insistiendo ante la Fiscalía General del Estado para que se despliegue el trabajo de búsqueda de Francisco y Víctor Johbany. Nos preocupa que mientras hay una enfermiza lentitud de parte de investigadores y agentes del ministerio público, con la tranquilidad que les da el manto de la impunidad, los delincuentes hacen llamadas a las familias para amenazarlas, sobre todo si ven que se movilizan o hacen uso de las redes solicitando la ayuda ciudadana para localizar a sus seres queridos.

Hay un patrón de conducta de quienes privan de la libertad a mujeres y hombres en Sinaloa: observan cuidadosamente las redes sociales en las que participan los familiares de los desaparecidos, además de estar atentos a lo que se mueva en las carpetas de investigación de esos casos. Una de las tareas que nos incumben a todos, a las autoridades en primer lugar y luego a la ciudadanía, es encontrar el hilo de la madeja que lleva la información en las carpetas de investigación a los responsables de la privación de la libertad de las personas desaparecidas. No sólo resultan unos expertos en el manejo del mundo digital, sino extraordinariamente hábiles para hacerse de información exclusiva de los agentes de investigación y de los ministerios públicos encargados de cada caso.

Hay omisiones y negligencias de agentes de investigación y de los ministerios públicos que deben ser registrados en la memoria pública, pues ello impide que las carpetas caminen con la velocidad que cada caso reclama y que desde un principio las indagatorias apunten hacia objetivos claros buscando esclarecer los casos y que los responsables comparezcan ante la autoridad competente. Es necesario que se funde un Consejo Ciudadano que vigile el actuar de la autoridad, pues de otro modo las carpetas de investigación se acumulan y los casos más viejos van formando montañas de papel sin que indiquen un punto de llegada. Mantener los ojos observando cada paso que se haga en favor de la investigación marcará el inicio de una nueva era en la lucha por la presentación de los desaparecidos. Este Consejo será una instancia cercana a los colectivos de familiares y la mano de la sociedad en este tema tan delicado.

Por todo ello digamos que, es muy necesario hacer una profunda revisión a la legislación que hasta hoy da marco en materia de desaparición forzada de personas y darle una sacudida a la burocratización del trabajo de la Fiscalía Especializada en la Desaparición Forzada de Personas. Y eso no se logrará con la simple crítica de los colectivos, de los activistas defensores de derechos humanos y de los medios que se han interesado en el problema. Es necesario que de la crítica que se ha llevado a cabo se dé el salto a la organización social, que lleve a la realización de convenciones o de un congreso, en donde se analicen el estado que guarda el problema de la desaparición forzada, las dificultades que los colectivos de familiares enfrentan durante su incansable lucha y se aprueben las tareas que debemos realizar.

El Congreso o Convención si se constituye por el número de colectivos y de familiares y de un universo importante de organizaciones civiles que simpatizan con el movimiento de los familiares y con la solidaridad de los medios, tendrá autoridad  moral para exigir una conducta adecuada de los funcionarios que tienen como tarea la procuración de justicia de los casos de desaparición forzada y se convertirá en una instancia de alto impacto en materia de desaparición forzada y en un fuerte valladar ante quienes pretendan continuar con la reprobable práctica de privar de la libertad a los ciudadanos y ciudadanas.

Una tarea inaplazable es la elaboración de un protocolo de la sociedad civil que permita la reacción organizada de los colectivos de familiares, de las organizaciones de la sociedad civil que simpatizamos con los colectivos y los medios de comunicación que en la práctica difunden las noticias y reclamos en el tema de la desaparición forzada. El Congreso bien puede hacer esa invaluable aportación. Y eso esperamos que nos obsequie el próximo 26 de septiembre. Vale.