CURSOS DE DERECHOS HUMANOS A POLICÍAS

No hace bien el que olvida lo que aprendió.

Plauto

La policía mazatleca irá a cursos de derechos humanos. La noticia se publica como un logro extraordinario o como una novedad digna de aplausos sin fin. Pero basta ver los antecedentes a este simpático anuncio para explicarnos el por qué de los cursos y la necesidad inaplazable de otras medidas que debieran sentar sus reales para que el comportamiento de los agentes preventivos fuera más respetuoso frente a los ciudadanos a quienes se supone sirven. Edgar González Zataráin, presidente municipal de Mazatlán, anuncia la medida como respuesta a las múltiples protestas ciudadanas.

Las redes sociales han estado muy activas en días anteriores, poniendo en el ojo ciudadano videos sobre el comportamiento de agentes de policía municipal de Mazatlán en pleno maltrato a ciudadanos. Es cierto que no son exclusivas de los gendarmes mazatlecos, pues también hemos visto que empleados de la Fiscalía General de la República (con pantalones camel, camisetas negras y con capucha) adscritos al retén del Poblado 5 en El Carrizo, Ahome, Sinaloa, hacen de las suyas contra un chofer de trailer en días pasados, según consta en un video que permanece en el mundo digital.

De acuerdo a nuestra información los elementos de policía de Sinaloa fueron formados en la Academia de Policía (los más veteranos) y en la Universidad de Policía los más jóvenes. Allí llevaron asignaturas cuyo contenido es el marco de los derechos humanos. Y llegaron al servicio policial preventivo presumiblemente con esa formación. También es cierto que cuando arriban al ejercicio policiaco, a la realidad en el trabajo de calle, al contacto con los ciudadanos de carne y hueso, no faltan los compañeros veteranos, entre ellos sus mandos inmediatos, que les dicen que la escuela es una cosa y que el trabajo en la calle es otra ancheta. Para que se vayan olvidando de lo que en las aulas les dijeron acerca de los derechos que los ciudadanos tienen.

Yo no dudo en la necesidad de actualizar con cierta frecuencia a las corporaciones policiales en materia de derechos humanos, como tampoco en la emergencia que debe establecer un control ciudadano sobre lo que hacen u omiten los agentes de policía. Hay prácticas muy arraigadas y que no ayudan a mejorar la imagen ni el trabajo de las policías que no desterrarán los buenos cursos en la Universidad de Policía ni los llamados que desde los medios y la calle se hagan. Me refiero a la clásica mordida, al maltrato ciudadano y a la sustracción de dinero y cosas de valor durante la detención y traslado de detenidos hacia la barandilla o separos de las policías respectivas.

Como las quejas cotidianas no se circunscriben a Mazatlán, las hay en Culiacán, en Guasave y Ahome, por citar los municipios donde sobresalen las protestas ciudadanas, el ejemplo del presidente mazatleco debe tomar cuerpo en estos otros lugares; pero no debe detenerse allí. Es muy importante que más allá de las instancias de Honor y Justicia de las corporaciones, también se establezca un Consejo Ciudadano que revise con regularidad el comportamiento del trabajo policial, reciba y atienda a los ciudadanos que se sientan ofendidos por el trato recibido por agentes y mandos y resuelva sanciones para quienes en el ejercicio de su labor preventivo o de investigación faltan al reglamento de su corporación y al deber que impone la Constitución Política a los servidores públicos.

Cuatro videos en dos semanas hablan a voz en cuello del comportamiento de policías en el puerto mazatleco y llevan a la determinación del presidente municipal González Zataráin de imponer cursos obligatorios en materia de derechos humanos. Él mismo refiere que un problema serio ha sido el de quitarles la capucha y descubrir los rostros de esos servidores públicos, que de alguna manera les ha permitido no ser identificados ante las faltas que cometen. Y hace el llamado a la ciudadanía para que denuncien a quien porte pasamontañas o cualquier material que cubra el rostro de un agente. También hace mención que no falta quien diga que idos los que impartan los cursos referidos, volverán por sus fueros. Lo que indica que hay quienes no creen que la medida vaya en serio.

Y luego de la preocupación del edil Edgar González, su ejemplo no debiera echarse en saco roto por el resto de los presidentes municipales del estado de Sinaloa y, desde luego, por las autoridades federales, pues ese tipo de habas se cuecen en todos los rincones de nuestro país y no está exenta ninguna corporación de las conductas señaladas. Otro ejemplo que debemos aplaudir y tomar en serio cuando se ofrezca es el de los ciudadanos que se preocuparon por capturar las acciones y momentos críticos que se denunciaron a través de las redes y que llevaron a la autoridad del puerto de Mazatlán a tomar medidas que pretender poner frenos a las conductas que ofenden los derechos ciudadanos y dejan muy mal parada a la autoridad municipal.

Sobre la denuncia ciudadana de los hechos en el Carrizo, Ahome, Sinaloa, la FGR no ha hecho pública la medida que tomará respecto al personal denunciado. Por el bien del trabajo policial y de la imagen de la autoridad encargada de la labor preventiva no debiera dejar pasar el tiempo. La FGR debe abocarse a la investigación de los hechos y no dejar impune ninguna acción de su personal. Y tampoco debe evitar que su trabajo sea supervisado por una instancia ciudadana. La FGR y las secretarías de seguridad son instancias públicas y sus empleados son servidores públicos, es decir, nuestros empleados, ¿por qué la intención ciudadana de vigilar su trabajo tiene que ser ajena a esas instancias públicas? Vale.