Cuando coinciden
más de dos elementos graves, bien puede llamarse emergencia o crisis. Y como
estos han hecho vértice en este mes que recién finalizó, también podemos
denominarlo la emergencia de julio. Es una coyuntura en la que se mezclan
problemas económicos, políticos y del renglón de seguridad que ponen a prueba
la experiencia y el buen juicio para el gobierno de Rubén Rocha Moya. Desde
hace varias semanas se arrastran desencuentros con productores de maíz, sin que
se otee una solución final a los endémicos problemas del sector agrícola. Contratiempos
que se agravan al correr el tercer año con una desesperante sequía que oscurece
el horizonte para Sinaloa, que ha sido el granero tradicional del país.
Entre otros
elementos que dan cuerpo a la emergencia hay un conflicto que se alarga, sin
tiempo y sin consideraciones, entre los administradores de la Universidad
Autónoma de Sinaloa y los poderes Ejecutivo y Legislativo, el cual mantiene una
tensión que invita a pensar en que no habrá una conciliación, sino una salida
en la cual se impondrá una parte. Y por si ello fuera poco, el día 25 de julio,
en uno de esos jueves de miedo para Sinaloa, se dieron dos acontecimientos que
profundizan esa crisis de la que hablamos y ponen en estado de alerta a las
autoridades locales y federales, en prevención de las consecuencias que pueden
ahijar.
Ese jueves 25
fue detenido Ismael Zambada García “el Mayo”, junto a Joaquín Guzmán López “el
Güero Moreno”, hecho en el que sobran especulaciones sobre presunta traición de
este último en el evento de detención. Más allá de si son ciertas o no dichas
versiones. Lo que tenemos que aceptar y asumir son los riesgos naturales que de
coyunturas como esta se abren y pueden desembocar en acciones de violencia que
pongan de cabeza la vida económica, política y social de Sinaloa. La febril
actividad del gobierno federal en torno a esta coyuntura nos habla que
prefieren adelantarse a cualquier eventualidad. Así lo dice el envió de tropas
especiales a la capital sinaloense, mismas que no están acumulando horas en los
cuarteles, sino en la calle y en las zonas donde se reportan actividades
sospechosas.
El mismo jueves
fue ultimado con arma de fuego Héctor Melesio Cuén Ojeda, destacado hombre
público, de mucha controversia, diputado federal electo en junio pasado y que
había acumulado encuentros y desencuentros con el gobernador: distanciados en
el proceso electoral de 2018; aliados en las elecciones de 2021, secretario de
salud por algunos meses en el gobierno de Rubén Rocha y luego un intempestivo
rompimiento que devino en la apertura de carpetas de investigación contra los
funcionarios principales de la UAS y la judicialización de sus causas.
Ciertas o no las
diversas hipótesis de su caída, el abrupto final de Cuén Ojeda no pasará como
uno más de los homicidios que a diario se registran en nuestro estado y en el
país. Sin duda, la muerte violenta de Héctor Melesio impacta la vida pública de
la entidad y le suma a la crisis coyuntural un elemento muy importante que debe
ser tomado en cuenta por el gobierno estatal. Del esclarecimiento pleno de su
muerte violenta depende mucho que la ciudadanía, más allá de los seguidores de
Cuén, crea en la versión oficial y vuelva la confianza en la autoridad.
Qué elementos
buscan espacio en los análisis de los especialistas del gobierno y los que se
ubican fuera del mismo. Incluso en las reflexiones del gobernador. De qué
tamaño es el impacto que en materia del PIB tendrá para Sinaloa cada uno de los
acontecimientos señalados, pues los golpes negativos que impongan la caída del
producto agrícola por razones de sequía o desencanto de productores de granos
no pueden desdeñarse. Lo mismo hay que pensar en los relacionado con los
eventos dramáticos del jueves 25 de julio. La movilización de tropas y corporaciones
policiales tiene un costo extraordinario para el presupuesto público y la
detención de un personaje del calado de Ismael Zambada puede impactar sobre una
economía local en la que el renglón que antiguamente se identificaba como
“errores y omisiones”, cuyo origen es identificable en las actividades ilegales
y que no falta quien afirme que no es menor al 16 por ciento del PIB local.
Los miedos y cautelas
llevan de manera natural a nuestros comerciantes y empresarios a ser precavidos
y administrar sus negocios poniendo un ojo al gato y otro al garabato, es
decir, con la sensibilidad por delante por todo lo que ocurra o pueda acontecer
en su entorno. Lo que no deja de influir en la marcha de los negocios. Y si a
eso se suma una actitud ciudadana de mucha atención sobre lo que sucede en la
ciudad en que vive, sin dejar de considerar lo que empujan las redes sociales
con múltiples mensajes que lejos de ayudar a la visión objetiva del momento
meten miedo, como ese que circuló profusamente llamando a confinarse en casa,
pues a partir de las 10 de la noche habría “Toque de queda”.
Lo que ha
sucedido en estos días, sumado a los acontecimientos de semanas y meses
anteriores dan elementos suficientes para especular sobre nuestro futuro
cercano y de mediano alcance. Hablemos de certezas y de actitudes que deben
tomarse frente a la difícil coyuntura que vivimos: en materia de seguridad, con
toda la disponibilidad de fuerzas y de visión clara en el quehacer de parte de
la autoridad, siempre habrá imponderables difíciles de resolver. Pero en
materia política, con todos los factores y elementos que surjan durante el
proceso, la decisión de resolver los conflictos contempla como herramientas la
legalidad y el derecho, pero el compromiso de alcanzar justicia muy pocas veces
ha encontrado terreno propicio en un tribunal. 68 siglos del derecho penal lo
han probado de manera fehaciente. Para que se encaminen bien las cosas en el problema
UAS, Congreso del Estado y Poder Ejecutivo, la política debe ocupar el lugar
central. Si las partes no lo entienden, el desgaste de las instituciones será
mayor y la crisis afectará aún más a toda la sociedad. Esperemos el brillo de
la inteligencia en todo momento. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com