DESAPARICIONES FORZADAS Y PAZ SOCIAL

Ansiosamente, nos preguntamos entonces

sobre la esencia y el porvenir de nuestra patria.

Ernesto Sábato

De nueva cuenta familiares con desaparecidos se plantan ante la Fiscalía General del Estado. Preocupa saber que la mayoría de los casos que las familias denuncian se vuelven añejos sin que la autoridad nos cuente qué verdad acompañó a cada una de las personas desaparecidas. Al menos sabemos que hay 4 mil 200 casos en la página de la Fiscalía esperando que el cuerpo de ministerios públicos que tienen la tarea de su seguimiento desempolven las carpetas de investigación, retomen las líneas que desde el principio los mismos familiares o testigos aportaron. Nada parece mover la voluntad de esos MP y de los investigadores adscritos a sus oficinas. Como si hubiera una apuesta al tiempo y a la resignación de los familiares.

Este jueves 8 del presente mes, los familiares de Víctor Jobhany Marín y Francisco Quintero y de otros desaparecidos más, hicieron presencia ante las oficinas de la Fiscal Sara Bruna Quiñones para reclamar que el paso de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas es lento hasta la desesperación en materia de investigación sobre los casos que tiene en sus manos y que el derecho humano a conocer la verdad sobre los hechos que reclaman debe encontrar asideros concretos. Y que la autoridad no puede regatear ni derechos ni recursos para cumplir con esa inaplazable tarea.

Los casos de Víctor Jobhany y de Francisco empiezan a ser dejados de lado para atender sin mucho ánimo, de la misma manera desmayada en que abrieron sus carpetas de investigación, a los nuevos ciudadanos que fueron privados de la libertad. El polvo, el moho y la indiferencia serán los elementos que le den marco a esos casos que sólo de reojo voltean a verlos los MP e investigadores si no hay exigencia pública. Y los familiares bien hacen en no permitir que la falta de voluntad de la autoridad y quizá el principio de fatiga que puede ganar al personal de la Fiscalía Especializada, porque los casos de desaparición forzada de personas crecen sin parar a un ritmo que da miedo: tres personas no regresan a su hogar cada día. Inexplicable en un país y una entidad donde prevalece el Estado de derecho.

El plantón ante la Fiscalía tiene lecturas muy importantes. A pesar del clima que poco ayuda, los familiares no quieren que las carpetas de investigación duerman el sueño de los justos y que al permitirse que el tiempo pase y luego enfrente otros casos tan dolorosos y sensibles como los señalados, la herrumbe que prevalece en las oficinas de la Fiscalía Especializada empiece a ahogar cada carpeta, cada una de sus hojas y cada uno de sus renglones. Mientras haya familiares que se manifiestan y reclaman justicia plena para los casos de sus seres queridos, la causa de este espacio de los derechos humanos tendrá vida y dará sentido a la gran preocupación porque ya no haya más desapariciones.

Es importante recordar que el plantón se ubica en las vísperas de que en Sinaloa el fenómeno de la desaparición forzada cumpla el medio siglo. Sí, en mayo de 2025 conmemoraremos con el corazón oprimido 50 años de que se inició esta práctica que tanto ha lastimado a los mexicanos. El plantón, de alguna manera, es un grito en la plaza pública que demanda que el Estado mexicano detenga el fenómeno de la desaparición forzada. No puede haber paz y tranquilidad en el país y en nuestra entidad con personas desaparecidas.

La actividad de los colectivos y de todas las personas que se movilizan de manera organizada representa ahora ese interés porque el Estado mexicano tome las medidas de apremio que la causa de los familiares representa como emplazamiento para detener la desaparición forzada de personas. Es increíble que un asunto tan grave para la humanidad no haya llevado a la autoridad a compromisos serios para dar por concluida esta etapa tan dolorosa para el país.

No podemos dejar de pensar que en la lucha que se inició desde los años setenta del siglo pasado, logró una Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, exiliados desaparecidos por razones políticas. Pero el último renglón nunca tuvo la mejor solución.

Los logros en materia de desaparición forzada siempre han sido parciales. La impunidad de la que gozaron los funcionarios públicos para cometer esos delitos de lesa humanidad, fue la mejor invitación a particulares para continuar con la trágica práctica. En esa larga y sacrificada lucha, que acumula dos generaciones de familiares que buscan a sus seres queridos, hay legislaciones nacionales y estatales sobre el tema, pero no son garantía de que la práctica de la desaparición pueda encontrar el final en el horizonte próximo. La vida y la lucha incansable de las madres con desaparecidos nos enseña que sólo la movilización de la sociedad puede mover la voluntad y las estructuras del Estado para poner el punto final a esta lamentable historia.

La preocupación por los problemas nuestros en materia de desaparición forzada nos lleva a voltear hacia los países latinoamericanos que en su momento vivieron el fenómeno de la desaparición forzada. Hoy los vemos con admiración porque su problema fue bajo regímenes militares, los cuales fueron derrotados y sustituidos por gobiernos democráticos y una de las tareas inaplazables fue detener la práctica de la desaparición forzada, llevar a la cárcel a muchos de los responsables de este delito y de buscar justicia plena para los casos registrados como desaparecidos. Con justicia digamos que Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, son algunos de los países hermanos que resolvieron esa nefasta práctica de la desaparición. ¿Por qué no podemos soñar con una solución que termine con la práctica de privación de la libertad y, en muchos casos, de la vida de más de 110 mil ciudadanos? No dejemos solas a los colectivos y a las familias que buscan a sus seres queridos. Vale.