Siempre
se aferra uno a algo. Qué sé yo, hasta al viento.
Silvestre
Revueltas
El Consejo
Estatal de Seguridad Pública emitió una convocatoria para recibir propuestas
ciudadanas para el cargo de Fiscal General. La ha publicado el pasado lunes 19
del presente. Como no es una medida de rutina ni porque haya culminado el
período para el que fue designada la fiscal saliente, vale la pena hacer un
alto en nuestros quehaceres para reflexionar sobre la importancia de llamar a
la sociedad a presentar candidatos para ocupar una responsabilidad tan grave
como cargar sobre sus espaldas la procuración de justicia para los sinaloenses.
Hasta el
mediodía del jueves 22 ya habían pasado lista de presentes 27 aspirantes al
puesto principal de la Fiscalía, ese que se ubica en el piso quinto del
edificio que domina el Boulevard Sánchez Alonso “el Negrumo” en el Desarrollo
Tres Ríos. Entre los primeros en anotarse están: Claudia Zulema Sánchez Kondo y
Dámaso Castro Saavedra funcionarios de la Fiscalía; Martín Antonio Sotomayor
Cázares, Josué Javier Ontiveros García y Marco Antonio Almanza Avilés. Todos,
al parecer, cubren los requisitos que la convocatoria contempla. En general
sería injusto decir que alguno no tiene el perfil requerido para aspirar a la
importantísima responsabilidad de investigar los delitos y abatir los rezagos
en dicha materia y reducir el campo del que ahora goza doña impunidad en todas
las coordenadas de nuestra entidad.
No es frecuente
que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa participe
haciendo propuestas de esta naturaleza, pero la coyuntura que abrieron los
acontecimientos del día 25 de julio no ha terminado, apenas empieza y amenaza
con profundizarse en muchos aspectos. Es necesario ponerle agarraderas y
enfrentarla como en otras ocasiones han sabido hacerlo los ciudadanos de
Sinaloa. Por esas razones hemos participado con una propuesta en la persona de
Marco Antonio Almanza Avilés. Él es policía investigador jubilado, durante los
31 años de servicio combinó entrega al trabajo con su formación académica. Fue
director de la hoy Policía de Investigación y ostenta un doctorado en derecho.
Pero más allá de
las propuestas, reconozcamos que el Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene
una gran responsabilidad y que no puede fallar ante la sociedad a la que se
debe. De entre los suspirantes anotados (que son muchos y con currículum
respetable) deberá palomear a cinco con el fin de entregar esa lista al
gobernador, quien tendrá que escoger una terna de la que el Congreso del Estado
designará al nuevo o nueva fiscal general. Ni el momento actual ni las
circunstancias que vivimos en materia de seguridad admiten vacilación en la
toma de decisiones o parcialidades que terminen en la falta de credibilidad en
el proceso o en la designación del nuevo fiscal general.
Esperamos que
las comparecencias de quienes aspiran a conducir los destinos de la Fiscalía
General sean lucidas y den pauta sobre las iniciativas que deban desplegarse
para enderezar rumbos y contenido del trabajo en favor de la procuración de
justicia. Si no brillan la inteligencia, el dominio en la ciencia del derecho,
el oficio y la sensibilidad sobre las exigencias que la ciudadanía plantea
desde hace tiempo, el desencanto no será menor.
La transparencia
del proceso en sus diferentes etapas en las que se irán eliminando varios de
los anotados es de primerísima importancia, pues lo que se haga estando en
funciones al frente de la FGE en mucho dependerá de cómo arranque y se
desenvuelva este mecanismo de selección. Es muy claro que muchos ciudadanos
están atentos a cada detalle del procedimiento, pues en ello va la seguridad de
sus familias. Material humano hay, por fortuna, suficiente y de donde hacer las
selecciones que corresponden a cada etapa. El Consejo Estatal de Seguridad
Pública y el gobernador, cada uno en el momento que contempla la convocatoria y
el marco legal en que se sustenta, tendrán que actuar no sólo apegados a las
funciones que la Ley establece, sino cuidando cualquier asomo de parcialidad en
las propuestas.
¿Por qué lo
planteamos? Porque luego las cosas no salen como exigen las circunstancias,
nuestras circunstancias. Y como ya es una divisa social el principio de la no
repetición de los hechos, aquí hay que recordar que los dos últimos fiscales se
han retirado de su responsabilidad saliendo por la puerta trasera, no por entrada
principal de la institución. Y porque a final de cuentas lo que deberán atender
es la seguridad de más de tres millones de sinaloenses, no los caprichos de una
élite o como guardián de los intereses de la estructura gubernamental.
Consejo Estatal
de Seguridad Pública, gobernador de Sinaloa y Congreso del Estado, tienen en
sus manos una de las decisiones más graves e importantes de sus vidas. Lo menos
que podemos recomendarles es que reflexionen dilatada y profundamente las
decisiones a tomar, con todo y la premura que imponen la convocatoria y
nuestras urgencias. La seguridad jurídica y la integridad física y moral del
pueblo sinaloense están en juego. Y de esos delicados acuerdos que se tomen dependerá
en buena medida si somos felices o desgraciados en materia de procuración de
justicia. Un compromiso ineludible de quien proteste como Fiscal General del
Estado será darle una sacudida a toda la estructura de la Fiscalía, a toda, sin
excepción. Si la designación es correcta el nuevo fiscal entrará en funciones
en medio de aplausos de la sociedad, de equivocarse o mostrar odiosas
irregularidades, se provocará el desencanto y la crisis que hoy prevalece en
materia de procuración se profundizará y más temprano que tarde viviremos este
indeseado proceso de buscar a un nuevo fiscal. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com