La Montaña

FISCAL GENERAL PARA TIEMPO DE CRISIS

Pero ¿se pierde alguna vez toda esperanza?

Siempre se aferra uno a algo. Qué sé yo, hasta al viento.

Silvestre Revueltas

El Consejo Estatal de Seguridad Pública emitió una convocatoria para recibir propuestas ciudadanas para el cargo de Fiscal General. La ha publicado el pasado lunes 19 del presente. Como no es una medida de rutina ni porque haya culminado el período para el que fue designada la fiscal saliente, vale la pena hacer un alto en nuestros quehaceres para reflexionar sobre la importancia de llamar a la sociedad a presentar candidatos para ocupar una responsabilidad tan grave como cargar sobre sus espaldas la procuración de justicia para los sinaloenses.

Hasta el mediodía del jueves 22 ya habían pasado lista de presentes 27 aspirantes al puesto principal de la Fiscalía, ese que se ubica en el piso quinto del edificio que domina el Boulevard Sánchez Alonso “el Negrumo” en el Desarrollo Tres Ríos. Entre los primeros en anotarse están: Claudia Zulema Sánchez Kondo y Dámaso Castro Saavedra funcionarios de la Fiscalía; Martín Antonio Sotomayor Cázares, Josué Javier Ontiveros García y Marco Antonio Almanza Avilés. Todos, al parecer, cubren los requisitos que la convocatoria contempla. En general sería injusto decir que alguno no tiene el perfil requerido para aspirar a la importantísima responsabilidad de investigar los delitos y abatir los rezagos en dicha materia y reducir el campo del que ahora goza doña impunidad en todas las coordenadas de nuestra entidad.

No es frecuente que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa participe haciendo propuestas de esta naturaleza, pero la coyuntura que abrieron los acontecimientos del día 25 de julio no ha terminado, apenas empieza y amenaza con profundizarse en muchos aspectos. Es necesario ponerle agarraderas y enfrentarla como en otras ocasiones han sabido hacerlo los ciudadanos de Sinaloa. Por esas razones hemos participado con una propuesta en la persona de Marco Antonio Almanza Avilés. Él es policía investigador jubilado, durante los 31 años de servicio combinó entrega al trabajo con su formación académica. Fue director de la hoy Policía de Investigación y ostenta un doctorado en derecho.

Pero más allá de las propuestas, reconozcamos que el Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene una gran responsabilidad y que no puede fallar ante la sociedad a la que se debe. De entre los suspirantes anotados (que son muchos y con currículum respetable) deberá palomear a cinco con el fin de entregar esa lista al gobernador, quien tendrá que escoger una terna de la que el Congreso del Estado designará al nuevo o nueva fiscal general. Ni el momento actual ni las circunstancias que vivimos en materia de seguridad admiten vacilación en la toma de decisiones o parcialidades que terminen en la falta de credibilidad en el proceso o en la designación del nuevo fiscal general.

Esperamos que las comparecencias de quienes aspiran a conducir los destinos de la Fiscalía General sean lucidas y den pauta sobre las iniciativas que deban desplegarse para enderezar rumbos y contenido del trabajo en favor de la procuración de justicia. Si no brillan la inteligencia, el dominio en la ciencia del derecho, el oficio y la sensibilidad sobre las exigencias que la ciudadanía plantea desde hace tiempo, el desencanto no será menor.

La transparencia del proceso en sus diferentes etapas en las que se irán eliminando varios de los anotados es de primerísima importancia, pues lo que se haga estando en funciones al frente de la FGE en mucho dependerá de cómo arranque y se desenvuelva este mecanismo de selección. Es muy claro que muchos ciudadanos están atentos a cada detalle del procedimiento, pues en ello va la seguridad de sus familias. Material humano hay, por fortuna, suficiente y de donde hacer las selecciones que corresponden a cada etapa. El Consejo Estatal de Seguridad Pública y el gobernador, cada uno en el momento que contempla la convocatoria y el marco legal en que se sustenta, tendrán que actuar no sólo apegados a las funciones que la Ley establece, sino cuidando cualquier asomo de parcialidad en las propuestas.

¿Por qué lo planteamos? Porque luego las cosas no salen como exigen las circunstancias, nuestras circunstancias. Y como ya es una divisa social el principio de la no repetición de los hechos, aquí hay que recordar que los dos últimos fiscales se han retirado de su responsabilidad saliendo por la puerta trasera, no por entrada principal de la institución. Y porque a final de cuentas lo que deberán atender es la seguridad de más de tres millones de sinaloenses, no los caprichos de una élite o como guardián de los intereses de la estructura gubernamental.

Consejo Estatal de Seguridad Pública, gobernador de Sinaloa y Congreso del Estado, tienen en sus manos una de las decisiones más graves e importantes de sus vidas. Lo menos que podemos recomendarles es que reflexionen dilatada y profundamente las decisiones a tomar, con todo y la premura que imponen la convocatoria y nuestras urgencias. La seguridad jurídica y la integridad física y moral del pueblo sinaloense están en juego. Y de esos delicados acuerdos que se tomen dependerá en buena medida si somos felices o desgraciados en materia de procuración de justicia. Un compromiso ineludible de quien proteste como Fiscal General del Estado será darle una sacudida a toda la estructura de la Fiscalía, a toda, sin excepción. Si la designación es correcta el nuevo fiscal entrará en funciones en medio de aplausos de la sociedad, de equivocarse o mostrar odiosas irregularidades, se provocará el desencanto y la crisis que hoy prevalece en materia de procuración se profundizará y más temprano que tarde viviremos este indeseado proceso de buscar a un nuevo fiscal. Vale.

Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/
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