Nuestro
reconocimiento a los soldados y policías caídos y heridos
en esta ola de violencia, su sacrificio es por
nuestra seguridad.
Mala cosa
tenemos ahora: vivir los días contando muertos y desaparecidos. A eso nos
arrincona esta guerra entre bandas del crimen organizado. Hicimos a un lado los
programas de las Fiestas Patrias para dar seguimiento al sinnúmero de acciones
violentas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Culiacán y en los
rincones de otros siete municipios. El impacto que ha tenido en la vida
económica, social y familiar, esta geografía del delito no es cosa menor. Y a
10 días de que nos despertáramos con la agarrosa noticia de incendio de autos y
camiones, de enfrentamientos armados en algunos puntos de la ciudad y pérdida
de vidas humanas y “levantados” (desaparecidos), no podemos decir que esta
ingrata coyuntura ya pasó.
La situación que
vivimos en estos días difíciles nos lleva repetidamente a una pregunta natural,
pero triste: ¿rebasa la violencia en distintos aspectos a la autoridad? Cada
quien de nosotros tiene la respuesta. Pero más allá de esa respuesta, no
dejamos de pensar en las opiniones que externan algunas de las autoridades y en
las decisiones que toman otras, porque pesan, y mucho, sobre lo que cada
familia reflexiona sobre el particular y sobre las decisiones que debe tomar en
los diferentes aspectos que afectan a menores y mayores al seno del hogar. Ocupa
un primer lugar de nuestra atención las declaraciones del general Jesús Leana
Ojeda, comandante de la III Región Militar, quien ante la pregunta de un
reportero sobre el tiempo que puede durar esta ola de violencia, declaró que depende
de las bandas de delincuentes en pugna, no de los militares.
Fue un arranque
de sinceridad, pero lo que se espera de un comandante de ese rango en el
Ejército mexicano es que nos diga que se está trabajando duro para regresar a
la normalidad en que estábamos al menos hasta el día 8 de septiembre. Después
de 10 días de padecer la incertidumbre y suspender muchas actividades y de ver
paralizada a la ciudad de Culiacán en su vida comercial, en su transporte
público, escuelas sin la alegría de los niños y mucha gente confinada en sus
hogares como en los días más penosos de la reciente pandemia, lo menos que
queremos escuchar es lo que expresó el general Leana el día que conmemoramos la
Independencia Nacional con un desfile cívico militar.
Los padres de
familia han sido muy sensibles a la situación y han probado tener más sentido
común que la secretaria de educación pública, pues mientras ésta emite
instrucciones para que se reanuden las clases presenciales en circunstancias dudosas,
los padres de los alumnos de primaria y secundaria se han negado en su inmensa
mayoría a llevar a sus hijos a la escuela. Y de paso han entrado en una fuerte
polémica con la representante de la SEPyC. En varias escuelas se pueden ver
lonas alusivas a la postura de los padres de familia y en las redes sendos
documentos de respuesta a las instrucciones de la doctora Catalina Esparza
Navarrete.
Es de una lógica
elemental la decisión de si se reanudan las clases o no. ¿Quién debe decirnos
que ya está controlada la situación de violencia y que pueden reanudarse todas
las actividades, incluidas las educativas? Las autoridades de seguridad. Así
como en las incapacidades laborales quien debe decidir si se regresa al trabajo
es el médico tratante y no el patrón, la SEPyC debe solicitar la opinión de
quienes están a cargo de nuestra seguridad. Porque una mala decisión puede
llevarnos a lamentar cosas muy desagradables en las escuelas.
Además, la misma
pandemia pasada nos dejó muchas enseñanzas. Y una de ellas es que nuestros
maestros probaron que podían superar el mal momento recurriendo a la educación
a distancia. Es cierto que se lamentaba que no todos los alumnos tenían una
computadora o teléfono con las funciones suficientes para recibir las clases a
través de internet, pero siempre se encontró una solución. Y ahora esa
experiencia puede ser aprovechada. Nuestra mala coyuntura me trae el recuerdo de
aquellos años cuarenta del siglo pasado, cuando la polio se volvió epidémica en
los Estados Unidos. El departamento de Educación suspendió las clases
presenciales, pero no la educación. La televisión apenas se asomaba a los
hogares de aquel país y del internet ni a sueños llegaba, pero la radio había
invadido los hogares y ese fue el soporte para la educación a distancia. Salvaron
el ciclo escolar y le dieron una paliza a la parálisis infantil.
Este miércoles
18, el gobernador echó a caminar un operativo policial para apoyar la seguridad
en las escuelas. Le deseamos mucho éxito en ese esfuerzo en el que empeña su
preocupación y se juega mucho del prestigio de su administración. Hacemos
valer, eso sí, una observación que la experiencia de no pocos momentos
difíciles nos ha tatuado en la memoria: la presencia de policía en diferentes
puntos de la ciudad y de regiones en el estado, nunca fueron trancas seguras
para detener acciones de violencia. Esperamos equivocarnos y que el patrullaje
en los barrios donde tenemos escuelas sea respetado por quienes hacen de la Ley
objeto de violación de sus preceptos.
Hay algunas
cosas que en estos días nos aconsejan a pensar más allá de promover medidas policiales
y de uso de armas. No está mal hacerlo, siempre y cuando se atiendan las
recomendaciones de la ONU sobre el uso de la fuerza. Pero hay otras cosas que un
gobierno democrático debe observar: la edad promedio de los jóvenes que
participan en las bandas del crimen organizado, de los que han sido víctimas de
homicidio y de los que hoy están en calidad de desaparecidos. Son un segmento
de la sociedad muy joven y que nos lleva pensar en las fallas que tenemos en el
terreno de las oportunidades de trabajo, de estudios y de inclusión en la
sociedad. Hemos fallado todos. Y estamos emplazados a ver el fenómeno de la
violencia en que participan esos jóvenes como un problema de origen social. Si apostamos
solo a las medidas de fuerza sin que se asomen programas de atención integral
hacia los niños y jóvenes desde ahora, pronto estaremos lamentando otra ola de
violencia como expresión de fracaso de las políticas actuales hacia las
generaciones que decimos son el presente y futuro de este hermoso y sufrido país.
Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com