La crisis de
seguridad se ha prolongado más allá de las dos semanas. Y al hablar de una
situación que salta las trancas de cualquier pronóstico de especialistas, nos
obliga al recuento de hechos, de daños económicos, políticos, sociales y psicológicos.
Si en un primer momento opinamos que la autoridad debía responder en tiempo y
forma ante esta situación que nos confinó varios días en casa y que obliga a
cerrar escuelas, muchos centros de trabajo y puestos de vendedores en pequeño,
ahora la actitud generalizada es que la opinión y la acción frente a la ola
violenta no puede circunscribirse a las instancias de gobierno que están
destinadas a la atención de los problemas de seguridad. Si el problema toca los
intereses de todos, nadie puede cruzarse de brazos y esperar que otros
resuelvan lo que nos corresponde a todos.
Lo que tenemos
no es una guerra civil, como algunos le han llamado, pero es una guerra
declarada entre bandas del crimen organizado. Es un conflicto armado con alto
poder de acción y capacidad para hacer daño no sólo entre los contendientes,
sino a la población civil que nada tiene que ver en sus problemas. Nomás
reflexionemos sobre la dimensión que alcanzan los ingresos de ambos, que según
algunos analistas oscila entre los 2 y 3 mil millones de dólares anuales. Con
esos recursos la guerra puede cruzar espacios y tiempo sin que se agoten sus
arcas, menos con las formas que toda guerra toma en pleno auge: buena parte de
los medios de locomoción y otros bienes se toman de manera violenta de las
personas que tienen a mano. De los ciudadanos que viven el mal momento de pasar
por el lugar y la hora que llaman equivocada.
Las denuncias
por despojo de autos y camionetas nos dan una idea aproximada de lo que pasa en
este renglón. Pero esto es solo una arista del problema, pues la sicosis que el
conflicto ha provocado, nos lleva a que mal amanece la primera acción que
llevamos a cabo es ver las redes sociales en el celular o escuchar la radio;
checar los WhatsApp y los correos para enterarnos de cómo amaneció la ciudad y
el estado, porque de todo ello dependen muchas decisiones que debemos tomar: si
vamos a llevar a los hijos o nietos a la escuela, si nos presentamos al
trabajo, si podemos salir de casa para gestionar cualquier trámite que tenemos
pendiente.
Lo impensable
hace apenas unas semanas ahora sucede: la Fiscalía General del Estado y la Secretaría
de Seguridad, tienen que hacer un informe diario al pardear la tarde sobre los
renglones tristes de esta crisis. Me refiero a homicidios, heridos,
“levantones” de personas, detenidos en el marco de la violencia, despojo de
autos, sin descontar lo que en el renglón de la economía se ha padecido y en
los sustos y tensiones, que además de aumentar los gastos en médicos y
medicinas, tienen consecuencias intangibles pero que calan hasta el tuétano.
Nada grato es despertar
y tener que consultar las redes sociales y a los amigos para imponernos de la
situación en la que amaneció nuestra ciudad y para calcular los riesgos de
asomar las narices fuera de la casa. Ya nos había pasado esta situación en 2008
y en 2017, pero fue algo que duró sólo unos días, un suspiro si comparamos esos
momentos con la presente crisis de seguridad, en que los daños tocan todos los
aspectos de la vida y se vuelven el problema más complicado y envolvente de
nuestra existencia. A falta de protocolos a seguir en situaciones críticas como
la que vivimos el sentido común toma un espacio importante.
La autoridad nos
ha quedado a deber en muchos aspectos en la presente crisis. Qué debe hacer la
autoridad. Lo decimos porque no ha sido ni oportuna ni previsora en los
mensajes enviados a la población. Y no pocos de dichos mensajes chocan con la
realidad sin mayor dilación. La ciudadanía ha esperado que en las
comunicaciones no se oculte lo principal de las verdades que debemos conocer y
que los mensajes que se le envían y las acciones oficiales para regresar a la
normalidad tengan una conexión plástica que todos tomemos como el esfuerzo que
realizan las autoridades buscando cambiar las cosas que nos preocupan. Nos deja
consternados saber que por un lado nos dicen que hay coordinación entre las
diferentes instancias de seguridad y luego nos enteramos que de manera
sorpresiva la Policía Municipal de Culiacán es desarmada con el pretexto de una
revisión extraordinaria de la licencia colectiva. ¿Dónde quedó la confianza
interinstitucional?
Las
responsabilidades que nos deja la actual crisis no son pocas, pues saltan a
primera vista la necesidad del autocuidado ante los riesgos que implica
desarrollar las tareas cotidianas y hacer vida social como de costumbre lo
hemos hecho. Es muy claro que la situación nos obliga al cambio de hábitos.
Dejar de trabajar y cumplir muchas de las obligaciones para sacar adelante a
nuestras familias no es posible hacerlas a un lado, salvo cuando la lumbre de
la inseguridad se nos acerca demasiado. A fuerza de toparnos con dificultades de
gran complejidad como las que estamos viviendo, no faltan ciudadanos que han
echado mano de pluma y de imaginación para recomendar una serie de medidas que
ayudan a prevenir riesgos y males mayores. No las ignoremos, pues tampoco están
demás.
Una buena
pregunta es, ¿qué Sinaloa esperamos en los próximos años? No vayamos muy lejos
por la respuesta, pues es el que nosotros construyamos o ayudemos a construir.
Por eso no debe ganarnos ni la apatía ni los miedos que atan los ánimos y las
iniciativas para enfrentar las crisis. Nuestros hijos y nietos esperan más de
nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante algunas invitaciones que hoy
resultan tímidas para salir a la calle a manifestarnos? No hay que desoírlas, ese
puede ser el hilo de la madeja que jale muchas cosas para el regreso a nuestra
normalidad. Lo que sí hay que tener muy claro si se sale a la calle a una
manifestación, es el objetivo que se persigue. Una cosa es la búsqueda de la
tranquilidad y la prevalencia del Estado de derecho y una muy distinta es usar
la presencia de ciudadanos en la calle para hacer apuestas por la caída de
gobiernos. Devolvamos la paz a nuestra Patria chica de manera combativa, responsable
y organizada. Nuestras familias sueñan con una ciudad en paz. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com