descubrimos
que estábamos a punto de ser aplastados por él.
Ernesto Sábato
La incertidumbre
se ha vuelto una incómoda compañera de vida. La violencia, esa madrastra que impone
los malos tiempos y que regresa una y otra vez con doloroso brío, lleva ya casi
un mes como indeseable huésped. Y vaya a lo que nos ha obligado ver, oír y padecer.
Más allá de las cuentas del dolor, esas cifras que vemos en los medios y las
redes que ya rebasan el centenar de muertos, que alcanzan más de 150 ciudadanos
en calidad de desaparecidos y donde ya se perdió la cuenta de las familias que
han dejado atrás su lugar de origen, sus hogares, sus animalitos, el patrimonio
que les costó toda una vida formar y su querencia: los desplazados.
Vivimos en
Culiacán. Estamos en el ojo del huracán en esta coyuntura violenta y para salir
adelante no basta lo que el Estado realiza. Se requiere de un esfuerzo mayor en
el que deberá estar presente e involucrado el pueblo. Bien dice Howard Fast: “Una
bala no era (es) la cura de todos los males”. Es muy claro que las
explicaciones tienen que dar un salto al origen de las cosas, para explicarlas
de la A a la Z y para resolverlas no se puede rehuir a las causas. El cultivo y
el trasiego de drogas nos remite en los años cuarenta del siglo pasado a una
fuerte e inaplazable demanda de opiáceos por parte del ejército de los Estados
Unidos, para cubrir sus necesidades sanitarias de su participación en la II
Guerra Mundial.
Y la siembra y
cultivo de la amapola se promovió en tierra apropiada y en manos de campesinos en
la miseria. Esos son los antecedentes del huracán que hoy padecemos. Con el
tiempo esa actividad se convirtió en un oficio prohibido, pero dos fenómenos invencibles
alimentaron la presencia de amapola y la mariguana: la pobreza de las zonas
productoras y una demanda creciente en el mercado de los Estados Unidos.
Después de la II Conflagración Mundial, vino la Guerra en Corea y después la de
Vietnam y los movimientos pacifistas en el país vecino. Todos los sucesos
históricos se volvieron oportunidad para promover el consumo y abuso de las
drogas. A la par las zonas de cultivo se multiplicaron sin que las comunidades
hayan resuelto sus problemas de pobreza. Sólo florecieron los conflictos entre
autoridades y la población dedicada a estas actividades ilícitas.
Todos vimos que
dedicarse al oficio de siembra, cultivo y tráfico de sustancias enervantes era
un delito, pero nadie de los que mandan en este país volteó a ver la situación de
desamparo en que vivían las comunidades de los Altos (la sierra) de Sinaloa.
Eran pobres, sí, pero era problema de ellos. Exceptuando el gobierno de
Alfonso G. Calderón, ningún otro se planteó un programa para el desarrollo de
esa región. Pero sí hubo incursiones masivas de la autoridad como la Operación
Cóndor que hizo posible el desplazamiento de decenas de miles de familias y su
refugio en las ciudades del estado y en otras entidades del país.
Creímos que con
el desarraigo de gran parte de la población serrana (alrededor de unos 100 mil)
lo esencial quedaría resuelto. Nos equivocamos de cabo a rabo. La migración
obligada llevó a establecerse en otros estados y a exportar el único modo de
vida que conocían. Y la economía de aquí y la de esas otras entidades comenzó a
recibir una pátina de los dólares que por un tiempo se identificó en la Balanza
de Pagos de México como errores y omisiones: una forma sutil de explicar
su existencia. La economía empezó a mimetizarse.
El problema
tiene un origen social que no puede negarse y como tal debe verse para buscar
una solución. Duele en el alma ver a un enjambre de jóvenes, muchos de ellos
menores de edad, enredados en las redes del tráfico o del consumo de drogas. Unos
como parte de los eslabones de la cadena que hacen posible ese delito y otros
simplemente como víctimas del daño que las drogas dejan en los organismos
humanos. Imposible cerrar los ojos ante ello e imperdonable no ocuparse en el
diseño de una estrategia que intente detener ese horrible mundo de las drogas y
que rescate a los niños y jóvenes mencionados. Debe ser costoso. No lo dudamos,
pero entre más tardemos en intentarlo el costo en vidas, salud y patrimonio de
todos será mayor.
Marcelo Ebrard
le puso el costo de algunas facturas al tráfico de armas y sus consecuencias:
dijo que el daño equivalía a más de 17 mil vidas perdidas entre enero 2021 y
septiembre de 2022, y que el quebranto patrimonial del país alcanzaba el 1.5
por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) anual. Nada menos.
En medio de la
crisis de seguridad se da el cambio de gobierno. Y para la nueva presidenta,
Claudia Sheinbaum, era ineludible hablar y enfrentar de inmediato el tema: entre
las medidas prioritarias están las que corresponden a la urgencia de disminuir
los índices del delito. Se planteó medidas concretas de acción y un plazo de
100 días para ver resultados. El compromiso es grave y esperamos que haya
éxitos en él. Mientras la decisión de desarmar a las policías municipales de
Culiacán y Navolato, nos dejan consternados. Este miércoles volverían a la
calle a realizar trabajo preventivo, acompañados de la Policía Estatal, pero
con las “manos bichis”, como dijera un periodista del norte del estado. Ojalá
se resuelva pronto el objetivo del desarme, pues el comercio ha resentido robos
y daños a su patrimonio mientras tanto.
El entorno se ha
vuelto difícil y la moral ha recibido no pocos golpes, pero la sociedad ha
buscado responder a la situación con respuestas concretas y de sentido común:
comienza a salir a la calle a exigir paz y tranquilidad. Es un discurso que va
dirigido a la autoridad y también a quienes hacen del delito su modus
vivendi. Colectivos de familiares marcharon este jueves poniendo énfasis en
los desaparecidos en esta vorágine que inició el 9 de septiembre. Una lección
que debe aprender la autoridad en esta crisis es la necesidad defortalecer
la sociedad civil y la seguridad ciudadana. Que una mesa de diálogo permanente
tome el lugar del vacío que ahora impera entre la autoridad y la sociedad. Un
caudaloso río de propuestas y compromisos brotarían en esa mesa. El bono
democrático otorgado en 2021 y la sabiduría del pueblo puede refrendarse en esa
oportunidad. Ojalá escuche esta propuesta Rubén Rocha. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com