Una
política pública no puede comprenderse cabalmente
sin
una referencia concreta a los derechos humanos.
ComisiónIDH
Cinco semanas
después del 9 de septiembre la parálisis económica y social sigue presente. Aún
nos desayunamos con el periódico y las noticias en redes sociales en la mano.
No necesitamos ir a la sección de la nota roja, pues esta invadió desde hace
tiempo la primera plana de la prensa y los espacios de blogueros, portales
digitales y los rincones de todo aquel que desea estar en los comentarios del
día. Abruma por momentos la cantidad de información, que en no pocos casos,
resultan noticias sin sustento en la realidad de los hechos. Dos tipos de
noticias asaltan nuestras mañanas: los saldos negativos que todo conflicto
violento pare día a día, como las pérdidas de vida, los desaparecidos, los
desplazamientos de familias por razones de violencia, el robo y despojo de
autos, y el asalto y robo a comercios. Y la llegada creciente de contingentes
de las fuerzas armadas.
Desde hace
algunos días el flujo vehicular y la afluencia humana por las calles del centro
de Culiacán y los barrios donde se ubican escuelas, oficinas de gobierno y
centros comerciales, empiezan a cobrar vida. De alguna manera la sociedad está
harta del confinamiento al que nos obligó la ola violenta de estos días. Pero
este retomar de las calles y espacios públicos sigue siendo a la luz del día,
evitando la noche. Y con la limitante de que los circuitos del dinero aún
sienten la anemia de la parálisis económica y no encuentran las veredas y
campos propicios para invadir mercados y plazas. La crisis de seguridad nos
indica que en el principio no fue la caída automática de la demanda, sino una
oferta que se vio restringida por los miedos que trajo aparejados la crisis de
violencia.
Tres
manifestaciones civiles en Culiacán (dos de ellas de familiares con
desaparecidos), otras tantas en la ciudad de Mazatlán (la mayoría por esas
madres que reclaman el regreso de sus hijos desparecidos en la presente ola de
violencia), habla de una sociedad que vuelve a ganar la calle exigiendo el
término del conflicto armado, el regreso a la paz pública y que la autoridad
localice a los desaparecidos y los reintegre a sus hogares, a sus trabajos, a
sus escuelas y a sus barrios. Inundar los estadios de beisbol de Culiacán y de
Mazatlán es otra manera en que el pueblo manifiesta que ningún conflicto
condenará indefinidamente a las familias sinaloenses al enclaustramiento y a la
renuncia de volver por sus fueros a los espacios de esparcimiento y recreación.
¿Debemos condenar a esos aficionados que llenaron los estadios? De ninguna
manera. Su presencia en los juegos inaugurales de la temporada beisbolera fue
una brisa fresca en tarde verano (que aquí fue de un otoño cálido).
Tomemos las
manifestaciones públicas, con sus diferentes reclamos y exigencias, como un
mensaje valiente a los grupos de delincuentes que han tomado las ciudades de
Culiacán, Mazatlán, La Cruz y poblaciones rurales, como coordenadas de
enfrentamiento y campos para cultivar acciones que tanto daño han infligido a
la población civil. Asistir a los estadios también contribuyó a levantar la
moral y los ánimos de todos.
El entorno a que
dio lugar lo anterior se enriqueció con el acuerdo que mejora las relaciones de
la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Gobierno del Estado. Y sin duda el
entendimiento de padres de familia y la SEPyC. La asistencia a las aulas es la
mejor noticia a registrar.
Anotar números
que nos indican cómo andan las cosas en cada renglón o dolor que padecemos en
plena crisis no deja de ser importante, aunque la percepción que de antemano
tenemos sobre el problema de la inseguridad antecede a las cifras que nos da la
autoridad o lo especialistas en el tema. No está demás recordar que para el día
14 de octubre los registros del delito nos adelantaban que hubo 222 homicidios
desde 9 de septiembre pasado y esa fecha; que 261 personas se habían reportado
como desaparecidas; que 343 vehículos fueron considerados en el renglón de robos
y que 41 personas habían sido detenidos en relación con la ola de violencia. Sobre
familias desplazadas por razones de violencia se dice que van más de 200.
Difícil es calcular la cifra negra, esa que no quedará en ningún registro y que
incrementa considerablemente las cifras del delito en tiempos considerados
normales. En una coyuntura como la que ahora vivimos esos números son, por
lógica elemental, mayores.
En otras
ocasiones hemos dicho que la solución al grave problema que ahora enfrentamos
no puede conseguirse con la sola participación de la autoridad. Se requiere del
concurso de la sociedad. No es solo un asunto de multiplicar la presencia de la
Guardia Nacional y de las fuerzas armadas en la calle. Ya lo han hecho y la
violencia y sus dolorosas consecuencias persisten. Ya se planteó esta
alternativa a la autoridad y estuvo de acuerdo, pero no vemos movimiento de su
parte que dé sentido a la propuesta. Es cierto que coyunturalmente la
aportación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es muy importante;
como también es cierta la limitante que se ha impuesto al sacar a las policías
preventivas de Culiacán y Navolato del patrullaje de calles.
La sociedad
civil ha dicho, con las acciones señaladas, aquí estamos. Y como entre las
pérdidas sin precedentes se registra la parálisis de muchos negocios y la caída
primaria de no pocos empleos y el riesgo de que muchos otros se vayan
definitivamente al saldo negativo, la postura se reitera de diferentes manera
diciendo aquí estamos. Empresarios de los diferentes ramos, Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública, comerciantes ambulantes, colectivos de familiares con
desaparecidos, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa y muchos
más organismos de carácter social proponen y reclaman la constitución de una
mesa de diálogo con la autoridad. Es una sabia propuesta que ayudaría a aliviar
una parte de la tensión en que vivimos. Escucharnos unos y otros no puede
llevar a un mal entendimiento del problema de la violencia que vivimos. Tampoco
la inteligencia de las conclusiones y tareas que se acuerden serían de menor
calado que las que hoy se toman en la soledad del poder. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com